Fernando Fernández: Guerra judicial en Cabo Verde

El sistema internacional de justicia penal está en marcha. Se trata de un caso muy importante en el que se verá la eficacia o no de los tratados y organismos internacionales contra el crimen organizado y la corrupción, así como la cooperación internacional entre los Estados para luchar contra estos flagelos globales. La lucha por la justicia es larga, complicada y con obstáculos. Ya este caso lleva un año. Es un constante batallar en tribunales.

En una comunicación de fecha 8/6/2021 el Comité de Expertos de la ONU solicita a Cabo Verde suspender temporalmente la extradición de Alex Saab a Estados Unidos. Lo insólito es que dicha solicitud fue alabada por el gobierno venezolano, el mismo que niega derechos fundamentales a sus presos políticos y, en general, a todos los privados de libertad hacinados en cárceles donde no se aplican las Reglas Mandela de la ONU (Ver: https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Nelson_Mandela_Rules-S-ebook.pdf ). Asombra, en cambio el excelente trato acordado al detenido Saab en un resort de lujo (Ver: https://armando.info/Reportajes/Details/5735), designado como lugar de detención en espera de una solicitud de extradición de Estados Unidos. También impresiona el contraste del humilde edificio del Tribunal Constitucional de Cabo Verde.

No deja de sorprender la facilidad con la que el mismo gobierno que ha ignorado y despreciado las recomendaciones de los distintos expertos de la ONU sobre las miles de detenciones arbitrarias realizadas por él (Ver: https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/FFMV/Pages/Index.aspx#:~:text=El%2027%20de%20septiembre%20de,presuntas%20violaciones%20de%20los%20derechos), ahora acuda a celebrar cuando se beneficia a uno de sus aliados políticos y comerciales. Los casos de Afiuni (Ver: https://news.un.org/es/story/2011/12/1231611 ), Ledezma (Ver: https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions2015AUV/Opinion%202015%2027_Venezuela_D%C3%ADaz_AUV.pdf ) y López (Ver: https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16466&LangID=S ) son apenas algunos de los miles de detenidos arbitrariamente (Ver: https://www.amnesty.org/download/Documents/AMR5360142017SPANISH.PDF), sin respeto alguno por el debido proceso ni por sus otros derechos humanos. Doble moral.

En efecto, el patrón que exhibe el gobierno venezolano es el de descalificar cualquier solicitud u orden que emane de organismos o tribunales internacionales bajo los falsos argumentos de “injerencismo”, “violación de la soberanía” o “violación de la autodeterminación del pueblo” (Ver: https://www.telesurtv.net/news/venezuela-califica-sesgada-actualizacion-alta-comisionada-derechos-humanos-20200925-0021.html) cuando se le pide u ordena que cese de violar derechos humanos y de cometer atrocidades contra su población, mediante ataques sistemáticos y generalizados, como parte de una política del Estado.

Primero que todo, el gobierno debería acatar todas las recomendaciones hechas por los organismos internacionales (Ver: https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24788&LangID=S) para tener autoridad moral y legitimidad al exigir cualquier cosa para sus allegados. Todas las personas tienen todos los derechos humanos, pero hay que comenzar por reconocerlos, respetarlos, garantizarlos en Venezuela. Así lo han pedido y recomendado el Consejo de Derechos Humanos, la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU y la Misión Independiente de Determinación de los Hechos. Asimismo, ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde 2002 en sus Informas Anuales, Capitulo IV.

De su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha ordenado en diversas sentencias, como Romero Blanco vs Venezuela (Ver: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_138_esp.pdf), Tulio Álvarez vs Venezuela (Ver: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_380_esp.pdf), Granier vs Venezuela (Ver: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_293_esp.pdf) y Diaz Loreto y otros vs Venezuela (Ver; https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_392_esp.pdf), entre muchos otros casos y ¡NADA! La impunidad de los crímenes y abusos de derechos humanos es el rasgo característico y notorio del gobierno.

La solicitud del comité puede ser acatada por Cabo Verde, lo cual sería un nuevo motivo para retardar una decisión. Cabo Verde ha sido paciente y ha oído todos los recursos legales y apelaciones, dentro del debido proceso. Pero puede no acatarla, porque el comité no es un tribunal, ni sus decisiones son legalmente vinculantes, ni tampoco tiene mecanismos coactivos. Sin embargo, los pactos deben cumplirse o Pacta sunt servanda, dice el brocardo. Ese es el dilema que deberá resolver Cabo Verde.

Seguramente lo hará, porque es un país modelo en lo institucional, con alto sentido del Estado de Derecho. Este caso ha sido una demostración de ello. Hasta ahora Cabo Verde ha sido respetuoso del debido proceso y el derecho a la defensa: todos los recursos y apelaciones han sido escuchados y tramitados, pero negados por improcedentes. Por lo que es posible que atienda esta petición, causando un nuevo retraso en el proceso de extradición.

Los delitos imputados a Saab para la extradición son graves felonías de trascendencia internacional como la corrupción, el lavado de dinero y el crimen organizado (Ver: https://www.justice.gov/usao-sdfl/pr/two-colombian-businessmen-charged-money-laundering-connection-venezuela-bribery-scheme). Para que proceda la extradición, Estados Unidos se debe comprometer a respetar los derechos humanos del procesado, garantía que debe exigir Cabo Verde para aprobar la entrega. Ambos países son signatarios de las convenciones de la ONU contra la corrupción y la delincuencia organizada transnacional.

La paradoja de los derechos humanos es que son universales, válidos para todas las personas. Sean culpables o no de delitos. La presunción de inocencia se respeta hasta que haya un juicio justo y se demuestre la culpabilidad. Lo trágicamente irónico es que quienes los desconocen y violan a sus víctimas, apenas tienen la ocasión, los usan para sí con el propósito de enredar y retrasar los juicios, investigaciones y procedimientos legales.

Es por eso, entre otros temas, que los defensores de los derechos humanos y abogados tienen un trabajo enorme para realizar sus funciones y rescatar la credibilidad de un asunto tan importante para la humanidad. Los temas legales son largos y difíciles de entender para la mayoría de la población que quiere decisiones rápidas. Pero, en los casos penales se debe respetar el debido proceso, algo fundamental para las víctimas de persecuciones injustas y arbitrarias.

Para la academia, los estudiosos del Derecho Penal e internacionalistas, el caso de Alex Saab es de mucho interés, debido a los diferentes actores involucrados, por el tipo de litigio que se ha hecho, así como por los argumentos y estrategias alrededor de diferentes tratados y organismos internacionales concernidos. La delincuencia organizada también toma nota de este caso y sus incidencias.

Las víctimas de la corrupción, es decir, la gran mayoría de venezolanos empobrecidos por el expolio al patrimonio público y privado (Ver: https://pazactiva.org.ve/site_odo/wp-content/uploads/2018/05/elEstadocomobotin.pdf), esperan que se haga justicia. Ojalá que Cabo Verde atienda pronto a este justo reclamo y sea impermeable a los ataques que recibe. Amén.

@FM_Fernandez

@DhMonitor