La inesperada convocatoria a elecciones es una audaz decisión de la presidenta de la Comunidad madrileña que obliga a medir en términos inmediatos la aceptación o el rechazo popular a su gestión. Si la medición le es favorable inevitablemente repercutirá de manera negativa en la estabilidad de la coalición oficialista comandada por Pedro Sánches y Pablo Iglesias.
Mientras Díaz Ayuso es valorada positivamente y esa valoración la refuerza el eficiente combate al Covid-19, por el contrario el gobierno socialista-podemos se deteriora debido a su errático y corrupto desempeño, y a la pésima conducción de una campaña sanitaria contaminada por la improvisación, el sectarismo y su utilización cómo mecanismo de controversia social y de control político.
Consciente de esa realidad la candidata orienta su discurso tanto a los habitantes de la capital cómo al resto de los españoles, que independiente de partidismos rechazan a los separatistas y a la violencia política, repudian el ataque a los sectores productivos y a la ofensiva desatada contra la democracia, contra la Constitución, la Corona y la unidad de la nación.
Como aval a su lucha por la reelección afirma, que a pesar de la pandemia, su política en Madrid logró salvar 300 mil empleos y evitó que España se situara en la antesala de una recesión económica.
Su programa proclama como objetivos reactivar la economía, fortalecer la actividad privada, rebajar los impuestos, fomentar el ahorro y la inversión y aprobar medidas legislativas que sean capaces de robustecer la economía fiscal de Madrid.
Su discurso es ajeno a arrebatos partidistas y busca captar apoyos transversales en los españoles que se sienten amenazados sus derechos ciudadanos. Por eso ha lanzado una alerta advirtiendo que “el gobierno está destrozando a España y ahora quiere destrozar a Madrid”.
Frente a un plan totalitario, que avanza con impunidad y sin resistencias importantes, declara que todas sus propuestas están enmarcadas en la democracia liberal que permitió emerger a la clase media española a partir de 1978, gracias a los históricos acuerdos nacionales suscritos en el Palacio de la Moncloa durante el gobierno de Adolfo Suárez.
Por su parte Pablo Iglesias al renunciar a la vicepresidencia y presentar su candidatura afirmó que “Madrid y España están en riesgo de que se establezca un gobierno de ultraderecha con Ayuso de la mano de Vox”, y denunció como “un inminente peligro que aquellos criminales que hacen apología del terrorismo de Estado, promueven la violencia contra inmigrantes y mujeres puedan tener todo el poder en Madrid”.
En su programa electoral Iglesias plantea, “democratizar la economía”, establecer un impuesto al patrimonio de quienes posean más de un millón de euros, y reformar el impuesto a sucesiones y donaciones para que de esa manera “los ricos paguen lo que les corresponde”.
Se pronuncia por la creación de una banca pública, por establecer la jornada de treinta y cinco horas a los trabajadores, incrementar la inversión en sanidad en mil millones de euros anuales y realizar la reversión de las privatizaciones en ese sector.
Quiere Iglesias regular los alquileres para que ningún inquilino pague más del 30 por ciento de su salario, y ofrece construir cuarenta mil viviendas de interés social.
En su largo rosario de ofertas populistas propone la gratuidad de todos los artículos de higiene y de anticonceptivos para mujeres, y establecer una renta social para las trabajadoras del hogar que se encuentren en “desempleo o infraempleo”.
Y anuncia la creación de la “Dirección General de la Diversidad” que supervise y garantice la inclusión en los currículos escolares de los contenidos relacionados a la diversidad sexual, al feminismo y a los grupos de lesbianas, bisexuales, gays y transexuales (L.B.G.T).
Al observar esta confrontación Iglesias- Díaz Ayuso que corresponden a dos visiones programáticas diametralmente opuestas, es necesario señalar que el candidato de Unidas Podemos se ha convertido en el factor polarizador más importante del debate político nacional, a pesar de representar su candidatura tan sólo una minoría cercana al 8%.
Su posición en todas las encuestas es inferior a la de su competidor en el campo de la izquierda radical, el partido Más Madrid liderado por el politólogo Iñigo Errejón, quien fue junto a Iglesias cofundador de Podemos y aparece en los sondeos recientemente realizados en la capital española con un poco más del 11%.
Y por supuesto más significativo resulta que Iglesias, con tan menguado respaldo ciudadano, marque la pauta ideológica y política al candidato madrileño del PSOE Angel Gabilondo proyectado, hasta ahora con un 23% a su favor.
En las elecciones del parlamento europeo de 2014 Podemos y los antiguos comunistas de Izquierda Unida obtuvieron 11 eurodiputados. En las de 2019 compitiendo juntos ambos partidos bajaron a 6 escaños. En las votaciones nacionales de 2015 lograron 62 diputados, para retroceder en las elecciones del 2019 a tan sólo 35.
Sin embargo a pesar de ese raquítico apoyo popular Podemos y su líder fundamental lograron escalar hasta la Moncloa, obteniendo varios ministerios y la vicepresidencia segunda, constituyendo con Pedro Sánchez el primer gabinete de coalición en la historia de la democracia española.
