El 31 de octubre de 1958 se firmó Pacto de Puntofijo, sin duda alguna el acuerdo político más importante en la Venezuela de los últimos años, cuya ejecución consolidó el ensayo democrático del país y el más largo período de estabilidad de toda nuestra historia republicana, hechos ya de por sí suficientemente significativos.
Este acuerdo se había discutido meses antes de la caída de la dictadura del general Pérez Jiménez cuando se reunieron en Nueva York los tres líderes políticos más importantes: Rómulo Betancourt (AD), Rafael Caldera (Copei) y Jóvito Villalba (URD). La dura experiencia de la década militar (en realidad, un poco más de nueve años, entre noviembre de 1948 y enero de 1958) había traumatizado, y al mismo tiempo aleccionado, a los conductores democráticos del país. Esos contactos de 1957, como era natural, derivarían hacia puntos de vista coincidentes, una vez recuperada la libertad y la democracia en Venezuela. Fue entonces cuando surgió la necesidad de aunar voluntades y realizar —como una sola empresa de todos los partidos— un colosal esfuerzo común para consolidar aquel naciente y débil proyecto democrático, iniciado el 23 de enero de 1958.
Sin embargo, una vez que se instaló la Junta de Gobierno que sustituyó a la dictadura, Betancourt, Caldera y Villalba no se pudieron poner de acuerdo en una candidatura unitaria. Tampoco hacía falta, realmente. Era la hora de la diversidad y de los partidos políticos, luego de varios años de militarismo antidemocrático y antipartidos.
Tal vez por esa razón, los tres líderes y sus partidos limitaron sus desavenencias al fracaso de la candidatura de unidad, pero no más allá. Sabían que no podían profundizar otros desacuerdos en un momento en que los mecanismos del consenso eran imprescindibles para facilitar el proceso democrático en ciernes. Acordaron entonces la formalización de dos compromisos fundamentales para el futuro ejercicio democrático: un pacto entre los tres partidos más importantes para integrar el próximo gobierno, cualquiera que fueran los resultados electorales y suscribir un programa mínimo común suscrito por los tres candidatos presidenciales de AD, URD y Copei.
Antes de entrar a considerar brevemente el contenido de aquel importante documento, vale la pena hacer algunas consideraciones preliminares. Se trata, fundamentalmente, de un acuerdo político, sin signo ideológico prominente, con metas muy definidas a corto y mediano plazo, girando todas alrededor del fuerte espíritu unitario que conmovía al país en tan histórica coyuntura. Puntofijo estableció así las reglas del juego político y electoral, y su influencia se dejó sentir en los siguientes cuarenta años. Cuando, de alguna manera, ese equilibrio político e ideológico se rompió a partir de la lucha subversiva adelantada en 1961 por una izquierda encandilada por el fenómeno castrista cubano, otro hecho político, tan importante como Puntofijo, enderezó la vida institucional del país: se trató de la política de pacificación, promovida y ejecutada por el Presidente Rafael Caldera entre 1969 y 1974, y que supuso la reincorporación definitiva de quienes se alzaron en armas contra la legalidad democrática al debate plural y electoral que se ha venido registrando en Venezuela desde 1973.
Hagamos ahora una breve síntesis del documento conocido como el Pacto de Puntofijo. (Tal era el nombre de la residencia de Caldera en Sabana Grande, Caracas: Puntofijo, una sola palabra, distinta a Punto Fijo, la ciudad falconiana). Comenzaba por destacar el clima de participación de todos los sectores del país en la defensa del régimen democrático, así como las conversaciones sostenidas por los partidos políticos para asegurar la consolidación de la unidad y de la tregua política. De seguidas, no obstante provenir de un pacto interpartidista, los firmantes destacaban la participación de otras instituciones de la vida nacional, entre ellas los sectores independientes y las Fuerzas Armadas Nacionales, en la consecución del clima de armonía y colaboración existentes en aquellos días.
