Rafael Veloz García: Exterminio de las ONG, nueva política de Estado de la dictadura

Estamos en presencia de una nueva escalada de ataques de la dictadura contra las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), la cual tiene como objetivo primario criminalizar a estas agrupaciones de iniciativa civil, para luego avanzar hacia su exterminio. La herramienta que emplea el régimen es la providencia administrativa 001-2021, publicada en Gaceta Oficial N° 48.098 de fecha de 30 de marzo de 2021, que las obliga a registrarse ante la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo y de no cumplir con los requisitos que les exigen procederían a ilegalizalas y sus más altos directores podrían incluso ser encarcelados. Esta medida de caracter inconstitucional viola normas internacionales que protegen los derechos humanos de los ciudadanos y constituye otro severo golpe a la libertad.

Cabe resaltar que lo que se pretende es vulnerar el derecho a la libertad de asociación de rango constitucional prevista en el Art.52, de dichas organizaciones no gubernamentales, que prestan un apoyo a los sectores más vulnerables de la población venezolana mitigando el hambre y la miseria que ha ocasionado este desgobierno con la profundización de la crisis humanitaria compleja, para mantener a la población subyugada, arrodillada y aplastada a su merced, con el fin de ejercer mayor control social.

La providencia obliga a todas las personas naturales y jurídicas que forman parte de las ONG al registro de naturaleza no financiera hasta el 1 de mayo de 2021, destacando a las organizaciones sin fines de lucro, con el objeto de vigilar, controlar y supervisar a miembros, personal, listado de donantes, listado de beneficiarios, movimientos financieros y de otras organizaciones con las que tengan relación bajo la presunción de incurrir en el delito de terrorismo.

No sorprende este proceder. Desde 2020 y en medio de la pandemia por la COVID-19 este plan ha estado en marcha de manera más criminal. Hemos observado con atención el desarrollo de esta escalada de persecución contra las ONG.

Recordemos algunos hechos recientes que nos permiten señalar que los ataques y la criminalización de las organizaciones civiles y de derechos humanos de Venezuela son una nueva política de Estado del régimen de Nicolás Maduro.

A finales de diciembre de 2020, el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ). denunció que un total de 33 personas y organizaciones que defienden derechos humanos en Venezuela sufrieron ataques durante noviembre, acciones represivas con el fin de obstaculizar el trabajo de las organizaciones y de defensores, quienes son calificados por el Estado como enemigos internos, como señaló el CDJ.

El 14 de enero de este año, de manera pública, Diosdado Cabello amenazó con llevar a tribunales a Rafael Uzcátegui, coordinador de Provea, organización dedicada a la defensa de los derechos humanos en Venezuela, quien en su cuenta de Twitter publicó una carta de la Fundación Westminster para la Democracia, en la que se señala que el PSUV y el régimen de Maduro se habría beneficiado de la cooperación internacional que tanto criminaliza.
El CDJ reportó al menos 99 ataques en el mes de enero dirigidos a ONG y defensores de derechos humanos, de ellos 59 estuvieron dirigidos a ONG y organizaciones humanitarias. Uno de los casos más emblemáticos fue el de Azul Positivo del pasado 12 de enero, en que quedó en evidencia la criminalización de la asistencia humanitaria en Venezuela, con la detención de cinco de sus miembros.

Pero no son los únicos, antes también se presentaron situaciones irregulares. En diciembre del 2020, por ejemplo, fue allanada la sede de Convite, semanas antes sucedió lo mismo la de Alimenta La Solidaridad y no podemos pasar por alto que en noviembre la Superintendencia de Instituciones del Sector Financiero (Sudeban) ordenó a los bancos que monitorearan las cuentas de las ONG.

El informe Bachelet

La Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, en su más reciente actualización del Informe Venezuela en marzo pasado, no obvió el tema de la persecución de las ONG, cuando expresó: “Mi Oficina ha documentado al menos 66 casos de acoso y criminalización de periodistas, medios, defensores, trabajadores humanitarios, líderes y oposición”. Y luego precisó: “Me preocupan las recientes iniciativas para imponer restricciones indebidas a la capacidad de actuación de las ONG, incluida la congelación de activos. Pido que se reanuden los proyectos suspendidos (…) Al día de hoy, cinco activistas (los de Azul Positivo) siguen con cargos relacionados con el terrorismo y el blanqueo de dinero por haber prestado asistencia humanitaria como parte del Plan de Respuesta Humanitaria de Naciones Unidas. Más ONG siguen siendo investigadas por motivos similares”, argumentó Bachelet.

En otras palabras, el mundo sabe lo que sucede en Venezuela con las ONG y frente a este panorama, al hablar de estos ataques de los cuales son víctimas, hay que señalar que se trata de una escalada criminal de persecución que, repetimos, se ha convertido en una política de Estado del régimen.
Por tal motivo, exhortamos a la comunidad internacional, a la Comisionada de DD.HH-ONU, Michelle Bachelet, etc., a que fijen posición sobre este ataque descarado de la dictadura contra los defensores de derechos humanos, con los cuales nos alineamos, para frenar las atrocidades de un régimen criminal que busca cercenar y callar a los que luchan por el bienestar y la vida misma de la población venezolana.

Dr. Rafael Veloz
Diputado electo a la Asamblea Nacional en el 2015.