Guyana compró por 11,5 millones de dólares una embarcación patrullera a una compañía de Estados Unidos debido, según el Gobierno, a los “problemas fronterizos” del país, que ha mantenido por décadas un litigio territorial con Venezuela.
La ministra de Asuntos Parlamentarios y Gobierno, Gail Teixeira, reconoció este martes “problemas fronterizos” como la causa de la adquisición, tras ser preguntada por el líder de la oposición, Joseph Harmon, sobre el motivo de la compra de la patrullera a la empresa estadounidense Metal Shark.
Teixeira aclaró en la Asamblea Legislativa del país suramericano que la embarcación será utilizada por la Guardia Costera como parte de los esfuerzos de Guyana para patrullar su Zona Económica Exclusiva, a la luz de los problemas fronterizos.
“Tenemos un problema fronterizo. Hubo incursiones en nuestras aguas y ante ello contábamos con una embarcación vieja y, por lo tanto, se tomó la decisión de adquirir una nueva”, aclaró Teixeira ante el Comité de Abastecimiento de la Asamblea Nacional.
Teixeira se negó a proporcionar más detalles sobre el barco por razones de seguridad.
El costo total de la patrullera alcanza los 11,5 millones de dólares.
Teixeira indicó que el barco no llegará a Guyana hasta que se realice el penúltimo pago, en 2022, y dijo que la embarcación será construida especialmente para la Guardia Costera de Guyana.
El presidente de Guyana, Irfaan Ali, advirtió el pasado 27 de mayo que su país no será intimidado por Venezuela en la disputa por la región fronteriza de Esequibo que mantiene con ese país, en unas declaraciones coincidiendo con el día de la independencia del país.
Subrayó además que la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que está estudiando el caso, es el foro adecuado para tratar las diferencias entre los dos vecinos por la región de Esequibo.
Guyana anunció en marzo que presentará en la fecha marcada las alegaciones solicitadas por la CIJ al país y Venezuela para dirimir la disputa fronteriza.
De acuerdo con la orden de la CIJ, Guyana tiene hasta el 8 de marzo de 2022 para presentar sus alegaciones, mientras que Venezuela, en cambio, dispone de un año más, hasta el 8 de marzo de 2023.
Guyana se acercó a la CIJ en 2018 en busca de una sentencia definitiva y vinculante para reforzar que el Laudo Arbitral de 1899 siga siendo válido y vinculante para todas las partes, además de una afirmación legal de que la región del Esequibo, que contiene gran parte de los recursos naturales de Guyana, no pertenece a Venezuela.
EFE