Editorial El Nacional: Tarek y la impunidad de la cadena de mando de Maduro

El fiscal general del régimen de Maduro, Tarek William Saab, en su cuenta de Twitter afirmó haber entregado el 4 de febrero de 2021 “…un extenso segundo informe a la CPI @IntlCrimCourt que se suma al del #30Nov de 2020, con la voluntad de cumplir y dar contundente respuesta a las solicitudes remitidas por dicha instancia internacional”. Nos llama poderosamente la atención el uso oportunista y estratégico del término “voluntad” sobre el cual nos vamos a referir más adelante.

Reciententemente, el 1° de mayo, el mismo Tarek William Saab reconoció que el Poder Judicial venezolano había imputado a ciertos funcionarios por la muerte del dirigente político Fernando Albán. Pero ¿esta declaración no contradice su propia tesis como fiscal general de la República cuando en el año 2018 aseguró contundentemente que Albán se había suicidado?

Saab (en declaraciones transmitidas a través de Venezolana de Televisión) ahora emerge como paladín de una justicia inactiva para señalar que «el Ministerio Público de Venezuela ha entregado un nuevo informe que complementa la respuesta a todos los requerimientos realizados por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (…) Este nuevo documento, que ya es el tercero, no es más que la continuación de la colaboración absolutamente irrestricta de las autoridades venezolanas con la Corte Penal Internacional”. ¿Por qué ahora urgen sus declaraciones?

A pocos pasos de la activación de la justicia penal internacional y de la asunción del nuevo fiscal de la Corte Penal Internacional, ¿por qué este interés súbito en demostrar una “voluntad política” de la judicatura venezolana que no ha existido durante la gestión del chavismo y del madurismo?

El representante del Ministerio Público parece olvidarse de que la complementariedad de la Corte Penal Internacional en relación con Venezuela está ampliamente demostrada. Sin abordar con detalles las causas de admisibilidad de la Situación de Venezuela (I) establecidas en el artículo 17 del Estatuto de Roma, es claro que en el país los órganos de justicia no pueden ni tienen la voluntad de investigar, procesar y castigar a los responsables de los crímenes cometidos en Venezuela desde, al menos, 2014. No existe un Poder Judicial independiente que pueda actuar en consecuencia de manera imparcial. La administración de justicia está sometida al Ejecutivo y a las fuerzas políticas que representan y sostienen al régimen, lo que es una verdad pública incuestionable. En la Oficina de la Fiscalía de la Corte se ha consignado suficiente documentación sobre la falta de voluntad, la falta de capacidad técnica-jurídica, así como la gravedad suficiente de los hechos perpetrados por agentes del Estado y de particulares, que han actuado bajo la dirección o con la aquiescencia del Estado venezolano.

Las actuaciones judiciales, además, están dirigidas hacia la persecución de los opositores, dejando de lado todos los señalamientos, por lo demás bien fundados, en contra de funcionarios y otras personas vinculadas al régimen que participan en la realización de los crímenes descritos, tal como ha sido reseñado por los medios, ONG y principalmente recogidos en los informes de los mecanismos convencionales y extraconvencionales de derechos humanos de alcance universal y regional, y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Las declaraciones del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, de las autoridades del Ejecutivo, de los líderes políticos de los partidos oficialistas, de los representantes de medios de comunicación controlados por el poder del régimen evidencian que la administración de justicia es imposible en Venezuela, lo que abre el espacio a la acción complementaria de la jurisdicción internacional de la CPI, lo que debe considerar la Oficina del Fiscal para determinar la admisibilidad y decidir a favor del inicio de investigación formal de los casos específicos, en contra de los principales responsables de tales crímenes: que no son los subordinados, los agentes de bajo rango a los cuales se refiere Tarek William Saab, no, la Corte Penal Internacional solamente juzga a los altos mandos de un Estado. Por eso no resulta plausible la “voluntad” de la justicia que ustedes mal administran, Tarek.

