Antes un aumento histórico en la cantidad de personas migrantes que intentan cruzar la frontera hacia Estados Unidos, los jueces migratorios advierten que el sistema para revisar los casos está al punto del colapso.
“Básicamente estamos resolviendo casos de la magnitud de una posible sentencia de muerte pero tenemos que hacerlo en un entorno pensado para casos rápidos como de infracciones de tránsito”, dice la jueza Dana Leigh Marks a NBC News, cadena hermana de Noticias Telemundo.
Marks indica que muchos de los jueces dedicados al tema enfrentan serio desgaste emocional y físico ante las exigencias, y que hay mucha frustración.
A nivel nacional hay aproximadamente 500 jueces de inmigración.
Revisan sobre todo las solicitudes de asilo, con lo que les toca decidir quiénes se pueden quedar en territorio estadounidense y quiénes terminan siendo deportados.
Cuando el presidente Joe Biden asumió el cargo en enero ya había una lista de casos sin resolver mayor a 1.3 millones de decisiones pendientes.
Desde entonces no ha hecho más que aumentar el flujo de gente que llega a la frontera pidiendo refugio.
Entre las principales preocupaciones que tienen los cuatro jueces que hablaron con NBC News están el que no hay suficientes magistrados para revisar todo, que les hace falta personal de apoyo y que sienten mucha presión política por parte del Departamento de Justicia.
Durante la Administración de Donald Trump, esas presiones políticas eran para apurar las órdenes de deportación y que hubiera más de ellas, indican los jueces. Incluso a sabiendas de que muchos solicitantes de asilo enfrentan una probable muerte si son retornados a sus países de origen.
Los jueces en las cortes federales para temas penales son nombrados al cargo de por vida, lo que hasta cierto punto les protege de sentirse presionados a resolver de un modo u otro.
Sin embargo, los jueces de inmigración son empleados del Departamento de Justicia: son nombrados por el fiscal general, que usualmente cambia según quién está en la Casa Blanca, y responden ante el procurador.
Y aunque hay un sindicato para jueces de inmigración ese gremio está bajo amenaza, y pudiera desaparecer debido a acciones iniciadas por el Gobierno de Trump.
“Estamos en la mayor lucha legal de nuestras vidas para asegurar que sí se valore y se mantenga nuestra independencia judicial”, señala la jueza Amiena Khan. “Así es como jueces podremos hacer nuestro trabajo”.
La jueza Khan es presidenta del sindicato, la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración, o NAIJ por sus siglas en inglés.
NAIJ ha representado de manera colectiva los intereses de los jueces migratorios desde 1979, pero el exfiscal general William Barr buscó que el sindicato perdiera su certificación y la agencia federal para relaciones laborales entre ramas del Gobierno federal rompió con el precedente en su determinación.
Falló que los jueces de inmigración son similares a oficiales de gestión y por tanto no tienen derecho a un grupo para negociación colectiva.
NAIJ está apelando el fallo y la resolución está pendiente.
Con el futuro todavía incierto para el sindicato, los jueces que hablaron con NBC News dicen que lo que está en juego es la independencia judicial.
“No debemos ser utilizados como una herramienta de agencias policiales o de seguridad”, recalca Marks. “Así no es como el Congreso pensó que debía ser la participación de los tribunales migratorios en el sistema de inmigración estadounidense”, agrega.
La jueza Marks, quien trabaja en San Francisco, dijo que debido a la lista enorme de casos pendientes se instauraron cuotas de casos revisados cada semana, y que eso pone en peligro el debido proceso que debieran tener las peticiones.
“Si me veo forzada a mover un caso rápidamente entonces la persona [solicitante] prácticamente no tiene cómo encontrar a un abogado que la represente”, explica, pues las peticiones de asilo no reciben abogados de oficio público como sucede en otros tribunales penales o civiles.
Especialistas indican que no tener quien defienda a los solicitantes de asilo usualmente resulta en casos perdidos para esos migrantes.
El juez Charles Honeyman trabajó en las cortes migratorias de Nueva York y de Philadelphia antes de jubilarse el año pasado, durante la Administración Trump.
“Probablemente me retiré unos años antes de lo que hubiera hecho de otro modo, motivado a hacerlo porque las ineficiencias causadas por percepciones políticas están generando que haya listas de pendientes innecesariamente extensas“, dice Honeyman.
La jueza en retiro Lisa Dornell trabajó en Baltimore y también se jubiló mucho antes de lo esperado cuando Trump todavía estaba en el poder.
“Me rompia el corazón ver tantos obstáculos e impedimentos que no nos dejan ayudar a todos los niños que quisiéramos poder ayudar”, dice Dornell.
Por ahora, la carga de trabajo de los jueces sigue aumentando.
Tan solo en mayo los agentes detuvieron a más de 180,000 personas migrantes en la frontera de EE.UU. con México, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Fue la cifra de detenciones fronteriza mensual más grande en dos décadas.