Maduro dramatiza una “revolución” del sistema judicial antes que la CPI se pronuncie

Nicolás Maduro. Foto: Cortesía

 

 

Nicolás Maduro apareció ante las cámaras de la televisora estatal, en una ya desacostumbrada alocución nocturna, para convocar a todos los poderes públicos manipulados por el chavismo e iniciar una supuesta “revolución” del sistema judicial venezolano justo antes de que la Corte Penal Internacional (CPI) se pronuncie sobre las acusaciones de crímenes de lesa humanidad.

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“Está en nuestras manos construir un estado de justicia, que la Constitución se convierta en un ejemplar del mundo”, comentó Maduro en una reunión donde se encontraban Maikel Moreno, quien encabeza el Tribunal Supremo al servicio del chavismo, y Tarek William Saab, quien hace lo propio en el Ministerio Público.

“Venezuela tiene una Constitución y un grupo de leyes para el respeto de los derechos humanos”, afirmó Maduro en un tardío guiño al nuevo fiscal británico de la CPI, Karim Khan. “Estamos aquí para construir ese Estado social, de justicia, de derechos, garante de los DDHH”, reiteró por su parte el vocero chavista.

Maduro reconoció retrasos y fallas dentro del sistema judicial pero aseguró que “la Constitución de Venezuela es la más garantista del mundo. Hay que convertir esa letra en realidad”.

De igual manera, el sucesor de Hugo Chávez sorprendió incluyendo a las Organizaciones No Gubernamentales en la “revolución” que desea darle al Poder Judicial. “La unión perfecta del Estado venezolano, sus poderes públicos, las ONG, los movimientos sociales y los ciudadanos. En Venezuela hace falta una revolución perfecta de justicia”, declaró.

Para llevar a cabo tal tarea, Maduro creó una “comisión especial” de carácter irregular, encabezada por Diosdado Cabello. “Se le está dando la potestad a esta comisión para presentar un plan para cambios estructurales en el sistema judicial del país en sesenta días”, ordenó.

La medida de Maduro parece otro esfuerzo desesperado por desviar la atención de la CPI o inclusive conseguir un pronunciamiento favorable en el cada vez más próximo informe preliminar que estudia los casos de violaciones a los DDHH a cargo de los cuerpos armados que maneja el chavismo.