Cástor González Escobar: El marco institucional de la innovación

Cástor González @castorgonzalez

Nos referíamos en nuestro último artículo, a lo que denominamos la ruta de la innovación, en el que delineamos los elementos que deben tenerse en cuenta para desarrollar las políticas públicas que conduzcan a convertir a Venezuela en una nación innovadora, donde el primer lugar a considerar lo ocupa el marco institucional, entendido como tal, lo relativo al ambiente político, regulatorio y de negocios, en el cual debe cultivarse la iniciativa creativa y emprendedora, que luego se traduzca en una fructífera continua cosecha de activos intangibles, de productos y servicios creativos, y de creatividad en el entorno digital, que es el tema que a continuación desarrollamos y en el que tomamos como referencia, los lineamientos que considera a tal efecto el Índice Global de Innovación (IGI), que es la publicación de referencia en la materia, en la cual por cierto y lamentablemente, no participa nuestro país desde el año 2017. 

Cuando escuchamos marco institucional, en el imaginario colectivo generalmente surge la idea de que ello se refiere simplemente al funcionamiento de los organismos públicos; sin embargo, la evaluación de tal variable va mucho más allá, y su valoración incluye varios aspectos que intuitivamente sabemos son necesarios para que cualquier iniciativa de negocios fluya, se desarrolle y se viabilice. 

Encontramos así el primer elemento de evaluación del marco institucional, que es el ambiente político, lo cual no está en lo absoluto vinculado a lo ideológico o partidista, sino más bien a la medición de aristas tan objetivas y concretas como aquellas relativas a la probabilidad y gravedad de los riesgos políticos, legales, operativos o de seguridad que afectan las operaciones comerciales y a cualquier iniciativa empresarial; continuando con la valoración de la eficiencia o efectividad gubernamental, donde lo esencial es identificar las percepciones que se tengan sobre la calidad de los servicios públicos, de los servidores públicos, y el grado de su independencia de las presiones políticas, la calidad de la formulación e implementación de políticas, y la credibilidad del compromiso del gobierno con tales políticas. Acá en este apartado, insistimos, más allá de cualquier consideración relacionada con la doctrina, pensamiento o sistema de gobierno imperante, lo cual no viene al caso a propósito de estas líneas, es evidente que el país está en una muy mala posición, por lo que es mucho lo que debe hacerse para cambiar la realidad y percepción de lo que es considerado sin lugar a dudas un ambiente político desfavorable para las iniciativas creativas.

El segundo factor a considerar, lo constituye el llamado ambiente o marco regulatorio, donde encontramos la eterna dicotomía entre la ley y su observancia; y donde por una parte se evalúa la calidad de las regulaciones existentes, entendiendo como tal la capacidad del gobierno de diseñar, implementar y ejecutar regulaciones que promuevan y permitan el desarrollo de la iniciativa privada; y por el otro, su observancia, o en otras palabras, la efectiva aplicación y respeto de dichas regulaciones; donde podríamos afirmar que si bien por una parte, en general el país cuenta con una estructura legal si se quiere bastante aceptable, con excepciones notables como por ejemplo la de contar con una legislación vetusta en materia de derechos de propiedad intelectual; su observancia o predominancia del imperio de la ley, dista de ser siquiera mínimamente exhibible como positiva, siendo más que abundante la evidencia sobre lo comprometido que está algo tan elemental como el derecho de propiedad, o el funcionamiento eficiente de los tribunales y de los cuerpos policiales, o la existencia de una amplísima discrecionalidad del funcionario público, que se traduce en síntesis en una casi absoluta ausencia de seguridad jurídica. 

El tercer elemento para calificar el marco institucional de la innovación, versa tal vez sobre lo que podrían ser las consecuencias o resultados de las fallas o el éxito de las dos anteriores, y se refiere al grado de facilidad o dificultad para hacer negocios, que toma en cuenta esencialmente los índices que a tal efecto maneja el Banco Mundial, y donde Venezuela ocupa el antepenúltimo lugar del índice, es decir, el puesto 188 de 190 jurisdicciones evaluadas, solo superada en lo escabroso de la materia, por dos naciones africanas, Eritrea y Somalia, además de ser precedida por Libia y Yemen. Así, para determinar cuan fácil o no es hacer negocios en una determinada jurisdicción, el Banco Mundial se pasea por varios indicadores, como lo son por ejemplo y entre otros, los procedimientos para establecer una empresa, el acceso al servicio eléctrico, los registros públicos de propiedades, el acceso al crédito, la protección a los inversionistas minoritarios, los aspectos fiscales y los mecanismos aduaneros de importación y exportación. Acá, quien quiera que apueste a la formalidad de un emprendimiento, sabe de sobra lo complejo que puede resultar con todo cuanto demandan las regulaciones existentes y la discrecionalidad de los reguladores en todas las instancias, por lo que no es de sorprender el lugar que ocupamos en el referido índice.   

Aunque lo expuesto podría ser claramente visualizado como catastrófico, reconocer e identificar los problemas, es un primer paso para que a partir de allí se pueda construir la ruta para ascender progresivamente en los indicadores que permitan avanzar en ese territorio creativo, y es que para eso existen los estudios y evaluaciones que derivan en índices y rankings. En Venezuela, los creadores y emprendedores vienen haciendo su parte, asumiendo sin complejos que están desarrollando sus iniciativas en condiciones adversas, por lo que en ese sentido son agentes de cambio, pero el impulso final requerido, en cuanto se refiere a lo que motiva estas líneas, que es el marco institucional que demanda la innovación, debe venir justamente de las instituciones y los actores que las conducen, y esa es la tarea pendiente.

Abogado. Presidente del Centro Popular de Formación Ciudadana y Director de GR LEX Américas

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