Restituir la democracia exige institucionalizar al país, es decir, que las leyes sean el soporte de las decisiones públicas. Eso hace falta a nivel nacional, a nivel regional y, claramente, también a nivel municipal. En el municipio Libertador (Carabobo), así como en casi todo el país, no se conoce el presupuesto municipal, ni el monto de la inversión en obras públicas, no hay interpelación a los funcionarios públicos, las ordenanzas y créditos adicionales se aprueban sin debate, en suma, priva la opacidad y en ese ambiente solo puede crecer la mala hierba de la corrupción, el nepotismo y el enriquecimiento ilícito, ¿exagero? Bueno, si el manejo de la cosa pública fuese transparente nadie podría pensar mal, pero como ahora son hasta secretas las ordenanzas, no podemos meter las manos en el fuego por el alcalde ¿o si?
Tenemos un ejemplo a la mano: El distribuidor “La Esperanza”. Resulta que esa obra lleva 20 años en construcción, 5 períodos de gobierno municipal, imposible saber cuantos créditos adicionales aprobados, una inauguración fallida a cuestas y ahora, más risiblemente reciente, le cambiaron el nombre a distribuidor “Bicentenario” sin siquiera estar operativo, esperamos, esta vez si, que lo terminen. A la fecha, no hay responsable judicialmente procesado por semejante derroche de dinero público, ni siquiera una interpelación, ni la apertura de una investigación, nada… Concejales que no ven, fondos que desaparecen.
Es más que probable que la razón detrás de la ilegalización de los partidos de oposición, el secuestro de sus tarjetas y la celebración de comicios no competitivos sean precisamente para que las actuales autoridades no se sometan al juicio popular por tanta negligencia acumulada. Si finalmente la presión nacional e internacional permiten lograr el Acuerdo de Salvación Nacional propuesto por Juan Guaidó, debemos elegir nuevo alcalde, nuevo gobernador, nuevos legisladores y nuevos concejales que sustituyan a quienes evidentemente se les hizo imposible practicar la transparencia, la contraloría social y la rendición de cuentas.
Los nuevos concejales deberán aprobar una ordenanza de transparencia administrativa que obligue a los funcionarios a hacer públicos sus actos y decisiones, que sean públicas las cuentas del tesoro y que las deliberaciones sobre el presupuesto municipal y los créditos adicionales sean del conocimiento de la opinión pública. Los funcionarios y el alcalde deben ser susceptibles a ser interpelados si existen dudas razonables sobre su labor y verse obligados a aceptar el control político parlamentario, eso es un sistema de responsabilidad funcionarial, eso es una democracia. Si los concejales actuales llenaran esos zapatos fuesen conocidos y respetados pero todos saben que si caminaran por la Plaza Bolívar nadie les conocería, es más, si se efectuara una encuesta en Libertador muy pocos ciudadanos, quizá ninguno, podría dar el nombre completo de algún concejal. Eso es ser gris.
Tocuyito y Campo Carabobo deben tener la oportunidad de expresar con el voto su voluntad en unas elecciones libres y justas, si eso ocurre tendremos un nuevo gobierno municipal el cual, a diferencia de los anteriores, será responsable ante los ciudadanos, rinda cuentas y permita el funcionamiento de la institucionalidad local. Un alcalde no es un pequeño rey, es una autoridad civil que debe responder por sus acciones u omisiones y es allí donde los concejales muestran su valía representando a la ciudadanía. Finamente serán públicas las ordenanzas, los ciudadanos podrán exigir la interpelación de funcionarios incompetentes y la denuncia no será más silenciada por la amenaza. Ese debe ser el Propósito Común de todos los ciudadanos.
Julio Castellanos / [email protected] / @rockypolitica