El Tiempo: Indagan plan desde Venezuela para afectar las elecciones presidenciales en Colombia

El dictador venezolano Nicolás Maduro y el presidente colombiano Iván Duque. El primero encabeza una peligrosa escalada en las tensiones entre ambos países

 

 

Solo la pandemia del covid-19 logró disminuir unas caravanas de venezolanos que venían cruzando la frontera con Colombia con un propósito específico: tramitar su registro civil, pedir la ciudadanía colombiana y regresar a su país.





EL TIEMPO

Hijos de colombianos realizaban ese trámite de manera regular. Y si bien algunos buscaban oportunidades a este lado de la frontera, la gran mayoría se devolvía de inmediato.

Pero las cifras empezaron a revelar un incremento atípico en el flujo de solicitudes. Tanto así que EL TIEMPO estableció que hay autoridades colombianas inquietas, de cara a las elecciones presidenciales de 2022.

Las cifras que preocupan son estas: en 2014, cuando se registró la estampida humanitaria desde ese país –debido a las presiones del régimen de Nicolás Maduro, al desabastecimiento y la persecución a la oposición–, los venezolanos que pidieron ciudadanía colombiana fueron 22.147.

Seguridad nacional

Sin embargo, las solicitudes se han incrementado exponencialmente, prendiendo alarmas en el alto gobierno, la Registraduría Nacional, Migración y la Policía, por ser un tema de seguridad nacional.

Además, hace algo más de un mes llegó a la Casa de Nariño información (de muy buena fuente) sobre un supuesto plan del régimen de Nicolás Maduro para intentar influir en las presidenciales.

Aparte de estrategias de desestabilización (que ya se han sentido), el supuesto plan vendría acompañado de una operación masiva de cedulación, para influir en los resultados. Y a eso se unió el incremento de cédulas colombianas originales, expedidas fraudulentamente a todo tipo de personas, por las que otros países ya han pasado factura.

Policía Judicial de Migración Colombia y auditorías de la propia Registraduría (van 50 en todo el país) han establecido que entre la clientela de la red de funcionarios corruptos que expiden esos documentos a extranjeros, hay desde un cantante vallenato hasta una profesora de una universidad de la Costa.

Pero EL TIEMPO ha revelado que también se le han expedido documentos a miembros de la Guardia Nacional Bolivariana, a fichas del Faes (la policía secreta de Maduro) y a capos de bandas delincuenciales de ese país, como alias Willy Meleán, abatido por la policía hace 8 días.

Alerta de Emiratos Árabes

Ahora, reporteros de este diario establecieron que individuos de otras procedencias (como cubanos, dominicanos, árabes, turcos y nigerianos) han sido capturados delinquiendo, con identidad colombiana. Eso llevó a que Emiratos Árabes se arrepintiera de quitarle el visado a colombianos y a que otros países piensen en empezar a pedirlo (véase nota anexa).

Un equipo élite (de la oficina de registro civil de la Registraduría) ya ha logrado anular 1.609 registros fraudulentos en dos años. Y hay 3.000 en la mira.

El trasiego

De hecho, la revelación de este diario de que el capo ‘Meleán’ y su amante habían obtenido cédulas originales con otros nombres llevó al registrador nacional, Alexánder Vega, a cerrar la sede de la entidad en Galapa, Atlántico, para adelantar una auditoría.

En cuanto a la información sobre el trasiego masivo de venezolanos buscando registro civil, cédula y hasta pasaporte colombiano, esta se mantiene bajo reserva.
Pero, a través de mecanismos legales, EL TIEMPO accedió a los datos más frescos, que incluso se han ventilado en reuniones en Presidencia, con el registrador Alexánder Vega; el fiscal, Francisco Barbosa; el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa; el director de la Policía, general Óscar Atehortúa, y fichas de la inteligencia.

Es claro que, en 2018 y 2019, hubo un incremento exponencial en la solicitud de registros civiles, el primer paso para ir por los otros documentos.

Además de la corrupción, en Colombia se aplica una legislación de 1970, que permite que con 2 testigos se registre a cualquiera. La norma estaba prevista para nacimientos en el campo o con parteras. Pero ahora hay un tráfico de testigos falsos y en algunos casos, hasta algunos registradores ponen sus huellas y venden los documentos por dos millones de pesos.

