La familia de Fernando Albán, el político venezolano que fue encontrado muerto bajo condiciones misteriosas después de haber sido detenido por la policía de inteligencia, introdujo una demanda en Estados Unidos por daños y perjuicios contra el gobernante Nicolás Maduro y sus más cercanos colaboradores alegando que encabezan una organización criminal que tortura y asesina a sus enemigos.
POR ANTONIO MARIA DELGADO / EL NUEVO HERALD
El recurso legal intenta hacer uso de la ley de Chantaje Civil, Influencia y Organizaciones Corruptas (RICO por sus siglas en inglés) que ha sido utilizada con éxito para enjuiciar a las altas figuras del crimen organizado. El instrumento también puede ser usado en demandas civiles, pero uno de los mayores obstáculos en casos como el de Albán es demostrar que cae bajo la jurisdicción estadounidense, dijeron abogados consultados.
En la demanda introducida en febrero en la corte federal de Miami, la viuda de Albán, Meudy Albán Osio, y sus hijos exigen el pago de compensación no especificada contra los demandados, entre los que también figura el ministro de Defensa Vladimir Padrino López, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, el fiscal General Tarek Saab y el ministro de Electricidad y antiguo ministro de Relaciones Interiores, Nestor Reverol.
El recurso legal también fue presentado en contra de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y al denominado Cartel de Los Soles, agrupaciones que la familia de Albán acusa de conformar conjuntamente con Maduro y sus lugares tenientes una sociedad criminal que hace uso recurrente de la tortura y de los asesinatos para proteger y encubrir sus presuntas actividades de corrupción y narcotráfico.
El Nuevo Herald no recibió respuestas a correos electrónicos enviados a la oficina de la presidencia de Venezuela, el ministerio de Defensa y al ministerio de Información solicitando reacciones sobre el caso.
La familia de Albán también declinó brindar declaraciones. En un mensaje escrito, su abogado, Jaime Guttman señaló que los documentos de la corte hablan por sí mismo y que los familiares han sido traumatizados. “No tienen planes de hablar con periodistas en este momento”.
Los alegatos de la demanda descansan en parte sobre acusaciones y pronunciamientos previamente realizados por fiscales y autoridades estadounidenses, así como organizaciones multilaterales y por organizaciones no gubernamentales que velan por los derechos humanos.
Albán, integrante del partido opositor Primero Justicia que se desempeñaba como concejal del Municipio Libertador (Caracas), fue detenido el 5 de octubre del 2018 en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar proveniente de Nueva York, donde se había reunido con su familia y colaborado en los preparativos para la participación de la oposición venezolana en la Asamblea General de la ONU.
Albán murió tres días después bajo custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), evento descrito por Saab como un suicidio. “El concejal pidió ir al baño y, mientras estaba allí, se lanzó al vacío desde el décimo piso”, declaró el fiscal general de Maduro ante los medios de comunicación.
Portavoces del régimen luego anunciaron que Albán había sido detenido en marco de las averiguaciones sobre el fallido atentando contra Maduro perpetrado con drones un par de meses antes.
Pero dirigentes de la oposición denunciaron que en realidad murió mientras era salvajemente torturado por agentes del SEBIN y que luego fue lanzado al vacío para tratar de ocultar el crimen.
“Lo torturan hasta la muerte y simularon un salto por una ventana”, describió el dirigente opositor Juan Guaidó, a quien Washington considera como el legítimo presidente de Venezuela, mientras conmemoraba el primer aniversario de su muerte.
Camino cuesta arriba
Los alegatos sobre la presunta participación de los acusados en operaciones de narcotráfico es un elemento central en los esfuerzos de la familia por establecer que las cortes estadounidenses tienen jurisdicción sobre eventos que tomaron lugar principalmente en Venezuela.
Establecer la jurisdicción es fundamental, dijo el abogado y ex fiscal estadounidense Marcos Jiménez. “Si una corte no tiene jurisdicción, no tiene ningún poder para actuar en un caso”, enfatizó.
Los demandantes alegan que la tortura de Albán en la sede del SEBIN en Caracas viola la legislación estadounidense, “ya que se produjo en el marco de una conspiración narcoterrorista destinada a inundar los Estados Unidos de cocaína y a blanquear sus beneficios a través de los Estados Unidos”.
Pero aún con ese alegato el camino para establecer la jurisdicción podría terminar siendo de todas maneras cuesta arriba porque la Corte Suprema de Justicia en una decisión previa estableció límites a la aplicación extraterritorial de la ley RICO, dijo Joseph DeMaría, un ex fiscal federal especializado en la mencionada legislación.
“Ellos van a tener que demostrar no solo que la actividad criminal tomó lugar en Estados Unidos, sino también que los daños por los cuales se está demandando fueron causados dentro de Estados Unidos”, algo extremadamente difícil de establecer cuando la muerte se produjo en Caracas, explicó DeMaría.
