La pareja acusada de asesinar a sus dos hijos en Godella se enfrenta a un jurado popular a partir de este lunes en la Audiencia de Valencia. La sala Tirant de la Ciudad de la Justicia acoge hasta el 10 de junio, cuando está previsto que el tribunal se retire a deliberar, la vista por lo ocurrido la noche del 13 al 14 de marzo de 2019. Amiel, de tres años y medio, e Ixchel, de apenas seis meses, murieron tras recibir multitud de golpes, fundamentalmente en la cabeza, bien con un objeto contundente o golpeándolos contra el suelo.
Por abc.es
María G. reconoce haber enterrado a sus hijos en el jardín de la casa de campo que ocupaban ilegalmente cuando los encontró muertos. Gabriel C. asegura que estaba dormido mientras su pareja cometía el crimen y que no tuvo conocimiento de los hechos hasta la mañana siguiente, cuando tampoco dio aviso de lo ocurrido a las autoridades. Ambos progenitores, de 30 años en la actualidad, están en prisión provisional desde entonces.
La madre es inimputable porque padece una esquizofrenia de tipo paranoide que le fue diagnosticada como ansiedad meses antes del crimen. Para ella la Fiscalía solicita 25 años de internamiento médico. Por tanto, el juicio se centrará, sobre todo, en determinar el grado de implicación del padre, para el que el Ministerio Público pide 50 años de cárcel –25 por cada asesinato, con la agravante de parentesco– y sobre el que ha quedado acreditado que no sufre ningún tipo de enfermedad mental. Además, el fiscal reclama a los dos una indemnización de 300.000 euros para los abuelos maternos y paternos.
Temían ser atacados por una secta
Los acusados eran pareja de hecho desde 2011 y, tras vivir en diversos lugares de Europa, entre ellos España, en torno a los meses de febrero y marzo de 2017 se instalaron de forma ilegal en una casa rodeada de terrenos de cultivo, con un pequeño jardín y una piscina, en el término de Godella. Una vivienda que arreglaron para hacerla habitable. En este tiempo, entre 2015 y 2018, tuvieron a sus dos hijos.
Ambos compartían creencias místico-religiosas. Según la acusación pública, Gabriel indujo a María a creer en la regresión y en el renacimiento de las almas tras la muerte de los cuerpos. Ambos estaban convencidos de que una secta, integrada por sus propios familiares, les perseguía, quería secuestrarlos y abusaba sexualmente de su hijo mayor, hasta el punto de que durante las noches estaban en vigilia para evitar ser atacados. Tanto es así que, tras el macabro suceso, los investigadores recabaron documentos y manuscritos en la casa, que asignan al padre, con referencias a ofrendas o rituales mayas, en los que morían niños.
La abuela materna alertó a las autoridades
A principios de 2019 la situación familiar se agravó. Al tiempo que fueron denunciados por la propietaria de la casa que okupaban, la abuela materna empezó a estar más pendiente de sus nietos. La madre de María estaba preocupada por las actitudes de su hija y la influencia que ejercía su yerno sobre ella. De hecho, llegó a denunciar el peligro que corrían los menores a los Servicios Sociales y a la Policía Local de Godella pocos días antes del infanticidio, tras recibir un mensaje de su hija en el que le decía: «Gracias por todo, Creador. Me voy contigo. Adiós, mamá».
Las teorías conspiranoicas en las que todo el mundo tenía un complot contra la familia, tal y como declaró la mujer, eran una constante en esa casa. El pequeño Amiel había dejado de ir al colegio porque sus padres tenían la convicción de que allí lo maltrataban. Además, María, antes de sufrir ese ‘brote agudo’ de esquizofrenia que anuló sus facultades, se había negado a ir al psiquiatra.
La tarde anterior al infanticidio, tras un calvario administrativo que no dio resultado, la abuela materna se sentó ante el juez de guardia de Valencia y relató su temor a que les ocurriera algo a los niños, ofreciéndose a hacerse cargo de ellos. Pero todos los protocolos fallaron y no se decretaron medidas urgentes.
Entre las diez de la noche y las cuatro de la madrugada de ese mismo día, según el relato del fiscal en el escrito de hechos justiciables, María y Gabriel bañaron a sus hijos en la piscina de la vivienda para purificarlos.
Después, ambos menores fueron víctimas de una brutal agresión por la que sufrieron «traumatismos craneoencefálicos, con múltiples fracturas craneales y lesiones encefálicas, que produjeron un efecto depresor sobre los centros neurológicos vitales que regulan las funciones respiratoria y cardio-circulatoria, y con ellos la muerte de ambos». Después, los enterraron en dos sitios diferentes de la misma parcela, a 75 y a 150 metros de la casa, respectivamente.
En el borde de la piscina se encontró sangre del pequeño, la misma que se halló en la chaqueta que su madre llevaba ese día. Del padre, sin embargo, no hay ninguna prueba biológica, pero sí indicios de su participación en lo que se considera un ritual. De hecho, el fiscal cree que actuaron de común acuerdo y «haciendo y dejando hacer el uno al otro».
La jornada posterior del crimen, un fuerte dispositivo peinó la zona en busca del paradero de Amiel e Ixchel. Los agentes de la Guardia Civil encontraron a María desnuda y escondida dentro de un bidón. Fue ella quien los guió hasta el lugar en el que se encontraban los cuerpos sin vida de sus hijos.