El 2020 será un año para el olvido, principalmente en materia financiera. La pandemia, es una amenaza para la vida y también para la actividad económica y, en efecto, las empresas fueron particularmente afectadas por las medidas de confinamiento. No obstante, aunque esto fue evidente para todo el planeta, dado que todos los países y gobiernos implementaron políticas fiscales que redujeron, y en muchos casos condonaron, el pago de impuestos, la administración pública en Venezuela fue ajena a todo ese acontecer y, contrario a la lógica elemental, no solo mantuvo su tradicional sordera sino que pisó a fondo el acelerador de la voracidad fiscal denominándola “armonización tributaria”. En el municipio Libertador (Carabobo) no fuimos la excepción, afortunadamente, la Cámara de Comercio de Libertador mantuvo de forma insistente la exigencia al gobierno municipal de revisar el impacto del incremento de impuestos resaltando sus obvias consecuencias en cierre de empresas y pérdida de puestos de trabajo.
Salió humo blanco y, para alivio de empresarios, trabajadores y ciudadanía en general, el Alcalde Juan Perozo, recién en marzo de 2021, firmó el decreto AML DA 001 02 2021 bajo el cual hubo una importante y temporal reducción de tributos, tanto residencial como comercial, que incluso, valga decirlo, es la mayor reducción impositiva porcentual del Estado Carabobo. No cabe sino evidenciar que el alcalde cobró, tardíamente, conciencia de la gravedad del problema. Ahora bien, tal como lo revela el decreto, esta reducción impositiva tiene efectos temporales en vista de que los incrementos tienen origen en la aprobación de las ordenanzas respectivas por el Concejo Municipal.
Los concejales acaban de ser dejados colgados de la brocha por el Alcalde en su inconsulta y perniciosa aprobación de incremento de impuestos. Los concejales, ahora, además de explicar cómo es que aprueban ordenanzas tributarias sin consultar a los contribuyentes y expertos, también deberán reformular las ordenanzas respectivas para que estas sean coherentes con la nueva política fiscal del ejecutivo local (esperamos que esta vez si puedan reunirse con los comerciantes e industriales). Debemos decirlo sin pelos en la lengua, la actual camada de concejales no son un ejemplo de transparencia y autonomía, pero es que incluso los apéndices perrunos de ejecutivo deben ser coherentes con lo que aprueba su jefe. Si el alcalde reduce los impuestos vía administrativa pues, lógicamente, ese Concejo Municipal de unanimidad oficialista debería hacer lo propio en el marco de sus competencias. Bien lo hagan por convencimiento de los daños causados contra la actividad económica o bien al darse cuenta que este municipio es de bajo recursos.
En todo caso, todos los factores y actores políticos del municipio Libertador debemos coincidir en que la pandemia del Coronavirus exige instituciones públicas que tomen decisiones consultadas, buscando consensos, entendiendo que nadie debe ser dejado atrás a su suerte. El Coronavirus y sus consecuencias económicas nos rodean y amenazan a todos y sin distingo con su tufo a muerte y hambre, sin empresas no hay ni empleos, ni impuestos, ni productos, ni servicios, por tanto, el municipio y sus instituciones deben responder a ese escenario con gobernanza democrática antes que con imposiciones caprichosas. En contextos complejos como el actual los errores los pagamos todos, por ello pongamos fin a la Voracidad Fiscal.
Julio Castellanos / [email protected] / @rockypolitica