Venezuela ya estaba inmersa en una crisis de salud pública antes de que se desatara la pandemia de coronavirus. Sufría el deterioro paulatino de las capacidades del que hace décadas fue uno de los sistemas de atención más sólidos de Sudamérica, la falta de acceso a bienes básicos como el agua o la energía necesarias para garantizar una higiene mínima, la malnutrición y, en general, el empobrecimiento de un país que había perdido 70% de su PIB en siete años, con más de cinco millones de emigrados. Así que, cuando llegó el virus, todos anticipaban lo peor: si la situación se parecía siquiera un poco a los tsunamis observados en Italia o España, con sistemas de salud pública robustos y sociedades cohesionadas, ¿Qué catástrofes esperaban a Venezuela?.
Florantonia Singer / Jorge Galindo / El País
Un año después, Venezuela registra a día de hoy unos 120.000 casos con algo más de 1.200 muertes. Oficialmente, claro. Existen razones de peso para desconfiar de estas cifras. Pero tampoco se reportan situaciones de emergencia extrema, al menos no las esperadas. La respuesta a qué ha pasado, o más bien a qué no ha pasado y por qué, no es sencilla ni definitiva.
La falta de datos fiables se une a varias hipótesis no excluyentes entre sí. Desde la pobreza como aliado inesperado (porque se viaja menos, los venezolanos tienen menos contactos y se reduce la propagación del virus) hasta el posible efecto del sistema de cuarentenas semanales alternas implementado por Nicolás Maduro. Otro argumento dice que la epidemia busca un segundo pico en Venezuela y el desborde esté a la vuelta de la esquina.
Los casos que faltan por contar
Una epidemia fragmentada territorialmente con dos picos diferenciados: el primero, alrededor de agosto; el segundo, en la actualidad, tras las fiestas de diciembre. Este escenario describe la epidemia tanto en Venezuela como en otros países de la región. Sirve para Colombia y, ajustando los meses, también para Perú o Bolivia. Pero todos esos países cuentan muchos más casos per cápita que Venezuela, según los datos acumulados: Colombia, más de dos millones para una población solo un tercio mayor a la venezolana; Perú, 1,15 millones para una población similar a la venezolana. Estos números multiplican por diez o por veinte los 120.000 contabilizados por Caracas. Quizás los picos venezolanos tienen su cresta cortada por un registro deficiente.
Los datos que se conocen de pruebas diagnósticas practicadas apuntalan la duda. Bloomberg recogía a principios del mes de enero que Venezuela había practicado 485.000 pruebas tipo PCR o molecular. De los varios tipos disponibles, estos test son considerados como los más precisos en el diagnóstico de infecciones activas. La alternativa más usada, las pruebas de antígenos (más rápidas pero menos precisas), apenas se han usado en Venezuela en los últimos meses. En octubre, la Organización Panamericana de la Salud (brazo regional de la OMS) entregó 340.000 pruebas de antígeno y 35 equipos lectores para ampliar la capacidad de diagnóstico en el país. Dos meses después, el director de Emergencias de la organización, Ciro Ugarte, revelaba que solo se habían aplicado 1.600 de estos test, de los cuales 400 habían dado positivo.
Esta infrautilización de pruebas rápidas es la cuña definitiva en el de por sí frágil acuerdo que se produjo entre Nicolás Maduro y Juan Guaidó en junio de 2020, con la propia OPS como mediadora, encaminado a construir una respuesta unificada y no politizada a la pandemia en un país sumido en una prolongada crisis institucional. Ahora, el entorno de Juan Guaidó denuncia que el régimen no cumplió su parte.
Mientras tanto, la positividad conocida de las PCR ronda el 24%, si se compara el número de positivos obtenidos a principios de enero (115.000) con las pruebas PCR conocidas (485.000). Este índice multiplica por cinco la recomendación de la OMS para garantizar un diagnóstico eficaz. Según la entidad, cualquier resultado general por encima de un 5% (o, en lo más extremo, de un 10%) se debe leer como un indicador de que las cantidad de pruebas realizadas es insuficiente.
Todo hace suponer que el cuello de botella está en otro lado. El más obvio es el logístico: la centralización del proceso de prueba y diagnóstico en solo dos laboratorios da una idea del problema. La propia vicepresidenta, Delcy Rodríguez, reconoció demoras. El 4 de septiembre informó sobre 10 nuevos fallecidos, pero dijo que en realidad habían muerto 15 días atrás y estaban esperando los resultados. Esto confirmó lo que desde el comienzo han advertido médicos y epidemiólogos: Venezuela sigue la epidemia en diferido.
Los únicos dos laboratorios, ubicados en la capital, analizan las muestras de todo el país, que deben enviarse vía aérea o terrestre, retrasando los diagnósticos en las zonas más apartadas hasta más de un mes; en muchos casos llegan luego del fallecimiento del paciente. Como referencia, en Colombia estas medias están por debajo de dos semanas (en torno a 8-12 días dependiendo del momento de la pandemia) y ya en estos niveles se consideran inaceptablemente largas por parte de los expertos.
Se añade también la sospecha natural en un contexto autoritario como el venezolano, con antecedentes de manipulación de datos. Donald Trump hizo famosa la idea (nunca llevada a cabo por su Gobierno) de que las pruebas eran un problema para los políticos en el poder porque sacaban a relucir los casos. En octubre, Maduro dio por finalizada la pandemia, en la antesala a la campaña electoral por las parlamentarias del 6 de diciembre. “Venezuela logró aplanar la curva de contagios”, dijo el mandatario a principios de ese mes. Y el reporte de casos empezó a disminuir.
No hay prueba alguna de que exista una intencionalidad en el bajo número de pruebas practicadas, pero la sospecha es legítima y se alimenta tanto por el bajo uso de las pruebas de antígenos recibidas en octubre como de la manera que tienen las voces oficiales de presentar los datos. Según la línea gubernamental, en Venezuela ya se han realizado más de 2,6 millones de pruebas. La diferencia con las 485.000 PCR es abismal, e incluso con la suma de éstas y las de antígeno llegadas supuestamente en octubre. Con toda probabilidad, pues, esta cifra debería incluir otros tests: los de tipo serológico.
La situación no ha cambiado en este segundo pico: cuando se comparan las cifras informadas versus las proyectadas, Venezuela está reportando incluso por debajo de las estimaciones matemáticas más bajas, destaca José Félix Oletta, exministro de Salud y miembro de la Sociedad Venezolana de Salud Pública. El Imperial College de Londres señala que para estos días, en los que se está viendo el rebrote de casos luego de la apertura de navidades, podrían estar registrándose entre 1.500 y 6.000 casos, una horquilla cautelosamente amplia por la natural incertidumbre de este tipo de modelos, pero en cualquier caso muy por encima de los reportes actuales. En las últimas semanas solo se han informado entre 500 y 600 casos al día. De hecho, en casi un año de pandemia nunca se han registrado más de 1.281 casos, el pico del 13 de agosto pasado.
A ello se añade que la falta de confianza en las instituciones públicas dificulta el tratamiento y el registro de casos. Según Oletta, mucha gente no acude a los centros de salud y se trata en casa. “No es solo el Gobierno sino la gente la que oculta la enfermedad”, comenta. “Gran parte se queda en casa sin notificar, por temor a ser llevados a la fuerza a los centros de aislamiento en precarias condiciones”. También por la política de hospitalizar incluso a los asintomáticos. Una medida de esto la ofrece la alta demanda de bombonas y medidores de oxígeno que hay actualmente.