La democracia se construye sobre los principios puestos en acción y la fortaleza de las instituciones y no sobre la instalación de narrativas que buscan manipular a la gente. La instalación de este tipo de narrativas tiene fundamentalmente que ver con ciertas formas de guiar la opinión pública y no es algo nuevo en el mundo de la política.
Las “fake news” siempre existieron y tuvieron la oportunidad de instalarse, siempre gentileza de la democracia, obviamente; casi siempre en beneficio de los autoritarios, por supuesto, dado que sus seguidores son menos propensos a contrastarlas con la realidad y son más afines a abordar la política con ceguera.
En la historia recogemos desde la repetición goebbeliana de las mentiras hasta aquellos que han bregado por conducir a la opinión pública basados en principios.
Ahora, quizás más que nunca, la lucha político-mediática por instalar narrativas se ha descompensado completamente.
Algunas instituciones se afirman en edificios majestuosos, otras sobre papel impreso. Otras se empeñan en resistir el paso del tiempo, afirmando sus ideas, así como repeliendo los ataques que se realizan contras las mismas. Ellas trascienden más allá de lo políticamente correcto en determinado momento de la historia. En definitiva, los valores humanos que las inspiran son verdades que han estado vigentes en nuestro entendimiento humano desde hace mucho tiempo.
Los ataques contra las instituciones tienen diferentes formas. Lo hemos visto la pasada semana en el asalto al Capitolio por una turba relativamente organizada. Lo vimos en el proceso electoral en Bolivia en 2019 cuando la dimensión institucional electoral fue asaltada con actas alteradas, actas pre llenadas, votos de personas fallecidas al momento de la elección y servidores ocultos bombeando votos de manera ilegítima al sistema. Lo hemos visto en el terrorismo de Estado. Siempre con una narrativa detrás justificándolo todo.
Cada uno de estos ataques ha sido grotesco e irracional. Ha habido, por supuesto, también formas más subliminales de erosionar la democracia, de ir minando los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Cada uno de estos embates arrastra consigo pérdida de confianza y legitimidad, pero sobre todo deja herida a la sociedad.
Lo grotesco de estas narrativas es cómo se intentan imponer a los principios. Hemos visto justificación a todo en estos tiempos, desde la tortura a la corrupción, desde robarse elecciones hasta atacar el congreso. Es infame ver cómo los principios ceden a todo esto. No ya en la voz de los demagogos que es tan fácilmente reconocible, sino en las propias dinámicas sociales. La pérdida de racionalidad en el sistema político puede ser un síntoma, una manifestación epidérmica de la enfermedad, pero también puede ser una actividad bacterial profunda que no ha sido prevenida antes o no le ha sido administrado el tratamiento adecuado luego.
¿Cuándo un discurso debe estar representado en una sociedad democrática y cuándo no? ¿Cuándo parte del soberano puede perder el derecho de estar representado? ¿Debemos contemplar esa posibilidad? ¿Tenemos el derecho de definir discursos de odio obvios (racismo, homofobia, misoginia) como actividad bacteriológica dentro de un sistema político, aunque existan en porcentajes altísimos de la sociedad en muchos casos? Sí, claro.
Las narrativas de odio vienen en diferentes envases con diferentes etiquetas: ¿No nos abren acaso sospechas profundísimas aquellos que juzgan la corrección política porque vemos en muchos casos intereses demasiado obvios detrás? Es fundamental la necesidad de no perder el sentido de humanidad como esencia de los valores democráticos. Todos sabemos cuándo valores superiores para garantizar la dignidad humana como la libertad, justicia, igualdad, solidaridad, tolerancia y fraternidad, están siendo amenazados.
Llevar adelante proyectos que impliquen mejoras en las condiciones de democracia y democratización es esencial. No siempre aparecerán, muchas veces se los estigmatizará o se los descalificará. Definitivamente, esa no es la solución. Eso solo profundiza la división y los ejemplifica como polarizados. ¿Por qué las narrativas de odio deben estar representadas en el marco institucional? Las mismas son siempre inadmisibles porque el respeto por los derechos humanos es condición necesaria de todo régimen democrático. Al mismo tiempo, ningún sistema ofrece mayores garantías para el respeto de los derechos humanos que la democracia.
Los dobles estándares en cuanto a la democracia y derechos humanos son contradictorios a los principios de lo que la democracia representa. El uso narrativo de la agenda antiestablishment o de la agenda de derechos sociales para fines autoritarios es constante.
La comunidad política está obligada a promover y defender la democracia y esto significa evitar que nadie dentro del sistema político adopte o promueva narrativas de odio. Las constituciones, desde hace mucho tiempo, contienen elementos esenciales como el respeto a los derechos humanos, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, la celebración del elecciones periódicas, libres y justas, el régimen plural de partidos y organizaciones políticas y la separación e independencia de los poderes públicos. La persistencia de prácticas autoritarias otorga un valor fundamental a estos mecanismos del sistema que han sido diseñados, precisamente, para garantizar una democracia plena.
Aunque el cuerpo normativo y la institucionalidad existente sea sólida y moderna, existe la necesidad de desarrollar nuevos instrumentos, institucionalizados y de carácter vinculante, que permitan prevenir desvíos autoritarios sistémicos.
El desarrollo de nuevos instrumentos para enfrentarse a malas prácticas en la democracia y a tendencias autoritarias es una necesidad permanente. Debemos ser conscientes de fortalecer procesos preventivos que apunten a la eliminación de la pobreza, al fortalecimiento del sistema de derechos humanos, al fomento de la educación y a la promoción de los derechos económicos, sociales y culturales.
Al mismo tiempo, se deben establecer elementos disuasorios para la posible adopción de lógicas autoritarias o totalitarias que atenten contra derechos humanos. La consigna, por lo tanto, es estar alerta y actuar sin demoras ante las primeras señales de erosión democrática y de deterioro de los derechos humanos, de ataques al Estado de Derecho antes que sea demasiado tarde. El sistema político debe guiarse siempre por el compromiso y la racionalidad de ciudadanas y ciudadanos, cuyo derecho a vivir en democracia no admite concesiones.
En la defensa de la democracia estamos convencidos que solamente en un Estado de Derecho, donde existe un verdadero esquema de división de poderes que se controlan y equilibran mutuamente, resultado de elecciones libres, justas y transparentes, que reflejan fielmente la voluntad popular, solo en ese contexto, es que realmente el ser humano recupera libertad y dignidad.
Luis Almagro es Secretario general de la Organización de los Estados Americanos
@Almagro_OEA2015
Este artículo se publicó originalmente en Crónicas el 15 de enero de 2021