El pronunciamiento de la Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, el pasado 5 de noviembre, no es cualquier cosa porque deja en evidencia que para esa Corte hay sólidos fundamentos para considerar que el régimen de Nicolás Maduro ha cometido delitos de lesa humanidad en Venezuela.
Sin lugar a dudas, ha sido una de las mejores noticias en este 2020, en especial para las víctimas, pues se traduce en un gran paso en el caso venezolano, al superar la segunda fase del examen preliminar. Ahora se entra de lleno a la fase tres, en la cual la fiscalía debe verificar si el Poder Judicial venezolano ha juzgado o condenado, o está en proceso de hacerlo, a los que han sido responsables de estos crímenes, que son de competecia de la CPI.
Todos sabemos que no ha sido ni será así. También sabemos quiénes son los responsables y los ejecutores de esos delitos.
Solo basta leer el reciente informe de la Misión Internacional Independiente de verificación de hechos del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Allí se insta al Estado venezolano a que debe exigir cuentas a los y las responsables de las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y la tortura e impedir que se produzcan nuevos actos de esta naturaleza.
En otras palabras, más temprano que tarde los juicios llegarán para quienes perpetraron estos crímenes y para los que los planificaron y ordenaron, porque no son solo evidencias sino pruebas tangibles de la sistemática violación de los derechos humanos y de crímenes de lesa humunidad cometidos por la dictadura de Nicolás Maduro.
LO QUE SIGUE
La CPI a través de su fiscalía va a conocer para entrar a la fase 3, pues en Venezuela no se ha hecho ni siquiera una investigación y mucho menos juzgado a los responsables de estos crímenes; se avocará al caso bajo el principio de complementariedad, es decir, que ante la falta de justicia está en capacidad de actuar en los mismos tribunales de nuestro país.
La otra fase que quedaría pendiente es la determinar si es de interés de la justicia, lo que dejaría luego el camino libre para que la fiscal solicité formalmente la investigación penal contra los autores de crímenes de lesa humanidad en Venezuela en la Corte Penal Internacional.
Se ha dicho que la justicia internacional tarda y es cierto, pero actúa y tengan la seguridad que no quedarán impunes los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Maduro.
LA RESPONSABILIDAD DE PROTEGER
Nosotros no podemos quedarnos como simples expectadores. Como parlamentarios desde la Asamblea Nacional estamos obligados a avanzar. Y así lo hemos hecho. Desde nuestra Oficina Parlamentaria hemos elaborado un expediente lleno de elementos probatorios que configuran al Estado venezolano en las categorizaciones de fallido y forajido, condiciones en que se desprenden los delitos de lesa humanidad y la sistemática violación de los derechos humanos.
En otras palabras, los crímenes de lesa humanidad son propios de Estados calificados como fallidos y forajidos.
Este expediente, excelentemente sustanciado y elaborado por un destacado grupo de juristas y otros profesionales, demuestra cómo el Poder Judicial venezolano, por completo subyugado a Maduro, ha contribuido y ha sido cómplice de las atrocidades que se han cometido contra los políticos de oposición y contra el pueblo llano, cuando este ha salido a las calles a protestar por sus derechos.
Hemos construido este expediente también con el aporte de especialistas y profundos conocedores en los conceptos de Estados fallidos y forajidos, quienes ratifican que el Estado venezolano se ubica en ese grupo, razón por la cual esperamos que toda la comunidad internacional y en especial Naciones Unidas comprendan que es hora de invocar el principio del R2P (Responsabilidad de Proteger), establecido desde 2005 cuando Kofi Annan era Secretario General de la ONU, para prevenir la comisión de atrocidades en masa y proteger al pueblo venezolano de tales crímenes, mientras se esperan los juicios a los responsables. Por tal motivo, ese expediente será presentado a la junta directiva de la AN y luego será remitido a la ONU, Unión Europea, la OEA y a diversos organismos nacionales e internacionales que luchan por los derechos humanos.
Rafael Veloz.
Diputado por Caracas y Parlasur.