La crisis de la democracia se presenta a nivel global como una de los fenómenos que se asoman en el complejo y cambiante mundo del presente siglo. Se trata de una crisis vinculada a las condicionantes determinadas por las novedosas características de la nueva economía, a las nuevas relaciones de la geografía del poder mundial, a la brecha entre riqueza, pobreza y desigualdad social y, especialmente a la quiebra de valores y principios que se vive en la sociedad contemporánea.
Las circunstancias arriba señaladas se destacan, de manera casi dramática en la mayoría de los países de América Latina, lo que explica el rezago de la región en su proceso de desarrollo y la fragilidad de sus instituciones democráticas con frecuentes crisis de gobernabilidad, déficit de liderazgo político y escándalos por manejos dolosos en la gestión pública.Todo lo cual ha generado un pronunciado debilitamiento del Estado democrático, el desprestigio de la política y sus dirigentes y un limitado papel de la sociedad civil en el control de la gestión de gobierno por el deterioro de la cultura cívica y la marcada desconfianza sobre el papel de los partidos y sus conductores en el ejercicio político y en funciones de gobierno.
Hay que resaltar que América Latina y el Caribe constituyen la región que tiene la mayor desigualdad en la distribución del ingreso a nivel mundial, lo que representa una de las graves amenazas para la estabilidad de la democracia. Las cifras de CEPAL señalan que en las últimas décadas el 10% de los grupos más ricos de la región se han beneficiado, en promedio regional con el 37% del ingreso, es decir con una porción casi tres veces por encima de lo que ha recibido el 40% más pobre, lo que para estudiosos del tema está realidad se refleja igualmente en la concentración del poder e implica pérdidas en la capacidad estatal para expandir la ciudadanía y limita la tramitación de las demandas sociales.
Cifras de Latinobarómetro sobre 18 países reflejan un proceso de desencanto regional con el gobierno representativo ya que para la fecha del informe de 2018 sólo el 24% reconoce satisfacción con la democracia, lo que contrasta con el 44% de 2010. Similar tendencia muestran las valoraciones sobre la confianza en los partidos políticos, la que ha registrado una notable caída del 13% que explica el pronunciado debilitamiento de las organizaciones políticas tradicionales. Ese mismo informe de Latinobarómetro señala que el respaldo público a la democracia por encima de los regímenes autoritarios ha caído del 61% en 2010 a tan solo el 48% para 2018. Todo lo cual confirma la crisis de ese sistema y de las instituciones políticas, la cual tiende a profundizarse en la gran mayoría de los países de la región.
Los factores más relevantes que explican el pronunciado descontento de la población con la democracia y los políticos y sus organizaciones están relacionados con la desigualdad social y el desempleo, la ineficiencia de los gobiernos para asegurar una aceptable calidad de vida a los ciudadanos, la inseguridad y el crimen organizado. Sin embargo a nuestro juicio el déficit ético y la corrupción constituyen las mayores amenazas anti democráticas, ya que son frecuentes en la región los políticos de notable pobreza moral e intelectual que practican la política no como un servicio público sino con objetivos crematisticos, y que al margen de consideraciones ideológicas saltan de un partido a otro en la búsqueda egoísta de posiciones de poder. La región asoma las perversidades de la corrupción con más de 12 expresidentes, vicepresidentes y altos burócratas acusados de enriquecimiento ilícito, lo que explica el porqué cerca de la mitad de los latinoamericanos piensa que la mayoría de los funcionarios pueden estar implicados en manejos dolosos en sus funciones y, según Latinobarometro 2018, el 65% piensa que el problema de la corrupción se esta acentuando y generalizando, con vinculaciones en algunos casos con el narcotrafico y otras aberraciones que afectan el normal desenvolvimiento de las actividades públicas y debilitan la legitimidad democrática.
A los referidos condicionantes que amenazan la institucionalidad democrática a nivel global, y especialmente en América Latina, hay que agregar la ofensiva neomarxista o social comunista, tendencia anti democrática que surgió como la nueva izquierda a principios de los años noventa, luego del colapso de la Unión Soviética y del empeño fracasado de casi diez décadas por imponer el comunismo que dejó como nefasto legado la muerte de más de cien millones de seres humanos -más de cuatro veces las cifras de víctimas del Nazismo-, incluyendo los genocidios de los gobiernos tiránicos de Stalin en Rusia, Mao en China y Pol Pot en Camboya.
