La persecución está a la orden del día hacia dirigentes sindicales y trabajadores de la administración pública según denunció la ONG Movimiento Vinotinto. Y es que tan solo durante el 2020 al menos 27 trabajadores en el país fueron detenidos por razones políticas o por elevar su voz ante las deficiencias para la atención de pacientes positivos para Coronavirus, pero esta cifra es aún mayor si se suman los casos registrados entre el período 2017-2020 alcanzando 89 detenciones, así lo reseñó LA PRENSA DE LARA
Manuel Virgüez, representante de la ONG en Lara, precisó que las privativas de libertad se han generado en al menos 10 entidades del país, una de las últimas 27 corresponde al estado Lara. Se trató del médico de Carora Luis Araya, quien permaneció 24 horas en calidad de detenido tras publicar una imagen en la que criticaba la falta de medidas de bioseguridad para el personal de salud que se encuentra en primera línea de batalla contra el virus.
“La persecución penal contra dirigentes en 2020 fue en aumento. Un 80% eran profesionales de la salud que denunciaron la situación de la pandemia del COVID-19. Tenemos los casos de Franklin Gazcón que permaneció 18 días privados de libertad y Franklin Gómez, detenido por funcionarios de la gobernación de Sucre“, indicó.
Pero no solo las detenciones proliferaron, Virgüez señaló que el paralelismo sindical es otro de los patrones de persecución registrados en 2020. A esto se le suman los 1.230 despidos y suspensiones de sueldos a nivel nacional por participaciones en manifestaciones de rechazo a los sueldos míseros.
Particularmente en Lara unos 25 trabajadores de la salud y otros 155, en su mayoría es del gremio educativo, fueron despedidos solo durante el 2020 según registros de la ONG.
“El estado ha tenido una política en contra de la libertad asociativa y de aquellos que buscan defender los derechos laborales, pero a esto se suma la persecución de activistas por prestar apoyo a dirigentes sindicales“, denunció Virgüez.
Desmejoras
En Venezuela más de 10 mil trabajadores del sector educativo han sufrido desmejoras salariales según denunció Leida León, representante de la Alianza Sindical Independiente Venezuela (ASIV), quien aseguró que tras el último ajuste de sueldo se violentó el convenio 26 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece los parámetros para la fijación de tablas salariales.
“Cuando revisamos la situación y realizamos el informe contentivo de las irregularidades en materia de derechos de los trabajadores vemos que persiste la violación directa. En Venezuela no hay trabajo decente, no existe el diálogo social tripartito, es evidente que el gobierno se mantiene rebelde e incumple normas internacionales del trabajo“, denunció.
Tanto el gremio de educación, como de salud y representantes sindicales de gobernaciones y alcaldías han denunciado que las recomendaciones hechas por la red de derechos de los trabajadores al gobierno han sido ignoradas, pues continúa la persecución, despidos injustificados, exclusiones de nóminas (principalmente en el sector educativo), pulverización del salario, además de la suspensión de los contratos colectivos, eliminación de las prestaciones sociales que según León fueron pulverizadas una vez realizada la reconversión monetaria de agosto del 2018
“También fueron suspendidos procesos electorales, no se ha institucionalizado el diálogo tripartito en un país donde debe ser prioridad las mejoras a la clase obrera“, dijo.