Hace solo unos días un centenar de economistas europeos, de la talla del francés Thomas Piketti, enviaron una misiva solicitando la condonación de la deuda pública por parte del Banco Central Europeo (BCE).
La inusual propuesta tiene la buena intención de servir como paliativo de la crisis económica que acecha a Europa cómo herencia de la pandemia del COVID-19, en el entendido de que casi el 25 % de los compromisos financieros se encuentra en manos del BCE, unos 2.500.000 millones de euros para toda Europa.
Con la medida se aspiraría ampliar el margen fiscal y contar con herramientas de políticas públicas más flexibles que permitan articularlas con la política fiscal y monetaria, en mayor igualdad de condiciones con países como China, Japón y EE UU.
El Banco Central Europeo no tardó en responder señalando que dicha condonación sería “ilegal y contraproducente”.
Entre los argumentos señalados por Manuel González Paramo (antiguo miembro del consejo de gobierno del BCE), está la potencial disrupción de la confianza para emitir deuda solidaria; así como la vulneración de los tratados de la Unión Europea (UE).
El ex-ministro de Economía y vicepresidente del BCE Luis de Guindos, fue más enfático al asegurar que “dicha medida vulneraría el balance del BCE y reduciría el flujo de dividendos que paga este a los gobiernos”.
Guindos añadió que era un debate perjudicial porque implicaría un daño reputacional, en perjuicio de la credibilidad de la institución; en un momento que se están colocando títulos de deuda a tipos reducidos.
Sin duda, el debate es tan necesario como trascendente, a dicho De Grauve (Profesor en la London School of Economics) dado que en el futuro cuando se requiera acentuar la meta de una mayor inflación, esa deuda perderá valor automáticamente,
El auxilio financiero de los bancos centrales, no es una panacea en general. En algunos países de America Latina ha derivado en una monetización del déficit fiscal. Pero también es verdad que la expansión fiscal en tiempos de crisis debe ir acompañada de incentivos tributarios y/o rebajas impositivas en las pymes cuya factibilidad de solvencia y crecimiento a futuro garantice su permanencia en el mercado.
Es necesario el examen del impacto fiscal de la evasión, un tema que no se aborda con la debida responsabilidad requerida ya que toca intereses de amplio espectro en los grupos de poder político y económico en general.
No es un secreto que los paraísos fiscales son un refugio del que las multinacionales obtienen privilegios fiscales en detrimentos de la equidad redistributiva y transparencia en los flujos financieros.
La evasión fiscal
La desclasificación de la contabilidad fiscal permite observar resultados alarmantes: países como Alemania, Francia o España dejan entre el 29%, el 24% o el 13 %, respectivamente, de lo que deberían recaudar de no existir esos refugios de evasión fiscal.
El 60 % de los beneficios obtenidos por la compañías de EE.UU se declaran en otros países.
En España, “las empresas tienen 190.000 millones de euros en paraísos fiscales, que representa el 12 % de la riqueza financiera de los españoles, solo tienen declarado a las autoridades españolas el 25 %, 53.000 millones. El resto permanece oculto”, según confirma Gabriel Zucman, economista francés colaborador de Thomas Piketti.
“De ese dinero – añade Zucman -, 80.000 millones están en Suiza.
EE. UU. guarda en paraísos fiscales un billón y medio de euros.
Rusia, 570.000 millones.
El Sr Guindos no considera que ¿esta realidad refleja el mayor daño reputacional de la gobernanza institucional, frente a los ojos del ciudadano común?, en especial en una coyuntura tan grave como la que nos afecta a todos, en estos momentos.
Es preciso aclararle al ciudadano que los ingresos tributarios financian los gastos corrientes y de inversión, y la deuda soberana acumulada constituye una forma de obtener recursos financieros, que no cubren los ingresos fiscales, cuyo peso según sea el caso representa una merma en las posibilidades de sostenibilidad fiscal, en función de su relación con el PIB de una nación.
La coyuntura
Los 19 países de la eurozona alcanzarán un déficit fiscal agregado de 976.000 millones de Euros, equivalentes al 8,9 % del PIB anual, casi 10 veces más altos en 2020, frente a 2019.
El gran agujero fiscal lo encabeza Francia con 226.700 millones de euros, seguido por Alemania con 207.000 millones de euros; 178.000 millones euros de Italia y los 125.000 millones de euros de España. Siendo España, Francia e Italia los más vulnerables en sostenibilidad, tres países con un nivel de deuda pública muy superior a la media.
El déficit estructural de España supera ampliamente el 3 % y el déficit público asciende a más del 14,5% del PIB en 2020 y la deuda avanza hacia el 114,1% del PIB.
La débil combinación con el tejido productivo conformado en España por pymes, que representa el 99,8 %, condiciona las posibilidades de una recuperación económica, con lo cual aumentar la recaudación reduciendo la evasión fiscal debe ser un objetivo primario, si realmente se quiere velar por el futuro de las generaciones y evitar una carga fiscal excesiva con un desempleo en aumento. Las cifras del total de parados ascienden a 3.717.799,97 (16,13 %).
El IV plan de gobierno recoge compromisos que se asumen para reforzar la transparencia y la rendición de cuentas en el marco de la recuperación, transformación y resiliencia, contemplando la modernización del sistema fiscal e incrementando la progresividad y redistribución de los recursos para lograr un crecimiento inclusivo y sostenible.
Diversos estudios estiman que la cuantía defraudada en España por fraude fiscal asciende a 40.000 millones de euros, equivalente a 3,5 % del PIB.
El rendimiento asociado al importe fiscal en paraísos no declarados supera solo en España 7.400 millones de euros, una merma estimada de la recaudación real frente a la potencial de más de 8 %.
Es necesario hacerle frente a ese gran flujo de capitales que circulan mediante evasión fiscal y a empezar a regular los delitos financieros con mayor profundidad y capacidad de decisiones conjuntas en el seno de la UE, dado el peligro de la inestabilidad financiera producto de la pandemia en unas condiciones económicas de caída del PIB,
Guindos debería saber que el riesgo de reputación ya existe, viene consagrado por la incapacidad de haberle hecho frente a estos flagelos de manera contundente y seria.
Los planes operativos de las instituciones que a nivel mundial luchan contra este flagelo, se puedan armonizar en políticas públicas bien dirigidas para acometer soluciones prácticas de reducción de los delitos financieros y su impacto fiscal incorporando políticas más decisivas el seno del BCE.
“El hombre – decía Aristóteles- es el más noble de todos los animales que existen, siempre y cuando no esté separado de la justicia y la ley”
No se puede pretender un mejor ejercicio redistributivo de la riqueza sin combatir los delitos financieros en la administración de los recursos del Estado, reconociendo y abordando su verdadero impacto socio económico con la debida actuación que permita sentar las bases de una verdadera equidad social.
Continuará.