La reciente campaña presidencial de los Estados Unidos quedó marcada por nefastos acontecimientos sin precedentes en la historia de esa nación. El debate público fue envuelto en una tupida censura ejercida por los grandes medios impresos, por las cadenas de radio y televisión, las poderosas redes sociales de comunicación y por las más importantes agencias de noticias internacionales.
El monopolio informativo, de opinión y desinformación, permitió el ejercicio de una antiética e indebida presión mediática que derivó en el control totalitario del debate electoral. Se trató de un inédito y gigantesco plan destinado a controlar y manipular los contenidos noticiosos con el fin de impedir a toda costa la reelección del presidente y favorecer las aspiraciones del candidato opositor. Los partidarios de Biden tuvieron amplio acceso a los medios, los de Trump fueron vetados y los periodistas simplemente actuaron como disciplinados y agresivos militantes de la candidatura demócrata.
La censura silenció las investigaciones que contra Joe Biden y su hijo Hunter, procesan el Comité de Finanzas y el Comité de Seguridad Nacional del Senado. Según esas investigaciones Joe Biden protegió desde la vicepresidencia de la república los negocios realizados por su hijo con la empresa petrolera ucraniana Burisma Holding, a cuyos directivos imputó la fiscalía de ese país por hechos de corrupción. Se le acusa además de presionar al presidente ucraniano para lograr la destitución del fiscal que investigaba a Mykola Zlochevsky dueño de la petrolera en cuestión. Las diligencias del Senado apuntan también hacia la asociación de Hunter Biden con empresas del partido comunista chino y del Ejército Popular de Liberación de ese país, y con la multimillonaria rusa Yelena Baturina exiliada en Londres, a quien los informes de la embajada de Estados Unidos en Moscú en tiempos de Obama, señalaron como vinculada al crimen organizado. Ninguno de los grandes medios de comunicación dio cabida a estas noticias.
Quedó atrás el incisivo periodismo de investigación del Washington Post que en 1970 desalojó del poder a Richard Nixon por el caso Watergate. En aquella época las trampas políticas de Nixon salieron a la luz pública y tuvo que irse. Ahora, en cambio, Biden llegó al gobierno protegido por el silencio de un poder mediático que impidió a los electores conocer, si son ciertos o no, los delitos imputados al candidato del Partido Demócrata.
Sin embargo, a pesar del evidente favoritismo de los órganos de prensa, la noche de las elecciones los reportes televisados de los escrutinios favorecían ampliamente a Trump. Pero en horas de la madrugada la transmisión de datos fue suspendida de manera simultánea en varios estados. Y al amanecer los votos traídos por el correo volcaron inesperadamente las tendencias a favor del ex vicepresidente.
A partir de entonces los republicanos impulsaron por vías pacíficas y legales las medidas destinadas a demostrar lo que consideraron un fraude masivo de gigantescas proporciones. Solicitaban recontar de manera transparente el número real de votos válidos y el de votos recibidos por correo, que según numerosas denuncias fueron tramposamente manipulados. Sin embargo todos los tribunales negaron las solicitudes de los equipos de Trump que reclamaban la revisión de las tarjetas de votación para determinar cuáles de esas tarjetas eran legales y cuáles no.
Apoyados en el ambiente creado por la arremetida mediática, según la cual las denuncias carecían de pruebas, los jueces rechazaron los reclamos presentados argumentando formalidades, o alegando incompetencia.
Así ocurrió cuando Ken Paxton, fiscal general de Texas, lideró una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia, a la cual se sumaron veinte estados, que acusaba a las autoridades de Arizona, Nevada, Wisconsin, Michigan, Georgia, Pensilvania y Ohio de utilizar la pandemia para burlar las leyes federales y las de sus estados, con el fin de imponer cambios de último minuto en la votación por correo. Según Paxton, “la confianza en la integridad de nuestros procesos electorales es sacrosanta y une a nuestra ciudadanía y a los estados de esta Unión, comprometiendo la seguridad e integridad de las elecciones de 2020”. Pero, a pesar de la notable representatividad institucional de los denunciantes la Corte Suprema en muy breve comunicación se declaró incompetente.
Privados del derecho a ser escuchado por los tribunales de justicia, los republicanos anunciaron que objetarían las certificaciones de los siete estados cuestionados, en la sesión del Congreso convocada para el seis de enero con el fin de decidir finalmente quien es el presidente electo. En esa sesión, de acuerdo con el complejo sistema electoral de los Estados Unidos, el Congreso es el encargado de las certificaciones y de resolver cualquier controversia. Y en este caso la controversia consistía en que cada uno de los siete estados en conflicto llevó listas paralelas de votos electorales, unas a favor de Trump y otras respaldando a Biden, anulándose de esa manera todas las listas. Además once senadores republicanos encabezados por Ted Cruz anunciaron su decisión de rechazar la certificación de los comicios en disputa, y propusieron la realización de una auditoría de emergencia a cargo del Senado que en un plazo de diez días estableciera los verdaderos resultados de las discutidas votaciones.