El segundo punto del acuerdo definía los dos polos de lo que denominaban “una política nacional de largo alcance”. Estos eran: “a) Seguridad de que el proceso y los Poderes Públicos que de él van a surgir respondan a las pautas democráticas de la libertad efectiva del sufragio; y b) garantía de que el proceso electoral no solamente evite la ruptura del frente unitario, sino que lo fortalezca mediante la prolongación de la tregua política, la despersonalización del debate, la erradicación de la violencia interpartidista y la definición de normas que faciliten la formación del Gobierno y de los cuerpos deliberantes de modo que ambos agrupen equitativamente a todos los sectores de la sociedad venezolana interesados en la estabilidad de la República como sistema popular de Gobierno”.
El tercer punto se refería a la responsabilidad mancomunada, asumida por Copei, AD y URD en tres aspectos fundamentales: a) Defensa de la constitucionalidad y del derecho a gobernar conforme al resultado electoral; b) Gobierno de Unidad Nacional; y c) Programa mínimo común. En cuanto al punto a) merece la pena destacar la calificación —dentro del texto del acuerdo— “de delito contra la patria” la intervención de la fuerza “contra las autoridades surgidas de las votaciones”. Establecía de inmediato un profundo compromiso de defensa de la constitucionalidad “en caso de intentarse o producirse un golpe de Estado, aun cuando durante el transcurso de los cinco años las circunstancias de la autonomía que se reservan dichas organizaciones hayan podido colocar a cualquiera de ellas en la oposición legal y democrática al Gobierno”. El punto b), al explicar sus alcances, sostenía que el Gobierno de Unidad Nacional era el camino “para canalizar las energías partidistas y evitar una oposición sistemática que debilitaría al movimiento democrático. Igualmente, afirmaban que ningún partido aspiraba ni aceptaba hegemonía en el futuro Gabinete Ejecutivo.
En cuanto al punto c) se establecía que los partidos signatarios concurrían a dicho proceso “sosteniendo un programa mínimo común, cuya ejecución sea el punto de partida de una administración nacional patriótica y del afianzamiento de la democracia como sistema”. Por lo tanto, ningún partido al elaborar su respectivo Programa incluiría “puntos contrarios a los comunes del programa mínimo”, al tiempo que se exhortaba a que los puntos no comunes serían debatidos “dentro de los límites de la tolerancia y del respeto mutuo a que obligan los intereses superiores de la unidad popular y de la tregua política”.
El cuarto punto se refería a los “otros medios idóneos de preservar la Unidad Nacional”, una vez que se había evidenciado en la práctica la imposibilidad de lograr una candidatura única, así como también la de integrar listas parlamentarias comunes. Reconocían, en efecto, aquellas diferencias, aunque entendían que no comprometían la unidad. Las consideraban “naturales contradicciones partidistas”. Por tanto, definían que no eran incompatibles con la unidad proclamada por ellos las diversas candidaturas presidenciales, así como las listas legislativas. Se acordaban también a adelantar la campaña en medio de la mayor tolerancia y respeto mutuo y, finalmente, creaban una Comisión Interpartidista de Unidad que vigilara el cumplimiento del Pacto.
El último punto contenía varios aspectos. Uno de ellos proclamaba que cada organización quedaba en libertad de sustentar su candidatura presidencial, así como sus listas parlamentarias. Otro afirmaba que “todos los votos emitidos a favor de las distintas candidaturas democráticas, serán considerados como votos unitarios y la suma de los votos por los distintos colores como una afirmación de la voluntad popular a favor del régimen constitucional y de la consolidación del Estado de Derecho”.
Esta, en especial, era la norma del Pacto de Puntofijo que definía la filosofía del acuerdo interpartidista. No se limitaba, como puede colegirse fácilmente, al proceso electoral de 1958, sino que apuntaba hacia algo mucho más trascendente: la consolidación del sistema democrático. Pero tampoco se trataba de una negociación de largo alcance, como algunos la han calificado al englobar los cuarenta años de la República Civil con el remoquete de “puntofijismo”.
El documento finalizaba haciendo un llamado a todos los sectores del país a consolidar la convivencia nacional y a permitir “el desarrollo de una constitucionalidad estable que tenga en sus bases la sinceridad política, el equilibrio democrático, la honestidad administrativa y la norma institucional que son la esencia de la voluntad patriótica del pueblo venezolano”.