Olvidados y sin derecho a la salud: La realidad de consumidores de drogas en México

Contrario a lo que podría pensarse, México tiene niveles de consumo por debajo de otros países como Argentina y Chile (Foto: AFP)

 

Las drogas en México es un tema que se ha enfocado por años en el tráfico y la delincuencia. Ante ello, los usuarios de sustancias han sido relegados a un plano atestado por los estigmas, la criminalización y condiciones de riesgo que constantemente complican y vulneran su derecho a la salud.

Por Diana Soto / Infobae

El conflicto histórico del consumo de drogas es que “no existía ningún tipo de servicio, intervención o entendimiento de que hay muchas personas que no pueden, no quieren, o no están en condiciones de descontinuar el consumo”, explicó a Infobae México la directora general de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), Lisa María Sánchez, cuya organización obtuvo el primer amparo en favor de la regulación de la marihuana en México.

Contrario a lo que podría pensarse, los altos niveles de narcotráfico en México no se traducen a un consumo del mismo nivel. De hecho, de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el país no alcanza ni el lugar 15 en el uso de anfetaminas, opiáceos, opioides, éxtasis o marihuana.

El primer mito a derribar, asegura Lisa María Sánchez, es que México tiene altos niveles de consumo de drogas. “La gente piensa que como tenemos mucho narcotráfico, tenemos muchísimo consumo de droga, pero el prevalente es menor a países como Chile o Argentina”.

Tanto la ONU como diversas organizaciones han señalado que los consumidores no merecen morir por el simple hecho de consumir sustancias (Foto: Shuterstock)

 

Para atender a este sector de consumidores existen los llamados enfoques de reducción de daños. Estos recalcan que ” los gobiernos no deben obviar la procuración de los derechos humanos y los impactos en salud pública bajo las políticas actuales relativas a las drogas”, según el reporte de la Open Society Foundations publicado en 2020 y basado en las declaraciones de la propia Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Esta forma de atención hizo visible los problemas de salud pública relacionados con consumo, más allá de una posible adicción. Entre ellos, las heridas, laceraciones y abscesos provocados por las herramientas de común acceso para los usuarios de sustancias, que también podía derivar en el agravamiento de condiciones de salud persistentes y el contagio de enfermedades por la vía de administración.

“Se entendió que si las personas no podían o no querían descontinuar consumo de sustancias, de todos modos no tenían por qué morir, ni tenían que sufrir una sobrecarga de enfermedad por el uso de drogas. Se tenía que lograr algo con ellas aún si no lograban transitar a la abstinencia”, explicó la directora del MUCD.

LA PROHIBICIÓN: USUARIOS COMO SUJETOS DE DERECHO, NO DE CARIDAD

La prohibición y criminalización arroja el consumo a la clandestinidad (Foto: Galo Cañas/Cuartoscuro)

 

La reducción del daño es el paso intermedio entre la prevención y el tratamiento del consumo, explicó la directora de MUCD. Especialmente puntualizó que el uso de drogas no elimina el derecho humano a la salud.

Por ello, diversas organizaciones han enfocado sus esfuerzos en ir hasta el consumidor para implementar esquemas de reducción de daños como que la sustitución de algunas drogas por alternativas menos agresivas como la metadona, la entrega de jeringas limpias para evitar contagios de enfermedades como VIH Sida o hepatitis o el acceso a información y medicamentos para casos de emergencia.

En México, recién se aprobó en lo particular la Ley Federal de Regulación de Cannabis; sin embargo, el Senado no eliminó por completo la prohibición del consumo como lo ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo cual obstaculiza también las estrategias de reducción del daño.

“La prohibición limita y dificulta toda intervención de con cualquier persona usuaria de drogas porque parte del supuesto de que hay que erradicar la producción y el consumo”, explicó. “El problema es que si tú vives en ese enfoque donde la sustancia es ilegal, el sujeto que la posee puede ser arrestado, procesado y encarcelado y ¿dónde estuvo la oportunidad para la salud?”.

A pesar de una prohibición latente, Lisa María Sánchez asegura que es posible establecer este tipo de esquemas cuando la necesidad es “reconocida y tolerada” por la sociedad y el Estado. Detalló que “la prohibición es nociva en todos los sentidos porque, cómo busca esquemas de consumo cero y producción cero, ilegalizar la sustancias hace que el tratamiento estándar de las personas usuarias es que son personas que rompieron la ley y merecen ser castigadas”.

Al prohibir por completo el consumo, puntualizó, este se empuja hacia la clandestinidad y las personas prefieren no declararlo por miedo a ser estigmatizadas o arrestadas. “Los enfoques de reducción del daño garantizan los servicios a los que los consumidores tienen derecho . Generalmente, se toma a los usuarios de drogas como sujetos de caridad, cuando son sujetos de derecho”.

El abogar por la salud de los usuarios de drogas responde, además al respeto a una vida digna y a la no discriminación, por mencionar algunos. “La reducción del daño es una de las muchas alternativas que el Estado debería poner a disposición de la población para que se mejore la calidad de vida y disminuya el riesgo de enfermedad”, señaló la activista.

Sin embargo, pese a que esto está reconocido en la Norma Oficial Mexicana de Tratamiento de Drogas (NOM 028) este derecho de los consumidores se encuentra prácticamente en la desatención total. De hecho, muchas de las organizaciones que trabajan reducción del daño están focalizadas en prevención de VIH SIDA o hepatitis entre usuarios de drogas, pero también existen algunas iniciativas en ciudades fronterizas como “Compañeros”, en Ciudad Juárez, Chihuahua, o “Verter AC”, en Hermosillo, Sonora.

La desatención del gobierno hacía la garantía de la salud de los consumidores genera un conflicto de derechos humanos y fuertes estigmas sobre los usuarios, señaló Lisa Sánchez. “Automáticamente la reacción es decir: ‘las personas que cayeron en un consumo problemático o en una adicción, solitas se lo buscaron. Como fue un acto de voluntad, por qué vamos a dejar que el Estado les provea servicios’”.

Hasta la fecha no existe un subsidio gubernamental para atender la reducción de daños y los centros de adicciones son casi en su totalidad privados, lo que dificulta el acceso generalizado a este tipo de esquemas.

Sin embargo, señaló la directora de MUCD, la ONU también ha recalcado que el uso de sustancia no invalida los derechos de una persona y existen iniciativas de la sociedad civil para atender esta necesidad. El principal objetivo es que se entienda que “el consumo de drogas no debe definir a qué derechos y servicios puede o no acceder una persona”.