Esas iniciativas se vieron frustradas debido a los confusos acontecimientos ocurridos en la sede del Capitolio durante la gigantesca marcha pacífica reunida en la capital norteamericana para respaldar a Trump. Aquellos sucesos acaecidos en el Congreso fueron sumergidos en una desinformación habilidosamente programada para acusar al presidente de propiciar el asalto al Capitolio, y desconocer un supuesto triunfo del candidato demócrata.
Con intenciones alarmistas CNN reportó la muerte por arma de fuego de un agente policial. Las autoridades se vieron obligadas a desmentir la falsa información, y aclararon que el funcionario murió en su oficina como consecuencia de un infarto.
Distinta actitud asume CNN y los demás medios de comunicación, cuando colocan a un segundo plano el asesinato de Ashii Babbit, ex oficial de la fuerza aérea, quien se encontraba, desarmada, junto a un grupo de los partidarios de Trump que habían penetrado en la sede del Capitolio.
Según el jefe del Departamento de Policía Metropolitana de Washington DC, Robert Contee, la señora Babbitt murió como consecuencia de un disparo hecho por un policía encargado de vigilar el Congreso. Un video que circuló profusamente en las redes sociales muestra como el agente disparó a sangre fría contra la mujer.
Así escribió Patricia Pairó del diario español El País el 8 de enero refiriéndose al ajusticiamiento de la activista republicana: “En la última grabación en la que aparece Babbit con vida, ella mira hacia arriba, al vacío, parece que se le corta la respiración. Tiene el cuello lleno de sangre. A un lado, un grupo de policías armados. Al otro, los seguidores de Trump la apuntan con sus móviles. Ambos grupos se enzarzan en una pelea de gritos ensordecedores. El último plano es el de la mujer iluminada con una linterna de móvil, para que la grabación tenga mejor luz”.
Obviamente la marcha republicana no pretendía interrumpir con violencia la sesión parlamentaria en la que senadores de ese partido aspiraban objetar las certificaciones de siete estados, y se disponían a solicitar una auditoría de emergencia para demostrar el fraude que venían denunciando. Además si aquella manifestación perseguía el propósito subversivo que le atribuyen a Trump, el asesinato de Ashii Babbit era la escusa ideal para iniciarlo con un estallido de violencia de incalculables proporciones. Sin embargo la indignada respuesta de los tomistas del Congreso ante el asesinato de su compañera no pasó de “una pelea de gritos ensordecedores”, de acuerdo a lo que señala la periodista del diario El País.
En todo caso, estos trágicos acontecimientos no fueron expuestos al público en los medios de comunicación de manera honesta y objetiva, y no medió una verdadera investigación policial imparcial que permitiera a los órganos de justicia establecer responsabilidades y sanciones. Por el contrario la sesgada línea política de la oligarquía mediática no perdió el norte de una campaña digna de Joseph Goebels, que mañosamente desvirtuó los hechos para utilizarlos en contra de Donald Trump. Esos medios prefirieron ignorar que la única víctima mortal de los sucesos ocurridos en la sede del Capitolio fue precisamente la mujer blanca partidaria de Trump, asesinada por un policía del palacio legislativo.
El crimen no fue noticia para Peter Baker, el periodista del New York Times, quien tan sólo se dedicó a señalar que los disturbios y la violencia en el Capitolio marcan el fin de la era Trump “enraizada en el enojo, la polarización y la promoción de las conspiraciones”.
Dijo Baker que los policías sostuvieron “un enfrentamiento armado defendiendo la Cámara de Representantes”, pero a pesar de esa tendenciosa maneras de desinformar, ni New York Times ni ningún otro medio pudo reseñar un intercambio armado entre policías y manifestantes, simplemente porque nunca ocurrió. Y no hubo tal enfrentamiento armado por que los manifestantes republicanos no portaban armas de fuego, y no las portaban porque no estaban previstas acciones violentas destinadas a agredir a los parlamentarios o a perpetrar un “asalto al Capitolio”.
Por esa razón el fiscal federal de Washington D.C, encargado de supervisar las investigaciones Michel Sherwin dijo a los medios de comunicación que “no hay evidencia directa de equipos para capturar y asesinar congresistas”.
Sin embargo las noticias difundidas de manera insistente por los grandes medios continuaron en su objetivo de llevar a la opinión pública mundial la noticia de “un violento motín subversivo promovido por Trump que dejó como saldo cinco muertos, múltiples heridos y más de cien detenciones”.
En la versión de los hechos reportada por BBC News, el 16 de enero, se especula sobre complicidad de parlamentarios republicanos, para secuestrar y asesinar a legisladores demócratas, y en relación a esta hipótesis se dice que el FBI realiza una “investigación a fondo”.
