Venezuela contabiliza seis años que fue cerrado el paso vehicular hacia Colombia, y un año y dos meses desde que trancaron los accesos peatonales por los puentes Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander y La Unión, en Táchira. A pesar que el 2 de junio el vecino país abrió los pasos peatonales fronterizos, el gobierno de Nicolás Maduro sigue reacio a habilitarlos, pero la medida no ha frenado el flujo migratorio ni el tránsito regular entre personas que viven en el estado andino y que estudian, trabajan, compran alimentos, medicinas, mercancía o hasta cobran remesas en Colombia.
Por Ana Uzcátegui | LA PRENSA DE LARA
Las opciones para salir se resumen a tomar pasos irregulares o trochas que han proliferado. Según el presidente de la organización de Derechos Humanos FundaRedes, Javier Tarazona, hay más de 500 trochas en los 2.219 kilómetros de frontera, y se dividen en: más de 250 en Táchira, 180 en Zulia y 120 por Apure. “Estos pasos irregulares permiten el financiamiento de la guerrilla de las FARC y el ELN, así como de las Fuerzas Armadas y altos funcionarios del Gobierno”, denunció en su cuenta de Twitter el 7 de enero.
En estos caminos selváticos, desde niños hasta adultos mayores pueden ser víctimas de vejaciones, violaciones, secuestros y hasta encontrar la muerte en medio de un enfrentamiento de grupos armados terroristas, o por alguna desgracia natural, como la crecida de un río.
La primera vez que Martha Medina, habitante de San Cristóbal, pasó por una trocha sintió ganas de llorar. “Iba sola y por un momento cuando estaba en La Invasión (San Antonio del Táchira) me vi perdida, sin saber por cuál camino andar para conseguir el puente por donde se pasa el río que llega a La Parada (Colombia)”, relató.
Estos caminos ilegales datan de hace años, siempre han sido utilizados por personas para evadir controles de las autoridades militares, migratorias, policiales y aduaneras de ambos países, al movilizar mercancía de contrabando de extracción.
Alexander Campos, doctor en Ciencias Sociales y director del Centro de Investigaciones Populares, sostiene que las trochas “son territorio de nadie”. Espacios donde hay ausencia total del Estado de derecho, porque tanto Venezuela como Colombia han perdido su dominio, orden y convivencia. “En algunos casos por negligencia, en otros por conveniencia sobre lo que ahí sucede”, resaltó. Al cruzarlos, las personas quedan a la “buena de Dios”, porque dentro se vive una verdadera guerra. Los enfrentamientos entre guerrilleros son permanentes por dominar la cantidad de negocios ilícitos que ahí se registran, como contrabando, extorsión, narcotráfico, microtráfico y trata de personas.
Campos sostiene que aunque todas las trochas son peligrosas, cada una tiene su particularidad. Las de Táchira están marcadas por ser donde transita el mayor número de personas. Las más violentas son las de Zulia, límite con el departamento colombiano de La Guajira, en Maicao. “Allí se registran agresiones directas contra los emigrantes o transeúntes. Estas trochas las controla la etnia Guajira que impone su ley. Han llegado a secuestrar a venezolanas para que trabajen para ellos o que sean sus mujeres”, resaltó.
Las trochas de Apure, pasos fronterizos que colindan con los municipios Arauca o Arauquita del país neogranadino, se identifican por los ataques constantes entre grupos paramilitares y el ELN por dominar el contrabando de combustible o de minería ilegal. Tanto en este estado llanero, como en la Sierra de Perijá en la región zuliana, la guerrilla ha desplegado minas antipersonales que son mortales para las personas que transitan por el lugar.
“De manera que negar el paso peatonal humanitario es negar la dignidad humana, es negar los derechos que hoy los ciudadanos en Venezuela no tienen garantizados”, apuntó Tarazona en la red social.
Negocios ilegales
Estos territorios sin ley son custodiados además por “trocheros”, personas que se encargan de cobrar una tarifa en pesos colombianos o dólares para permitir el tránsito.
