La liberación temporal de las patentes que cubren las vacunas para el Covid-19, es una opción que está ganado impulso en la opinión pública del mundo. ¿Por cuáles razones? Básicamente por tres: la de orden ético que plantea que ningún derecho de protección de la propiedad intelectual debería prevalecer sobre el derecho humano universal a la salud así como a la vida, la de orden estratégico que sostiene que la amenaza persistirá en el mundo hasta que la pandemia se haya extinguido de los países pobres, dado que el riesgo existente de una mutación del virus que se haga inmune a las vacunas actuales, aumenta en el tiempo y según se enseñoree en áreas densamente pobladas e igualmente vulnerables, y la de orden equitativo, que resalta el hecho cierto de que las pandemias son eventos que evidencian la enorme injusticia entre países ricos y pobres.
Para abril la OMS denunció que sólo 0,2% e las vacunas había llegado a los países pobres. En tanto que Pfizer esperaba unos ingresos este año estimados en US$ 26.000 MM, por la venta de su vacuna para el Covid-19. De otra parte, la investigación sobre la tecnología ARN mensajero, se desarrolló en universidades y centros de investigación públicos que contaron con financiamiento de los gobiernos; otra cosa es que las farmacéuticas perfeccionaron las técnicas de producción, sufragaron las pruebas en humanos y utilizaron sus infraestructuras para fabricar los miles de millones de vacuna que hacen falta (en teoría 14.000 MM). Hay que decir que Pfizer recibió una subvención de US$ 375 MM del gobierno alemán a través de su socio BioNTech, y un préstamo de ? 100 millones por parte del Banco Europeo de Inversiones.
Ahora bien, es de todos conocido que el arranque de la producción estuvo signado por grandes atrasos, sobre todo por Astra Zeneca, y que la UE amenazó varias veces a la farmacéutica con demandas. Es probable que se sobre estimara la capacidad de la industria para satisfacer la demanda mundial, pero lo cierto es que para mayo los países desarrollados cuya población alcanza a 13% de la humanidad, se habían asegurado para sí mismos, por convenios previos de compra, la mitad de las vacunas producidas; de manera que la solidaridad estratégica a la que estaban comprometidos, dio paso en los hechos a un nacionalismo vacunal de “primero nosotros”, algo que tiene una explicación política en el corto plazo, pero que en largo puede ser contraproducente.
Los países ricos en el deber ser, crearon en 2020 junto con la OMS el mecanismo Covax para el reparto gratuito de vacunas a los países pobres, pero si la producción de la vacunas no ha sido satisfactoria, ni aún para los desarrollados, menos lo ha sido para los pobres; de allí la idea de liberalizar las patentes, propuesta formulada originalmente por India y Suráfrica, países que cuentan con laboratorios de alta tecnología en la producción de vacunas tradicionales, iniciativa de la cual se hizo eco la OMS, y que también apoyó, a título personal, la directora de la OMC. En un principio 100 de los 164 países de la Organización Mundial del Comercio, apoyaron la iniciativa. EEUU estuvo en contra inicialmente, paro luego la administración Biden cambió de parecer y decidió alentar la proposición. Hasta el Papa Francisco expresó su solidaridad con la idea de la liberación de las patentes.
Las farmacéuticas se oponen a esta medida bajo el argumento que puede desalentar la investigación y desarrollo de nuevas vacunas, ya que siendo su actividad un negocio, al no tener la posibilidad de unas ganancias esperadas, esto puede significar desmotivación y retraso en su actividad innovadora. Este argumento es muy cierto, pero también lo es que una pandemia de alcance mundial en la que muere mucha gente, no es una oportunidad de negocio, como lo es que los investigadores no escogen su carrera por la posibilidad de hacerse ricos, ni que los que trabajan para las farmacéuticas pueden decir: ahora me dedico a otra cosa.
Miguel Méndez Rodulfo
13 de junio de 2021