Ocurre que Pablo Iglesias no sólo ha sabido hacerse pagar con creces un apoyo sin el cual los socialistas no hubieran podido formar gobierno, sino que además, junto al separatismo y a una izquierda anti-sistema de conocida historia criminal, ha logrado sacudir la estabilidad de la democracia española, y comprometer al Partido Socialista en un proyecto cada vez más cercano al mal llamado socialismo del siglo veintiuno venezolano.
Haciendo su tarea durante las semanas de campaña madrileña los colectivos terrorista han practicado reiteradamente la agresión física contra las manifestaciones de VOX, el partido que lidera el diputado Santiago Abascal y que lleva como candidata a la arquitecta Rocío Monasterios. Estas violentas acciones han dejado el saldo de numerosos manifestantes heridos y de policías atacados con palos y piedras cuando intentaron, tímidamente, controlar a los agresores. Por supuesto, muy al estilo del régimen venezolano, el Ministro del Interior Fernando Marlaska califica estos hechos como enfrentamientos entre partidos que actúan en la lucha electoral, y no como actos de saboteo por parte de grupos afines al gobierno.
Uno de estos lamentables eventos ocurrió recientemente en la Plaza de la Constitución del Distrito capitalino de Vallecas, cuando el diputado Abascal se disponía a dar inicio a los actos de pre-campaña de Rocío Monasterios. De acuerdo con las informaciones del diario Economía Digital el 9 de abril, los colectivos “antifascistas” lanzaron adoquines y piedras contra la manifestación pacífica. Reporta la nota periodística que en el lamentable suceso 25 policías nacionales resultaron heridos, y que a través de su sindicato (Jupol) los cuerpos policiales acusaron al Ministro del Interior Fernando Marlaska como responsable de la violencia ocurrida. El gremio policial lo denuncia ”por practicar la violencia política institucional al omitir de manera deliberada las medidas oportunas para prevenir conductas violentas cuando envía un número insuficiente de efectivos antidisturbios a un acto político que se advertía como de alta peligrosidad, en el que hicieron acto de presencia 500 manifestantes contrarios frente a 350 manifestantes de VOX”.
Este tipo de procedimientos arbitrarios practicado por quien está obligado a garantizar la seguridad ciudadana se ha repetido en otras oportunidades. Lo mismo ocurrió en las últimas elecciones catalanas en las que los eventos políticos de VOX fueron atacados impunemente por grupos extremistas. Y en todos estos deplorables sucesos Pablo Iglesias, actuando como vicepresidente segundo o como candidato al gobierno de Madrid, ha tergiversando los hechos, convirtiendo en agresores a las víctimas, y acusando a policías y guardias civiles de estar al servicio de la derecha.
Ahora, a pocos días de las tan esperadas votaciones de Madrid las agresivas declaraciones del abanderado de Podemos se intensifican, en medio de acontecimientos que parecieran destinados a crear un ambiente de violencia y crispación. Esta vez tanto Iglesia como el ministro Marlaska y la directora de la guardia civil María Gómez denuncian haber recibido cartas en las que les amenazan de muerte. Y afirman en su denuncia que esas supuestas misivas estaban acompañadas por balas de fusil de las que utiliza el ejército.
Por supuesto esta noticia ha servido para intentar victimizar a un candidato que se mantiene en una lastimosa posición en las encuestas, y que ha deslucido en la reciente confrontación televisada de los aspirantes al gobierno madrileño.
Mientras el presidente Pedro Sánchez ha condenado “las graves amenazas” recibidas por Marlaska, Gámez e Iglesias, la oposición desestima la bronca publicitaria destinada tan sólo a justificar “la ofensiva antifascista para salvar a Madrid” que proclaman Podemos y el Partido Socialista. Las “cartas terroristas” han servido para que Iglesias tensione aún más la confrontación política y continúe comprometiendo con su discurso antimonárquico al gobierno y al partido socialista.
En busca de ese objetivo el estridente candidato enfiló contra Felipe VI en un acto político denunciando que, “a pesar de que las amenazas de muerte han sido reconocidas por el Ministerio del Interior no se ha producido una sola palabra de la Casa Real condenando la violencia fascista”, y afirmando que “aquellos que gritan viva el Rey son los que desprecian la democracia y las conquistas de la gente trabajadora”.
Al aproximarse el día electoral la campaña parece concluir en un resultado favorable a Isabel Díaz Ayuso, gracias a su gestión al frente del gobierno de Madrid, al rechazo y el temor que concitan la imagen y el mensaje de Pablo Iglesias y el caótico derrotero por el que ha conducido a España el gobierno de Pedro Sánchez.
Si esa victoria se produce comenzará la cuenta regresiva de la dupla Sánchez – Iglesias y las fuerzas democráticas tendrán que romper viejos esquemas para conquistar el poder, y redimensionar el proyecto de la España unida y diversa.