No hay camino seguro para rescatar a Venezuela del secuestro castro madurista en que se encuentran las instituciones del estado, las condiciones de alarmante pobreza de la población y la impunidad con la cual algunos funcionarios perpetran delitos, denunciados y fundamentados por organismos internacionales de justicia como la Corte Penal Internacional y otras instancias como la Relatoría de Derechos Humanos de la ONU, tienen al gobierno de Maduro en el ojo del huracán, por todas partes le llueven sanciones a la cúpula madurista y por las declaraciones de altos funcionarios de los Estados Unidos, el aguacero va a continuar según los partes meteorológicos de la política internacional.
Por ese camino de profundización de sanciones anda Juan Guaidó y las principales democracias que lo respaldan, es cierto que Maduro ha resistido más de lo esperado y que no hay certeza que las sanciones lo obliguen a sentarse con los interlocutores internacionales y la oposición a negociar en serio unas elecciones libres, transparentes y verificables, pero hay que tomar en cuenta que la situación de crisis humanitaria se incrementa con Maduro en el poder, se agudiza en todos los sentidos y lo peor para él, es que ya no vale disimulo, maquillaje ni mentira que pueda disfrazar la desnutrición, el éxodo migratorio de millones de venezolanos, el desastre hospitalario y de la salud en general que se agudiza con la incapacidad para manejar la pandemia ocasionada por el Covid 19. La única respuesta de Maduro a la mayor inflación del mundo ha sido la de dolarizar los servicios públicos y los precios de la gasolina, el capitalismo salvaje de Maduro ha permitido y promueve una dolarización perversa en donde los salarios y las pensiones continúan cancelándose en bolívares devaluados, manteniendo el nivel de ingreso de millones de venezolanos muy por debajo de los índices de pobreza aceptados internacionalmente, contrastando con los que tienen ingresos en divisas provenientes del sector privado y remesas familiares que están estratificados, desde el nivel sobrevivencia en la mayoría de los casos hasta el nivel bodegón, con todas las diferencias que pueden encontrarse entre una mayoría sobreviviente en la base de la pirámide dolarizada y una minoría próspera en la cúspide, bien sea porque ha desarrollado emprendimientos lícitos o disfruta de los beneficios del enchufe con el gobierno y sus funcionarios en sus distintas instancias, que abarcan desde el entorno de la cúpula con sus contratos y empresas fantasmas, hasta el lavado de dinero proveniente de variados delitos incluido el narcotráfico, en donde existe una sociedad de cómplices que involucra no sólo a algunos miembros de la Fuerza Armada y policial, sino también a encumbrados personajes de rancio abolengo, porque como dijo el líder adeco Gonzalo Barrios hace más de 50 años, en Venezuela no hay razones para no robar, aquí y esto hay que recordarlo se ha robado en todos los gobiernos, en unos más que en otros, pero nunca se había alcanzado el record que ostentamos de opacidad y saqueo. Con la llegada de Chávez al poder y más concretamente a partir del Plan Bolívar 2.000, lanzado el 27 de febrero de 1999, que fue la primera de las misiones bolivarianas, se le repartió a los generales y almirantes de la república millones de bolívares en efectivo, para que supuestamente lo repartieran en una especie de plan de emergencia social, similar en intención con el que llevó a cabo con mucho menos recursos y ladrones, el Presidente de la Junta de Gobierno Vicealmirante Wolfang Larrazábal Ugueto en 1958. Con esta misión se institucionalizó el populismo chavista que ha desangrado las arcas de la nación y ha engrosado las cuentas bancarias en el exterior de unos cuantos.
El régimen ha explotado mediáticamente los casos de presunta corrupción en el gobierno interino de Guaidó, contribuyendo a fortalecer la matriz de opinión que todos los políticos roban cuando se les presenta la oportunidad, esa matriz ha perjudicado a la política y a los políticos, aunque hay que aclarar que esto no es exacto, en la administración pública hay una mayoría decente, así como en la política y en la Fuerza Armada, la intención de que todos somos capaces de cometer delito si se nos presenta la oportunidad, es una campaña bien pensada para desmovilizar a la mayoría descontenta, restándole confianza al liderazgo opositor que lidera Juan Guaidó con su propuesta de cambio, o cualquiera que asuma el liderazgo opositor en Venezuela.
En definitiva, hay un alejamiento de los venezolanos de la política y los políticos, en el caso de Maduro y el PSUV porque no soluciona nada y la crisis se hace cada día más compleja sin que asomen indicios que puede amainar, mucho menos darle solución a algo que mejore las condiciones de vida deplorables en que nos encontramos, y con respecto a Guaidó y a la oposición, la ausencia de resultados concretos y el hecho que las promesas no se han hecho realidad, se percibe como una estrategia inconclusa, sin desenlace.
Visto así, la polarización se ha debilitado porque ninguno de los polos ha logrado imponerse hegemónicamente, hay un empate técnico que es el que explica la conducta de desinterés hacia lo político. En ese escenario despolarizado el mayor beneficiario es Maduro, porque su propuesta de elecciones con el CNE, nombrado por su Asamblea y custodiados por sus militares y su milicia al frente del Plan República, le garantiza una cómoda victoria en minoría, compitiendo contra los restauradores de la vieja política que apuestan a una convivencia hasta las presidenciales de 2025.
Pero como en política nada es seguro, la estrategia de Maduro no depende de lo que haga o deje de hacer, depende del reconocimiento del mundo democrático, algo que no ha logrado conseguir con su elección en 2018, tampoco con las parlamentarias de 2020 y casi seguro que no lo conseguirá con la elección de gobernadores este año ni en cualquiera otra que se realice. El reconocimiento que no tiene ni tendrá, es el arma democrática más importante que tenemos en este momento para rescatar a Venezuela, incluso es un arma más poderosa que el voto en unas elecciones sin condiciones reales, que no van a ser libres, transparentes ni verificables.