DeMaría, quien ha defendido a venezolanos que han sido demandados bajo las previsiones de la ley RICO, dijo que ha visto como varios casos de ese tipo han fracasado por las mismas limitaciones a la extraterritorialidad impuestas a las demandas civiles.
El largo brazo de Maduro
Los demandantes, por su parte, argumentan que el presunto asesinato por lo menos tuvo sus orígenes en suelo estadounidense, dado a que agentes del régimen comenzaron a seguir a Albán antes de que llegara a Venezuela, cuando éste se encontraba en Nueva York.
El concejal venezolano había denunciado al régimen por violaciones a los derechos humanos en varios de los eventos en los que participó en Nueva York en medio de los preparativos para la Asamblea General de la ONU en septiembre del 2018, lo que llamó la atención de los altos jerarcas del régimen en Caracas, agrega el documento presentado en la corte.
Para algunos compañeros de Albán, fueron las acciones de los agentes de Maduro en Nueva York los que condujeron a su arresto en Caracas.
“La delegación venezolana encabezada (por el líder opositor) Julio Borges estaba siendo perseguida por gente acreditada por el Consulado de Venezuela. Ellos estaban manejando el monitoreo, la toma de fotografías y videos. (…) Estoy convencido que fue allí donde Fernando Albán fue identificado (por el régimen de Maduro) y fue lo que condujo a su arresto cuando llegó a Caracas”, dijo el opositor Gustavo Marcano, en declaraciones recogidas en la demanda, al resaltar que antes de ese momento el concejal mantenía un bajo perfil.
Lo cierto es que a Albán lo estaban esperando cuando su avión aterrizó en Caracas a los pocos días.
Como era su costumbre, Albán llamó a su esposa a través de su celular para informarle que ya había aterrizado, pero poco después de pasar por inmigración, fue súbitamente detenido por agentes del SEBIN.
La demanda califica la detención como un secuestro al argumentar que los agentes carecían de una orden de arresto.
Historias de horror en el décimo piso
En la última conversación que sostuvo con su esposa, Albán le contó que estaba detenido en el décimo piso del edificio del SEBIN, ubicado en Plaza Venezuela en Caracas, donde está ubicada la sección de contrainteligencia del organismo.
“Esta noticia aterrorizó inmediatamente a la Sra. Albán Osio. Ella conocía bien la reputación del SEBIN de torturar a los presos políticos, especialmente en la décima planta del edificio del cuartel general y en su sótano, La Tumba”, señala la demanda.
“Muchos presos políticos han muerto brutalmente allí a manos de agentes del régimen de Maduro, después de experimentar diversas formas de tortura, incluyendo el ahogamiento, las descargas eléctricas, la asfixia, las palizas, los simulacros de ejecución, los cortes profundos, las quemaduras de cigarrillos y los abusos sexuales”, agrega.
Albán se había visto obligado a llamar por el altavoz del teléfono, y su esposa pudo escuchar otras voces detrás de su marido. Aunque tenía limitaciones en cuanto a lo que podía decir en la llamada, el concejal pudo dar pistas a su esposa sobre los peligros que enfrentaba.
Cuando la esposa de Albán preguntó a su marido por qué estaba detenido, los agentes del SEBIN ofrecieron una lista de delitos, incluyendo “terrorismo” e “intento de asesinato” contra Maduro.
Albán pudo revelar que estaba siendo presionado para incriminar falsamente a Borges en el atentando de agosto de ese año, cuando dos drones cargados con explosivos intentaron llegar hasta una tarima en la que se encontraba Maduro e importantes integrantes de su régimen durante un evento público. A cambio de lo cual le ofrecieron dejarlo en libertad, alega la demanda.
Tras preguntar por sus hijos, Albán le pidió a su esposa que se mantuviera fuerte y unida. Pese al tenebroso contenido de la llamada, Albán Osio se mantuvo optimista y creía que el SEBIN acabaría soltando a su marido dado a que “todo el mundo sabía que el Sr. Albán no tenía nada que ver con ese supuesto ataque con drones, y que cualquier sugerencia en sentido contrario era absurda”.
Según la demanda, Albán murió luego de ser sometido a descargas eléctricas “insoportablemente dolorosas”.
Pero es difícil definir la causa final de la muerte debido a que el cuerpo del concejal cayó desde un piso alto del edificio y nunca fue sometido a una verdadera autopsia, alegan los demandantes.
“El Régimen de Maduro realizó una autopsia apresurada y de mala calidad que fue diseñada para encubrir la tortura y el asesinato del Sr. Albán”, señala la demanda al resaltar que la misma fue rechazada por expertos de la ONU designados para investigar el caso.