Conviene destacar que esta nueva izquierda ya no propicia la confrontación entre clases sociales sino la penetracion ideológica en las instituciones para promover sus retrógradas ideas, con un cambio de estrategia y el disfraz de Socialismo del Siglo XXI y un discurso de Progresismo que se promueve como dogma que paradójicamente coincide con tendencias derechista en el objetivo común de romper con el pasado, con la herencia histórica y con los valores y tradiciones de la cultura occidental para imponer un nuevo orden moral y político. Esta tendencia totalitaria y estatista tiende a exacerbarse en las circunstancias actuales, condicionadas por la pandemia sanitaria y el confinamiento mundial para enfrentarla, además de sus consecuencias sociales derivadas del colapso económico en términos de desempleo e incremento de la pobreza. Esta nueva ofensiva anti democrática se impulsa siguiendo las ideas de Gramsci -el teórico marxista italiano y uno de los fundadores del partido comunista de ese pais-, promotor de una ideología neomarxista orientada a penetrar por la mente, mediante un fuerte manejo mediático con férreo control de los sistemas de información, del sistema educativo y la promoción de seudointelectuales como máximos exponentes de una nueva cultural que desconoce los valores y principios de la democracia liberal.
Frente a esas nuevas realidades y serias amenazas a la libertad y a la democracia se asoma igualmente la evidencia de que en la dinámica de cambios exponenciales que caracterizan al Siglo XXI, ninguna organización política ni movimiento ideológico tiene una clara visión del futuro que deberá confrontar la sociedad global, ya que tradicionalmente los supuestos líderes políticos sólo han sido gestores del día al día, con una visión cortoplacista que los lleva a preocuparse sólo en próximas elecciones y no en el futuro de las próximas generaciones.
Las anteriores circunstancias nos obligan a entender que la política nos afecta a todos y no puede ser el monopolio de unos pocos privilegiados ni de agrupaciones partidocraticas. Por ello la sociedad contemporánea tiene el reto histórico del rescate de la democracia y defensa de la libertad con estrategias apropiadas para confrontar los graves problemas económicos y sociales y el desprestigio generado por el manejo poco transparente e ineficiente de quienes han fungido como actores responsables de la gestión política y de gobierno. Igualmente las organizaciones de la sociedad civil, incluyendo las élites intelectuales, deben desarrollar acciones para contrarrestar el avance del progresismo neomarxista o socialcomunista que representa la amenaza ideológica más grave que está poniendo en peligro los fundamentos y principios libertarios de la democracia.
“La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo”. Esa notable sentencia de Nelson Mándela, el gran líder político sudafricano quien gobernó a su país de 1994 a 1999 como el primer mandatario negro que encabezó el Poder Ejecutivo electo por sufragio universal, nos señala el camino más adecuada para el cambio que debe impulsarse desde la sociedad civil y sus instituciones para salvar la democracia. Pero como condición previa se requiere concebir la democracia bajo un enfoque integral, lo cual supone no sólo el reconocimiento de la voluntad popular expresada en elecciones libres sino igualmente valorar la importancia de la promoción y protección de los derechos humanos, el respeto a la división de poderes bajo el criterio de un Estado de derecho en el que se asegure la plena libertad de los medios de comunicación social y se garantice la activa participación de la sociedad civil y sus instituciones en la vida política y en el control de la gestión pública.
En la sociedad global de la información y del conocimiento que se está configurando es imprescindible promover el papel de la sociedad civil y sus instituciones como agentes protagónicos para asegurar una eficiente gobernanza democrática al margen del populismo y del clientelismo. Igualmente se hace necesario la formación de un nuevo liderazgo político con conciencia del servicio público y sólidos valores y principios como antídotos frente al cancer de la corrupción, causante principal del desprestigio que arrastra la actividad política en los tiempos actuales con perversas consecuencias para el sistema democrático.
El reforzamiento de la ética y de los valores ciudadanos y cultura cívica que conforman el capital social debe promoverse como un magno proyecto del sistema educativo en todos sus niveles, especialmente a nivel de la educación superior como responsabilidad de las instituciones universitarias que deben asumir el papel de líderes de la sociedad civil en la defensa de la democracia. Pero igualmente ese debe ser objetivo prioritario de los medios de comunicación social, de los intelectuales y de todas las personalidades e instituciones comprometidas con la defensa de la libertad como compromiso permanente para asegurar la democracia y el correcto desempeño de todos los agentes involucrados en la actividad política y de gobierno.
Finalmente la sociedad civil debe involucrarse activamente en la promoción de nuevas ideas y valores para impulsar un sistema de desarrollo sustentable, fundamentado en un modelo de economía social de mercado que permita el progreso compartido para saldar, especialmente en América Latina, la inmensa deuda social expresada en la pobreza y desigualdad que amenaza la libertad y la estabilidad democrática. Por todo lo anterior y tal como señala Federico Mayor ex Director General de la UNESCO: “…es tiempo de avanzar hacia una democracia genuina en la que los principios democráticos se conviertan realmente en la norma de conducta del quehacer cotidiano y del funcionamiento de las instituciones locales y nacionales.”