El presidente norteamericano ha pisado el acelerador en temas de calado como la vacunación masiva, la vuelta al multilateralismo, la modernización del país y el giro dado en políticas sociales. Su gran reto sigue siendo la inmigración.
Por ElPaís.com
Apenas 100 días de Joe Biden en la Casa Blanca han bastado para cerciorarse del giro profundo que ha dado Estados Unidos. El presidente de la gran potencia ha querido dejar claro desde un inicio la diferencia abismal que mantiene con su antecesor, Donald Trump. En lo económico, en materia de política exterior, en asuntos sociales o en las políticas migratorias, aunque en este caso haya tenido que recular en sus ambiciosas promesas. También, o quizás sobre todo, en la forma en que ha abordado la pandemia: Estados Unidos colocó la vacunación masiva como la principal meta de su agenda en sus primeros 100 días como presidente. Y ha cumplido con creces.
Desde el primer día, todo debía quedar sujeto a frenar la pandemia y sus consecuencias. Para reactivar la economía, en caída libre y con los peores índices desde la Gran Depresión de los años treinta, había que frenar los contagios y las muertes a toda costa. A pocos días de cumplirse el próximo jueves ese centenar de jornadas dirigiendo el país, que fracasó en la contención del virus y que suma más de 570.000 muertes, el presidente de Estados Unidos anunció que se habían administrado 200 millones de dosis de vacunas contra la covid-19. El 27% de la población está completamente vacunada, lo que se traduce en algo más de 90 millones de personas (sobre una población total cercana a los 330 millones).
Biden ha superado sus objetivos respecto a la vacunación porque ninguna de las fechas que anunció llegó a su plazo límite. Si el mandatario aseguró nada más asumir el poder que habría 100 millones de personas vacunadas en sus primeros 100 días en la Casa Blanca, ese hito se producía en el 58º día de su mandato. “Cuando llegué al poder, tan solo el 8% de la población estaba vacunada”, dijo el mandatario cuando informó el miércoles 21 de abril sobre los 200 millones de personas que ya habían sido inmunizadas. Era el día 93º de su presidencia y Biden apuntaba que más del 50% de los residentes adultos en Estados Unidos habían recibido, al menos, una primera dosis de alguna de las tres vacunas que se distribuyen en el país. A principios de este mes, la Casa Blanca comunicaba que abría la vacunación a partir del día 19 a todos los adultos del país, lo que, de nuevo, implicaba un adelanto de dos semanas sobre el objetivo antes anunciado por su Administración, fijado para el 1 de mayo. Aún así y, a pesar de la buena nueva, el mandatario quiso apelar entonces a la prudencia al declarar que Estados Unidos está todavía “en una carrera a vida o muerte contra el virus”.
La última medida que el mandatario ha puesto en marcha para animar a la población a vacunarse es un crédito fiscal para los gastos de los permisos necesarios de vacunación de los empleados de empresas y negocios de menos de 500 trabajadores. “Ningún trabajador de Estados Unidos debería perder un solo dólar de su sueldo para tomarse un tiempo para vacunarse o recuperarse de la enfermedad”, manifestó Biden. ¿Cómo ha conseguido el demócrata tales cifras? Recurriendo, según sus palabras, a una táctica de colaboración entre empresas similar a la que se vivió “en la Segunda Guerra Mundial”, comparó Biden. No obstante, la idea de resucitar una ley de tiempos de contienda para frenar los contagios y muertes por covid no llegó con Biden. El expresidente Donald Trump logró fabricar las primeras partidas de vacunas con la ayuda de la Ley de Defensa de la Producción, una norma que databa de la Guerra de Corea (1950) y que concede al presidente de Estados Unidos potestad para obligar a las empresas a aceptar y priorizar contratos necesarios para la seguridad nacional.