Refiriéndose al mismo tema la diputada Nancy Pelossi afirma, “hay que investigarlos, si se demuestra que hubo cómplices que instigaron y secundaron el ataque habrá que tomar medidas que irán más allá del Congreso, habrá que procesarlos”.
Trabajando en esa misma dirección de supuestos infundados el reportaje de BBC asegura que “Mike Pence era uno de los objetivos del grupo que asaltó el Capitolio”, y que la alerta más llamativa para soportar la tesis del asalto planificado la planteó la representante demócrata por New Jersey Mikie Shemill con un video, grabado el día anterior a los sucesos, en el que aparecen personas realizando visitas guiadas a las que considera “visitas de reconocimiento para el día siguiente”.
El diario londinense establece además lo que llama “paralelismos interesantes” entre estos acontecimientos y la quema del Capitolio efectuada por los ingleses el 24 de agosto de 1814 en medio de la guerra que libraron Estados Unidos y Gran Bretaña de 1812 a 1815.
Recuerda igualmente BBC otros hechos “coincidentes”: el ataque con dinamita a la sala de recepción del Senado realizado por el espía alemán Erich Muenter durante la primera guerra mundial, el asalto de los nacionalistas puertorriqueños en 1954 con saldo de varios congresistas heridos, y la llamada “conspiración de la resistencia” que el 7 de noviembre de 1983 explotó el segundo piso del Senado en protesta por las acciones militares de Estados Unidos en Líbano y Grenada.
De esa manera se coloca al presidente Trump en la misma condición del enemigo externo que atacó Washington en acción de guerra, y de los terroristas que dinamitaron instalaciones del Congreso y agredieron físicamente a parlamentarios.
Sin embargo, lo único cierto es que las “víctimas mortales del asalto al Congreso” son el policía Brian Sicknick, el programador informático Benjamín Philips, quien conducía un autobús con simpatizantes de Trump, y Kelvin Greeson también integrante de la marcha republicana. Todos ellos murieron como consecuencia de infartos al corazón y no como el resultado de “choques armados entre manifestantes y policías”. Mientras que la ex oficial del ejército fue asesinada por el policía cuyo nombre es escondido en una hermética censura.
Al comentar este balance la diputada Pelossi, tan afanada en buscar cómplices entre sus colegas congresistas republicanos, no condenó la muerte de esa mujer a manos de un policía miembro de la seguridad del parlamento que ella dirige.
Tampoco Joe Biden, cuando pidió “castigar a los terroristas nacionales por la muerte del policía del Capitolio”, exigió igual castigo para el agente de ese mismo cuerpo policial que le quitó la vida a la seguidora de Trump.
En todo caso las declaraciones de Pelossi y de Biden son parte de la narrativa destinada a construir falsas “verdades”, ajustadas al criterio según el cual la muerte del adversario o la violación de sus derechos humanos se ignora o se justifica de acuerdo con “el interés superior” del plan totalitario.
Esa relatividad ética; supeditada a la conquista del poder, queda de manifiesto en el polémico reportaje de la revista Time titulado “Trump tenía razón, hubo un complot para derrotarlo y sacarlo”.
Sin ningún escrúpulo esta revista pro-Biden reconoce la existencia de una conspiración secreta que permitió el ascenso fraudulento a la presidencia del candidato republicano y considera, además, que esa conspiración fue “la campaña en la sombra para salvar a la nación”.
Quienes orquestaron el complot cuentan en el sorprendente reportaje como se conformó la poderosa alianza para detener a Trump integrada por figuras prominentes de la política, ex presidentes de la república pertenecientes a los dos grandes partidos, multimillonarios que controlan las oligarquía mediática y financiera, grupos de la izquierda terrorista que integra Black Lives Matter y Antifa, y funcionarios claves en la estructura institucional del país.
Se reunieron millones de dólares, en recursos públicos y privados para financiar la conjura, se suprimieron electores, se falsificación los votos por correo y se cambiaron ilegalmente los sistemas de votación en los estados. Todos estos operativos realizados al margen de la Ley se escondieron en una hermética censura, y fueron amparados en tribunales y autoridades electorales que se negaron a procesar las numerosas irregularidades denunciadas por el comando republicano.
Esas confesiones publicadas en uno de los medios de comunicación más importantes de los Estados Unidos constituyen una afrenta, tanto para los más de setenta y cuatro millones de votantes que sufragaron por Trump como para aquellos que no lo hicieron pero defienden la pureza del sistema electoral de su nación.
Así concluye una jornada electoral traumática que deja en evidencia la grave erosión del sistema político en la democracia más importante del mundo. Un proceso electoral que debilita severamente la legitimidad originaria de la presidencia y vicepresidencia en los Estados Unidos de América.
Finalmente el fracaso del Partido Demócrata en su empeño de inhabilitar de por vida al ex presidente mediante el impeachment, fortalece su presencia política victimizada por los adversarios que desvelaron en Times los métodos delictivos utilizados para desplazarlo del poder.