Comisión Especial de Justicia y Paz y Observatorio Nacional de DDHH, atienden denuncias de familiares de los presos políticos

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El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó (c, al fondo) preside una sesión ordinaria del Legislativo junto al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa (i), y al segundo vicepresidente, Carlos Berrizbeitia (d), este martes en San Antonio de los Altos (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez

 

 

 

Familiares de los presos políticos denunciaron ante la presidente de la Comisión Especial de Justicia y Paz, Delsa Solórzano y el Observatorio Nacional de Derechos Humanos las torturas, vejaciones, acoso, desapariciones, la negación de las visitas, de asistencia médica y de una defensa justa por parte del Estado y contra los presos políticos.

Delsa Solórzano, presidente del partido Encuentro Ciudadano, aseguró este miércoles 24 de marzo que en Venezuela se torturan a los presos políticos y se violan los derechos humanos de las víctimas y sus familiares.

“Que se sepa en el mundo que en Venezuela se violan todos los derechos humanos, que en los sótanos del DGCIM están matando con torturas a los presos. Esa es la verdad, no podemos olvidar lo qué pasó con el capitán Acosta Arévalo, quien fue asesinado producto de las torturas en el sótano del DGCIM donde muchos otros venezolanos están viviendo lo mismo”, aseguró la defensora de derechos humanos en un foro on line, que sirvió para escuchar las denuncias de los familiares de las víctimas.

El foro fue celebrado en el marco de la conmemoración del Día Internacional del Derecho a la Verdad y fue auspiciado por la Comisión Especial de Justicia y Paz y el Observatorio Nacional de Derechos Humanos, que preside la diputada Adriana Pichardo.

Pichardo recalcó a los familiares de los presos políticos que gracias a ellos pudieron demostrarle al mundo lo qué pasa en Venezuela en materia de DDHH. “Hoy son 325 presos políticos y 325 familias que son víctimas de calamidades y víctimas de la violación de DDHH y de cómo utilizan el sistema de justicia para callar voces. Desde hace casi un año los presos políticos de ramo verde no pueden ver a sus familias igual que en el DGCIM”, denunció Pichardo.

Los familiares denunciaron torturas, vejaciones, acoso, desapariciones, la negación de las visitas, de asistencia médica y de una defensa justa.

María Gabriela de Mejía, esposa del coronel Jhonny Mejías Laya, denunció que su apartamento lo allanaron cuando sus dos hijas estaban dentro de la vivienda. “El acoso es constante a los familiares. Nos han quitado negocios, allanaron varias veces la casa de su abuela de 87 años de edad. A Jhonny le han negado la atención médica”.

Venecia Zambrano, hermana del coronel Pedro Zambrano, aseguró que su hermano ha sufrido torturas desde que lo detuvieron en 2018. “Tiene un año sin recibir visitas en Ramo Verde. En Venezuela se violan todos los derechos humanos, torturan, secuestran y desaparecen”.

La misma situación la viven los familiares del teniente Franklin Caldera, cuyos padres denunciaron que su hijos “está siendo vilmente torturado al borde de la muerte por los golpes que recibe en el centro de tortura donde lo tienen en el 23 de enero”. Exigieron una fe de vida del militar y el derecho a la defensa.

Solórzano explicó que el derecho a la visita está contemplado en todos los tratados y pactos y internacionales que tratan sobre los detenidos de libertad. “No solo se violan los DDHH de aquellos que están en prisión o desaparecidos, sino los de sus familiares. Cuando no se permite el acceso a la visita, al abogado o al familiar, el prisionero se encuentra en desaparición forzada”.

Tanto Solórzano como Pichardo aseguraron que los relatos de los familiares serán documentados por la Comisión Especial de Justicia y Paz junto al Observatorio, para que quede como testimonios y sean elevadas a todos los organismos pertinentes en materia de DDHH.

Comunicado de Prensa