“Los trocheros se encargan de cobrar por la movilidad de las personas, de ese monto una parte es entregada a los grupos armados que tienen el control absoluto de estos espacios”, explicó Alexander Campos, doctor en Ciencias Sociales.
Los usuarios deben aportar “la colaboración” a estos individuos, y también a funcionarios del Estado venezolano, cuyos puntos de control o alcabalas suelen estar a escasos metros de estas trochas, pudiendo visibilizar con total claridad el ingreso de centenares de venezolanos que buscan cruzar la frontera.
El monto a pagar, depende del lugar por donde pasen, de las condiciones del tiempo y de la corriente de los ríos, depende también del tamaño y la cantidad de equipaje que lleven las personas. El pago puede oscilar entre dos mil pesos colombianos (unos 50 centavos de dólar), hasta 10 mil pesos colombianos (2,6 dólares). Si la cantidad de mercancía que pasan es muy pesada les pueden llegar a cobrar de 50 a 100 dólares por persona.
En el caso de los ciudadanos que deben a- travesar el río Táchira, pasan por improvisadas pasarelas levantadas con estibas de madera y tubos que son retiradas para evitar que la corriente los arrastre. El paso peatonal, cuando el nivel de la corriente lo permite se hace sólo por lugares donde se improvisan balsas elaboradas con pimpinas que flotan y tablas de madera.
En ciertos lugares, el usuario paga hasta 10 mil pesos por pasar el río en balsa.
Medios de lucro
Gran cantidad de personas tanto de las poblaciones fronterizas como de la gente que ha venido del centro del país, trabajan en estos caminos ilegales como “trocheros”, ayudando a pasar a personas mayores o con alguna discapacidad que no logran atravesar por el canal humanitario del puente Simón Bolívar “guiando” a los viajeros que llegan desorientados, cargando bultos con cualquier tipo de mercancía, pesados equipajes de los viajeros, “chatarra” y cualquier otro elemento que se pueda comercializar en ambos lados de la frontera.
La cantidad de personas que trabaja como “trochero” es incalculable, pero no cualquiera que desee puede hacerlo, porque el ingreso a este ambiente no es tan fácil.
De acuerdo con datos suministrados por autoridades del Táchira, la ola migratoria venezolana trajo hasta los municipios Bolívar y Ureña unas nueve mil familias. La mayoría de los integrantes de estas familias laboran en actividades informales y algunos lo hacen como “trocheros”. Ellos se sumaron a la gran cantidad de gente que históricamente ha desempeñado esta labor.
Este gran movimiento por las trochas ha hecho que muchas personas de la zona fronteriza también busquen la forma de subsistir, vendiendo agua, refrescos, pasteles, cigarros, chucherías, entre otros artículos, en las salidas de algunas trochas. Otros ofrecen el servicio de transporte en vehículos o motos, ya sea como empresas conformadas legalmente o como particulares.
En la entrada y salida de una de las trochas más activas de San Antonio del Táchira, se estima que la- boran al menos 200 personas como transportistas, decenas de vendedores y cerca de quinientos individuos, entre cargadores, maleteros y trocheros.
Piden abrir puentes
Gaby Arellano, presidenta de la Subcomisión de Asuntos Fronterizos de la Asamblea Nacional electa en 2015, sostiene que aunque el 22 de mayo el gobierno de Nicolás Maduro indicó que iba a abrir progresivamente la frontera con Colombia, a la fecha esto no se ha concretado. La política del oficialismo de mantener los estados fronterizos cerrados en nada ha contribuido a crear verdaderos cercos epidemiológicos por la pandemia.
“Los puentes cerrados no detienen el flujo de venezolanos yendo en sentido de Venezuela a Colombia o viceversa. Los puentes cerrados sólo benefician a las finanzas de las FARC y al ELN, y generan daños sanitarios, epidemiológicos, de seguridad, de violación de derechos humanos a los habitantes de esas zonas y a los que usan por necesidad estos pasos, ya sea para salir y buscar suerte, oportunidades económicas en otras partes de América Latina, o para buscar alimentos o medicamentos, especialmente los de patologías crónicas que en Venezuela o son muy costosos o no se consiguen”, comentó.