Gehard Cartay Ramírez: Preguntas que esperan respuestas

Hasta ahora, hay dos interrogantes sin respuestas en caso de que el sector de la oposición dirigido por Guaidó decidiera participar en los comicios regionales convocados por el chavomadurismo.

La primera, lógicamente, se refiere a las razones por las que pudiera producirse esa supuesta participación, luego de haberse negado a hacerlo en los eventos electorales de 2018 y 2020, alegando la ausencia de condiciones mínimas, la descarada parcialidad del CNE con el régimen y los múltiples vicios electorales que deslegitiman cualquier consulta comicial. Hasta donde se sabe, esa situación no ha variado de ninguna manera, salvo la designación de dos rectores del CNE que han sido señalados como opositores o, al menos, no afectos al régimen, lo cual no es, en realidad, ninguna garantía de que las condiciones electorales puedan ser mejoradas. Al menos, no hasta ahora.

Siendo así, entonces pareciera que no habría razones para modificar esa actitud crítica ante los comicios de noviembre. Ciertamente, no se conoce ninguna decisión del CNE nombrado hace poco que apunte a un mejoramiento “medianamente” aceptable de las condiciones electorales actuales, salvo las buenas intenciones que podrían atribuírsele a Márquez y Picón, quienes son apenas dos de cinco rectores y, por tanto, no tienen mayoría para hacer aprobar los cambios radicales que deben producirse para vencer la resistencia mayoritaria de los venezolanos frente al sufragio, pervertido por el chavomadurismo en estas dos décadas.

Mientras tanto, las supuestas negociaciones anunciadas entre el régimen y la oposición no terminan de cuajar. Pareciera que van a tomar el rumbo de las anteriores, aceptadas en principio por el oficialismo, que luego de ganar tiempo las boicotea cuando lo considera conveniente. Una nueva burla a los opositores y a la comunidad internacional.

En paralelo, la “candidaturitis” de algunos dirigentes de esa oposición ajena a la llamada “mesita” y al “alacranismo” pareciera desbordarse y amenaza con pasarle por encima a Guaidó y las directivas de los partidos que lo apoyan, antes de que pudiera lograrse algo en las negociaciones mencionadas, si es que tienen lugar y arrojan resultados más o menos positivos.

Lo cierto es que hay ciertos candidatos a gobernadores y alcaldes contagiados por el protagonismo estúpido de unas nominaciones que alimenten sus egos o sus bolsillos, vaya usted a saber, o ambos al mismo tiempo. Esa pareciera ser la regla, con perdón de las excepciones que la confirman, porque, desde luego, habrá algunos que, de buena fe y con la mejor intención, piensan que pueden ganar y hacer un buen gobierno regional o municipal. Son gente que aún cree en “pajaritos preñados”, pero repito, con la mejor buena fe, eso sí. Sin embargo, hay otros que andan en lo suyo, y eso ayuda al régimen y su convocatoria electoral.

En todo caso, si esa oposición que no ha concurrido a los dos últimos eventos electorales convocados por el anterior CNE chavomadurista decidiera hacerlo ahora, tendría que tener muy poderosos motivos. Tendría que tener, además -y esto más importante todavía-, mejores, convincentes y sólidas razones para convencer a la mayoría de los venezolanos para ir a votar, ahora sí, aunque no hayan mejorado las condiciones electorales.

Hay que destacar, en medio de todo esto, el esfuerzo movilizador que en todo el país se desarrolla con el denominado Acuerdo de Salvación Nacional, propuesto por Guaidó. Esa presencia de la dirigencia opositora en ciudades, barrios y pueblos es muy importante porque desplaza el inmovilismo político -absurdo e inconveniente- y reactiva el contacto con buena parte de los venezolanos, hoy sumidos en esta gigantesca tragedia producida por el chavomadurismo. Además, pone de manifiesto que lo meramente electoral no es el único motivo para movilizar al más amplio sector opositor.

Supuesto todo lo anterior como cierto, la segunda pregunta sería cuáles tarjetas electorales o partidos políticos respaldarían sus candidatos, visto que la mayoría de estos últimos y sus símbolos han sido entregados por el TSJ del régimen a agentes suyos, como se sabe. Todo pareciera indicar que no se le devolverán las tarjetas, símbolos y bienes de esos partidos a sus autoridades legítimas. Ya los rectores del CNE calificados como no afectos al régimen han anunciado que esa materia no le compete al organismo electoral. Tal cosa es cierta desde el punto de vista formal, pero todos sabemos también que una negociación política entre el régimen y la oposición tendría que incluir ese aspecto, al igual que la libertad de los presos políticos, entre otras importantes cuestiones.

Si eso no es posible entonces, como parece, tendrían que solicitar nuevas tarjetas y organizar partidos y movimientos. No es poca la ventaja que tendría la oposición cuadrada con el chavomadurismo, al utilizar en su beneficio las siglas y tarjetas históricas de los partidos secuestrados, mientras las autoridades despojadas de los mismos intentan fijar en la opinión pública aquellas que respaldarían a sus candidatos.

Habría, además, otro elemento a considerar si esa oposición que gira alrededor de Guaidó decidiera participar en las mismas condiciones electorales de 2018 y 2021, contradiciendo su posición anterior. Se trata de los candidatos que tendrían que presentar, distintos -suponemos- a los que postulen los partidos “alacranes” y los de la mesita, en caso de que estos vayan separados. Porque, a la larga, no sólo se trata de votar -si fuera el caso-, sino, además, de por quién votar. Tendrían que presentar candidaturas de gente honesta, capaz y consecuente, que tal vez no tendrán que ofrecer mucho pues es muy poco lo que podrían hacer en caso de ganar, por aquello de los “protectores” que les impondrá el régimen y porque no dispondrán tampoco de recursos presupuestarios, salvo para pagar nóminas de sueldos de hambre a los empleados de gobernaciones y alcaldías.

Y todavía habría algo más: algunos de esos candidatos tal vez lo más que puedan conseguir es que unos cuantos voten por ellos con el pañuelo en la nariz, aparte de la multiplicidad de candidaturas que dividirían a la oposición y favorecerían al régimen, de acuerdo con la muy clara estrategia de este último.