Robert Alvarado: Es-cán-da-looo, es un escándalo en Calabozo

Puede haber momentos en los que no tenemos poder para prevenir la injusticia, pero nunca debe haber un momento en que fracasemos en protestar…”. (-Elie Wiesel).

Comienzo cantando una canción de Raphael “Escándalo”: Es-cán-da-lo, es un escándalo/ Es-cán-da-looo, es un escándalo… (https://www.youtube.com/watch?v=h0wISRlYd6M). Para variar, algo distinto del poder judicial del estado Guarido, ya no asombra la justicia venezolana, los guisos prevalecen en desmedro de la ecuanimidad judicial. O sea, este Poder está en manos de “pillos”.

Las mafias dentro del poder judicial no sólo se han denunciado, si no que han sido admitidas, por ejemplo, Isaías Rodríguez siendo fiscal admitió que existía una mafia, red de extorsión la llamó, a la que pertenecía el difunto Danilo Anderson. Eso fue en el 2004, antes de eso se le llamaban tribus, hubo una famosa, la de David. De ahí para acá las mafias no sólo han existido, peor aún, se apoderaron del Poder Judicial y actúan a la vista de todos, a la orden del día. Manipulación de expedientes, ocultamiento de antecedentes penales, cobro de altas comisiones y pare usted de contar, sobran evidencias y también impunidad, como en el caso que pasó a relatarles.

El día jueves 23 de julio del 2020, en horas de la mañana, Beatriz Alicia Zamora hizo entrega de la presidencia del Circuito Penal del estado Guárico y de la rectoría, después de sucederse por más de 4 años incontables denuncias sobre la corrupción que reinaba en el Poder judicial de ese estado, sobre todo en el área penal. Esa remoción hizo pensar que los funcionarios judiciales se apegarían a la ley. Jueces y fiscales del Ministerio Publico siguieron en su escándalo, las ilicitudes no han cesado, con un sinfín de matices reprochables, es el caso de dos ciudadanas inmersas en un pleito judicial, madrastra e hijastra, lucha la primera por su estatus de concubina tras enviudar y ser proscrita de sus derechos por la segunda al hacer prevalecer sus intereses hereditarios.

Así como me lo comenta con lujo detalle el Cicerón guariqueño con peo y señales lo del caso: la señora Rosario del Carmen Hernández tuvo una unión estable de hecho durante muchos años con su pareja, quien falleció el 18 de octubre del 2020 A partir de ese momento su hijastra ha hecho todo lo indecible para evitar que ella ejerza los derechos que la ley le otorga. En diciembre de 2020 denuncian en la fiscalía de Calabozo que el documento de concubinato supuestamente era falso, con esa actuación la hija del difunto desconoce un concubinato que constituía un hecho público, notorio y comunicacional. Y como sabemos un hecho notorio comunicacional según el TSJ está revestido de certeza y como tal ha de admitirse en los tribunales.

Valga recordar que en todo proceso judicial debe prevalecer la verdad de los hechos, como dijo el mexicano Javier Sicilia Zardain: “Si no tenemos policías, jueces, abogados, fiscales, honestos, valerosos y eficientes; si se rinden al crimen y a la corrupción, están condenando al país a la ignominia más desesperante y atroz…”

Por la herencia en pugna se introduce demanda en el tribunal de Lopnna de San Juan de Los Morros, específicamente la acción mero declaratoria de concubinato, y la juez no la admite porque en su criterio libérrimo no existió tal unión estable de hecho, alegando que su estado civil era la mejor prueba. Sorpresa, la señora Rosario fue notificada por teléfono que tenía una audiencia en el circuito penal de Calabozo el 20 de mayo del 2020. Semana radical. En la audiencia la Fiscal Auxiliar Segunda Calabozo, Aura Rosa Freites Herrera, la imputa por hacer uso de documento falso sin una experticia que así lo determinara. En favor de su decisión Freites Herrera alegó que el acta fue anulada por la registradora el 6 de noviembre del 2020, acto del cual en ningún momento fue notificada Rosario del Carmen Hernández.

La actuación de la fiscal Freites Herrera a todas luces violó el derecho a la defensa, adujo uso de documento falso, por cuanto la registradora no habría realizado el acto que produjo el acta de concubinato, con base a ese señalamiento sin fundamento alguno la fiscal pidió de 6 a 12 años de cárcel para Rosario del Carmen Hernández y la jueza segunda de control, Josefa Gregoria Zurita Campos, en la tramitación del expediente número JP11-P-2021-261 le decretó arresto domiciliario, sin permitir a la fecha el acceso al expediente para que la procesada ejerza su derecho a la defensa. O sea, en este caso existe un veredicto anticipado de culpabilidad.

La norma constitucional, en el artículo 77, es clara como el agua. Las uniones estables de hecho tendrán los mismos efectos que el matrimonio. Pero en Calabozo, donde Benjamín Franklin manda en los tribunales penales, esa normativa no sólo es letra muerta sino que quien aspire hacer valer esos derechos se expone a grandes riesgos, el mejor ejemplo es la señora Rosario, quien está altamente preocupada por no ver una solución a corto plazo, no ya que reivindiquen sus derechos sino que hagan cesar la privativa de libertad que le impusieron. Una muestra de que en este caso se ha perdido todo equilibrio para resolver el conflicto de intereses entre madrastra e hijastra, a quienes pueden ver junto al difunto en esta imagen (https://ibb.co/x3vJ9x1). Ciertamente alguna de ellas puede poseer la razón, pero no se está discurriendo de la forma correcta para determinarlo.

Escándalo en la tierra natal de Juan Vicente Torrealba (https://www.youtube.com/watch?v=yZxk2I1ytLU&t=142s) y del hijo ilustre de San Juan de los Morros (https://www.youtube.com/watch?v=Smf78qqUkVc), Simón Díaz. Espero esto no quede en comentarios de pasillos de tribunales penales y Fiscalia Superior de Guárico sino que se investiguen a fondo todas estas irregularidades en la que están involucrados no sólo los funcionarios arriba mencionados sino muchos más que laboran en el Poder Judicial mal llevado en los llanos guariqueños.

Hago un llamado respetuoso a dos altos funcionarios que siempre leen mis columnas de opinión semanaria, el Inspector General de Tribunales, Marco Antonio Medina Salas, y el Fiscal General de la Republica, Tarek William Saab, para que atiendan esta problemática a fin de que reine la Justicia, como suelen hacerlo cada que formulo estas denuncias públicas, después de las cuales han puesto orden en las instituciones judiciales donde ocurren tales anomalías, así lo han hecho en Aragua, Apure, Barinas, Cojedes, Carabobo, Trujillo y Guárico. Espero que no se olviden de este caso que a los guariqueños asombró y que titule: Es-cán-da-looo, es un escándalo en Calabozo


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