Unas 64 empresas estatizadas por la dictadura chavista a partir de 2007, han pasado a manos de capital privado en Venezuela desde el 9 de octubre de 2020, fecha en que la extinta Asamblea Nacional Constituyente aprobó inconstitucionalmente la “Ley Antibloqueo“, donde le otorga poderes extraordinarios a Nicolás Maduro para hacer convenios “secretos”, con empresarios nacionales o extranjeros, según lo reseñó LA PRENSA DE TÁCHIRA.
Así lo revela el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (CEDICE Libertad).
Cuatro de esas empresas están en Lara y pertenecen al sector agroindustrial y telecomunicaciones. Pero la Federación Bolivariana Socialista de Trabajadores confirmó que siguen paralizadas, sin inversión de maquinaria ni de materia prima para producir, aplicando políticas de asedio permanente a la fuerza trabajadora, manteniéndolos con bajos salarios y violando su contratación colectiva, lo que ha impulsado a renuncias masivas en los últimos siete meses.
Las alarmas se encendieron cuando Nerenny Rodríguez, coordinadora del Consejo Productivo de Trabajadores en Lara, denunció en Venezolana de Televisión, en pleno “Congreso Presidencial de Gobierno”, que los empleados de Lácteos Los Andes no son escuchados por las junta directiva para impulsar la producción, siendo afectados quienes laboran en la planta Cabudare y en la Planta Procesadora de Frutas y Tubérculos Ana Soto ubicada en Bobare municipio Iribarren, donde se desempeña como analista de atención al ciudadano.
Su reclamo provocó la reacción inmediata del mdictador, quien solicitó a su nuevo Ministro del Trabajo José Rivero, iniciar una investigación profunda en la empresa. “En la junta directiva debe estar la clase obrera“, manifestó Maduro.
Nerenny Rodríguez contó que cuatro sedes a nivel nacional de Lácteos Los Andes, entre ellas la de Cabudare y Machiques en Zulia, fueron traspasadas en calidad de comodato a final de 2020 a un “grupo iraní privado” para su administración llamado Venilac, pero trabajadores desconocen el nombre de los empresarios y a la fecha los sindicatos no se han reunido con ellos, para conocer proyectos de inversión y planes de producción.
Una investigación publicada por el portal web Armandoinfo el 28 de abril de 2021, señaló que los empresarios son dos hermanos libanases, de nombres Majed Khalil Majzoub y Khaled Khalil Majzoub, ambos han tenido nexos con el Gobierno desde 2003, llegando a recibir entre 2004 a 2012, unos 90 millones de dólares preferenciales Cadivi.
“Hasta el momento estos empresarios se han dedicado a hacer trabajos de latonería y pintura en Lácteos Los Andes Cabudare. Han arreglado paredes deterioradas y han hecho limpieza en la infraestructura, pero no han innovado maquinarias ni se cuenta con materia prima para producir leche, derivados lácteos, jugos naturales, bebidas y alimentos. Esa sede tiene dos años paralizadas y donde yo laboro, en planta Ana Soto tenemos más de un año inactivos. allí se elaboraban cuatro líneas de producción, néctar, frutas, tubérculos y helados“, enfatizó Rodríguez.
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