Surgida la institución impetuosamente, en tiempo ya remoto, toda asociación vecinal (AV) sufre hoy los embates de la comunalidad. Definitivamente, el Estado Comunal (EC) es incompatible con toda expresión ciudadana, por muy legítima, genuina y eficiente que fuere.
Extendida la iniciativa de los sectores medios a los populares, cursa una institucionalidad vecinal de frecuentes percances en el contexto de un régimen que busca envilecerla. No obstante, a pesar de las circunstancias, las AV de la Caracas mirandina, por ejemplo, se mantienen en pie frente a los retos que impone el artificio de los llamados consejos comunales.
Por lo pronto, en un sentido, la comunalidad se ofrece como el consabido modelo de negocios para las mafias oficialistas que, en los municipios metropolitanos del Estado Miranda, tienta a inconsultos y súbitos cambios de zonificación. Por supuesto, alterando la mínima calidad de vida a la que, por siempre, aspiraron sus habitantes, el propósito es el de convertir sendas áreas residenciales en asiento de las más variadas actividades comerciales, emblematizado por la cada vez más irreconocible urbanización de Las Mercedes.
En el otro, si coincidieren, cada AV será tragada por las zonas económicas especiales (ZEE), o lo que crea que son tales, fingida una ciudadanía imposible en el EC. Autonomía vecinal alguna cabe, porque – además – la propiedad privada es un derecho sólo nominal.
Luego, los consejos y las comunas tienen por paradigma los llamados comités de defensa de la revolución, en Cuba. De modo que no es juego lo que confrontamos, debiendo fortalecer hoy la autonomía vecinal, relegitimándola, en lugar de enfrascarla en los fraudulentos comicios municipales y regionales venideros según el canon.