Parece que en el ministerio que representa no han leído el documento sobre la Política Fiscal de la CPI que señala que este tribunal solo juzga a los altos agentes militares y civiles del Estado: como Maduro, como los ministros, como usted, que es fiscal. Aunque intente “demostrar voluntad y máxima colaboración con la CPI juzgando a los bajos rangos, el alto mando del aparato de poder estatal venezolano no podrá eludir la justicia penal internacional. Si quisiera demostrar que los órganos judiciales y de investigación han llevado a cabo, con buenas intenciones y fines, las investigaciones correspondientes, y sí han iniciado el enjuiciamiento de los presuntos responsables de los crímenes de que se trata, identificados y aceptados, tanto por los órganos internacionales en sus informes, como por la misma Fiscalía de la Corte, ¿por qué no propone levantar la inmunidad de jurisdicción penal a Nicolás Maduro como presidente y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? Y “demostrar la voluntad” de la judicatura para enjuiciar en los tribunales nacionales al “presidente” como uno de los principales autores mediatos de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en Venezuela. En Latinoamérica hay muchos antecedentes jurídicos que le pueden servir de referencia, como el caso Fujimori, o de otros expresidentes o “exdictadores”, que también fueron juzgados en sede nacional: Ríos Montt en Guatemala, el caso de Bordaberry en Uruguay o las Juntas Militares de Argentina. ¿Se atrevería usted a pasar a la posteridad y permitir se juzgue a Maduro en Venezuela y no en La Haya?

Señor fiscal: es un hecho público y notorio, además documentado por informes de mecanismos universales y regionales de derechos humanos, que el Estado venezolano que usted representa no permitio? el inicio y la prosecucio?n de averiguaciones serias, objetivas e imparciales, orientadas al descubrimiento de la verdad y la imposicio?n de sanciones a los autores de las violaciones graves, masivas y sistemáticas de derechos humanos constitutivas de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Los responsables, tanto ejecutores directos o autores mediatos, están siendo protegidos por la red de impunidad que usted está articulando, al juzgar a los subordinados y ofrecerlos a la CPI como garantía de una justicia que impide el cumplimiento estricto del principio de legalidad propio de todo sistema penal. La judicatura venezolana ha sido incapaz en términos generales, tal como lo prescribe el artículo 17 del Estatuto de Roma de sancionar estos crímenes. Por el contrario, en algunos casos los ejecutores han sido reconocidos y premiados por sus labores desde la cadena de mando integrada –entre otros– por usted y Nicolás Maduro. Le recordamos que el Informe de la Misión de Expertos Independientes sobre Venezuela es una fuente creíble y confiable, tal como lo confirmó la fiscal Bensouda al referirse al Informe de la Misión de Determinación de Hechos en la Situación sobre Myanmar, que fue empleado por la CPI para dar inicio a la investigación y establecer las responsabilidades penales en ese país.

De las evidencias y testimonios, y de este Informe de la Misión enviada a instancia del Consejo de Derechos Humanos, se evidencia en la Situación Venezuela (I) que el Estado venezolano no tiene la voluntad de llevar a cabo las investigaciones o las acusaciones, y que más bien se trata por las acciones y omisiones de sustraer a los autores de su responsabilidad penal internacional, trasladando las responsabilidades, de manera irresponsable, a las mismas víctimas o a los bajos rangos civiles y militares.

Sr. Tarek William Saab: no es creíble su propuesta de “voluntad” para colaborar con la Corte, es extemporánea, es difícil demostrar desde sus propias contradicciones como fiscal al declarar en 2018 que el Sr. Albán se había suicidado y, que tres años después ante el avance del proceso en la CPI, usted reconozca que fue asesinado por los esbirros del régimen… Es evidente que los órganos de investigación, de represión y de seguridad están sometidos, como todo el sistema judicial, civil y militar, al poder del Ejecutivo, lo que además, en este caso, demuestra la sistematicidad y la estructura del poder en la realización de crímenes internacionales ordenados y permitidos por la cadena de mando del gobierno de Nicolás Maduro que usted ahora pretende arropar con un manto de impunidad.


Este artículo fue originalmente publicado en El Nacional el 5 de mayo de 2021