Las cifras

El gráfico que acompaña esta nota muestra cómo, en 2014, pidieron ser reconocidos como colombianos 22.147 venezolanos, supuestamente con padres colombianos. En 2015, la cifra saltó a 41.450, y el año siguiente, a 66.966.

Pero el gran brinco se produce en 2017, 2018 y 2019: hubo primero 93.975 solicitudes; luego, 159.413 y 142.208. En lo que va corrido de 2020, con pandemia incluida, la cifra es de 42.586, para un total de 568.825. De ese universo de nuevos colombo-venezolanos, en el censo electoral aparecen 379.334, listos para votar.

¿Plan de choque?

Es evidente que, a pesar de las alarmas, no todos harían parte del supuesto plan de Maduro. Pero la información dice que vienen en camino 200.000 más.

“La cifra puede parecer insignificante si se tiene en cuenta que un presidente se elige con 10 millones de votos. Pero podría ser el tiquete para una segunda vuelta. Hace poco uno de esos cupos se definió con menos de 300.000 votos”, aseguró un investigador.

EL TIEMPO supo que, para despejar cualquier duda, el gobierno Duque, de la mano del registrador Vega, evalúa ordenar una auditoría para establecer cómo se otorgaron los registros civiles que luego se convirtieron en cédulas de potenciales votantes.

Esa verificación la ejecutaría un equipo élite, que incluiría a la Fiscalía.

Incluso, se baraja la posibilidad de que, echando mano de la facultad que le permite proteger el censo electoral, el registrador Vega opte por suspender indefinidamente la inscripción de registros civiles para venezolanos, usando testigos. La única excepción serían los menores de edad, a quienes los cobijan normas internacionales.

Otra de las medidas es que los colombo-venezolanos que quieran votar vuelvan a inscribir su cédula dentro de un lapso determinado y en un proceso que incluya incluso biometría facial. Es posible que en unos días se conozcan medidas para empezar a blindar el censo electoral.

Cubanos, 89 árabes y un cantante pagaron por registros

La mafia que hay en Colombia en torno a la expedición ilegal de identidades es monumental y tiene en alerta a autoridades de Estados Unidos, Francia, Emiratos Árabes, España e Italia, entre otros países.

El portafolio que ofrecen incluye dar de baja documentos de mafiosos –como José Berley Guarín Loaiza, alias el Ilustre–, para que aparezcan como fallecidos y cese su persecución. Y también le expidieron cédulas al extinto guerrillero ecuatoriano alias Guacho; al sanguinario jefe del Eln, alias Pablito, y a alias el Mocho, el criminal que estalló la bomba en la Escuela de Cadetes General Santander (2019).

Los árabes de Pivijay

Pero no solo delincuentes colombianos han obtenido fraudulentamente estos documentos.

En una de las auditorías ordenadas por la Registraduría se encontraron 89 árabes con identidad colombiana, obtenida a partir de registros civiles fraudulentos. Todos juraban ser de Pivijay, Magdalena, y algunos posaron para la foto con sus turbantes.
Pero la Registraduría comprobó que los testigos que dieron fe de que los habían visto nacer mentían y aparecían en varios registros civiles diciendo lo mismo. Además, se estableció que para llegar a Colombia, los árabes fueron cedulados primero en Venezulela.

Agotadas todas las instancias y respetando el debido proceso, la Registraduría les anuló los documentos a Base Safady Amiri, Kamal Zgheib, Nadia Issa Nashman, Yamal Gardou, Haisam Haime Atat, Al Hariri Ahmad, Tuameh Bacahar y Mohammed Bazar, entre otros. Y ahora harán lo mismo con un cantante de Maracaibo y con una doctora que dicta clase en la Costa.

“Estados Unidos está en alerta porque entre los árabes puede haber alguno ligado a grupos terroristas y pueda brincar a ese país como colombiano. Su embajada ya ha tenido que anular visas”, dijo un investigador.

Se cree que por un kit de registro, cédula, pasaporte y visa pueden pedir entre 50 y 100 millones de pesos.

Ya hay algunos registradores investigados, al igual que empleados de notarías. Y tanto Migración como la Policía y la Fiscalía preparan nuevos golpes.