La pandemia llevó a la Administración de Trump a invocarla, tanto para acelerar la producción de mascarillas como para luego poder asegurar ciertos suministros para la producción de la vacuna. La receta del éxito de Biden está en que el mandatario reforzó las ayudas a los Estados, multiplicó los centros de vacunación federales y apostó por la red de farmacias de proximidad. Esa ha sido una de las claves del triunfo: que las vacunas están disponibles en muchas partes, ya sea en un campo de béisbol habilitado para inocularla o en descampados a los que se puede acudir para recibir la dosis sin ni siquiera bajarse del coche. La producción y la distribución han sido decisivas y son las responsables, en gran medida, de este éxito. Algo que no logró la Administración de Trump, que confió el plan a los diferentes Estados de la Unión. Biden, sin embargo, ha tomado las riendas desde Washington para garantizar que la vacunación sea realmente masiva, y se ha centrado en la compra de suficientes dosis no solo para centros de atención médica, los primeros en recibir las vacunas, sino para que llegaran cuanto antes a toda la población, en los lugares menos esperados y sin parar por el calendario festivo. “Si hacemos esto juntos, para el 4 de julio es posible que tú, tu familia y amigos puedan reunirse en el patio o en el barrio para organizar una comida o barbacoa y celebrar el Día de la Independencia”. Ese es el objetivo último de Biden.
Ambición para superar la pandemia y modernizar el país
La ambición de los planes de estímulo y reconstrucción, sin precedentes desde el New Deal de Roosevelt, ha definido el programa económico de Joe Biden en los primeros 100 días de gobierno, pero sus objetivos van más allá. Lo demuestra su propuesta de reforma fiscal, para hacer rendir cuentas a las multinacionales —incluidas las grandes tecnológicas— que durante años han esquivado el pago de impuestos federales, y lograr financiación para sus programas. Tras su declaración de intenciones —el plan de rescate de la pandemia, de 1,9 billones de dólares (unos 1,6 billones de euros), aprobado por el Congreso en marzo—, la Administración demócrata quiere modernizar EE UU mediante un colosal plan de infraestructuras, con inversiones de dos billones de dólares a ocho años para generar millones de empleos. La reforma fiscal será, si logra la aprobación del Congreso, el instrumento para lograrlo. El objetivo último de su política es combatir de raíz lacras como la pobreza infantil y, por ende, una desigualdad social sistémica; los dos planes (el rescate y el programa de infraestructuras) incluyen numerosas iniciativas al respecto. La principal diferencia entre ambos reside en la financiación: con cargo al presupuesto federal el primero, lo que aumentará el endeudamiento; dependiente de contribuyentes el segundo.
Mediante la proyectada reforma fiscal, que pretende subir el impuesto de sociedades del 21% al 28%, el presidente no solo aspira a recaudar 2,5 billones de dólares en los próximos 15 años para financiar su exhaustivo programa de reconstrucción, sino cambiar las reglas del juego. Su propósito habrá de vérselas con el Congreso, y no solo con los republicanos. “Los [demócratas] moderados proponen una menor subida del impuesto societario, el 25%”, apunta Jack Janasiewicz, de la gestora de fondos Natixis.
Cuando Biden llegó a la Casa Blanca, aún no se veía la luz al final del túnel de la pandemia. Por eso, como prometió en campaña, la primera medida fue el plan de 1,9 billones como inyección económica directa, la mitad en forma de cheques en efectivo para hogares y negocios afectados por la emergencia; también para ampliar la cobertura de los desempleados. El plan incluía una partida de 400.000 millones para incentivar la vacunación. A juzgar por los resultados (el 25% de la población está inmunizada), el objetivo se ha cumplido. Por el camino de la tramitación parlamentaria quedó, sin embargo, la promesa electoral de subir a 15 dólares la hora el sueldo mínimo federal.
El plan de infraestructuras aspira a reforzar al país frente al avance del cambio climático; de hecho, la propuesta del primer presupuesto federal de la Administración demócrata prioriza la lucha contra el calentamiento global. “Biden está preparando una orden ejecutiva para instar a las agencias federales a tomar medidas para combatir los riesgos financieros relacionados con clima, incluyendo medidas que podrían imponer una nueva regulación a las empresas”, adelanta Janasiewicz. El principal temor es un repunte de la inflación, que hasta ahora, gracias a la intervención de la Reserva Federal (Fed), se ha mantenido a raya. “El déficit se elevará a 3,5 billones de dólares, una cifra récord, y esperamos que el crecimiento del PIB pueda superar el 7% este año [el 6,5%, según la Fed]; esto solo ha sucedido tres veces en los últimos 70 años. Se incrementan ahora las probabilidades de un periodo de inflación por encima del objetivo del banco central”, señalaban recientemente en una nota Libby Cantrill y Tiffany Wilding, de la firma de inversiones Pimco, pero “la probabilidad de un proceso inflacionista similar a lo que ocurrió en la década de 1970 sigue siendo relativamente baja”.
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