El Consejo de Ministros de este martes prevé aprobar el indulto para nueve de los condenados por el ‘procés’ independentista, bajo el que el Govern de Cataluña aprobó el 6 y el 7 de septiembre de 2017 leyes de desconexión del Estado. A este paso le siguió una consulta ciudadana y, finalmente, una declaración de independencia que no fue tal, ya que el Gobierno, entonces dirigido por el popular Mariano Rajoy, activó el artículo 155 de la Constitución Española para destituir a todos los miembros del Ejecutivo catalán.
JAVIER LÓPEZ MACÍAS // 20 MINUTOS
Algunos de ellos, con Carles Puigdemont, expresident, como máximo exponente, decidieron huir a Bélgica, pero otros tantos se quedaron en España y fueron encarcelados. En octubre de ese año entraron en prisión los Jordis, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, líderes de las entidades independentistas Òmnium Cultural y Asamblea Nacional Catalana (ANC). En marzo de 2018, hicieron lo propio el resto. Sin embargo, todos ellos saldrán ahora de prisión con la aprobación de la medida de gracia, que ha contado con el informe contrario del Tribunal Supremo y de la Fiscalía General del Estado. Con todo, el presidente Pedro Sánchez se escuda en la “utilidad pública” de la medida para llevarla a cabo.
Oriol Junqueras
Oriol Junqueras aún es líder de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), fuerza que ostenta el Govern con Pere Aragonés al frente y tras un acuerdo de coalición con JxCAT. En el momento en el que se aprobó la desconexión era vicepresidente de la Generalitat y antes había siendo consejero de Economía y Hacienda. Fue condenado por un delito de sedición y de malversación a 13 años de prisión y otros tantos de inhabilitación -la pena más alta de los condenados-. No obstante, antes de que la sentencia fuera firme, pudo coger su acta de diputado en el Congreso de los Diputados, donde ejerció apenas cuatro meses: desde el 21 de mayo de 2019 al 24 de septiembre. Sobre los indultos, declaró el domingo que son “un triunfo” porque demuestran, a su parecer, “algunas de las debilidades del Estado”.
Carme Forcadell
Forcadell ostentaba la máxima representación del poder legislativo de Cataluña, ya que era la presidenta del Parlament. Permitió que se votaran las leyes de desconexión y llegó a estar acusada de promover la organización de la consulta del 1 de octubre. Finalmente, fue condenada a 11 años y medio por sedición y no por malversación, como otros encarcelados. Entre 2003 y 2007 fue concejala en el municipio de Sabadell bajo las siglas de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC). Después, fue la antecesora de Jordi Sánchez presidiendo la Asamblea Nacional Catalana y ocupó la segunda posición en la lista de Junts en las elecciones de 2015 por Barcelona.
Raül Romeva
Romeva era consejero de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia. También fue condenado por un delito de sedición junto con otro de malversación, aunque su pena fue un año menor que la de Junqueras, pues los magistrados le impusieron 12 años de prisión e inhabilitación. En comicios catalanes de 2015 ocupó la cabeza de lista de Junts pel Sí. Antes, no obstante, fue durante 10 años eurodiputado con Iniciativa per Catalunya Verds, con la que rompió por no defender el proceso independentista. Tras un año y medio en la cárcel, quiso dejar claro su compromiso con la causa al decir en Todo es Mentira, programa televisivo, que valía “la pena” estar en la cárcel “si es por defender algo en lo que crees firmemente”.
Jordi Sánchez
Fue, junto con Jordi Cuixart, el primero de los nueve en entrar en prisión. Lo hizo en octubre de 2017. Tras el juicio, fue condenado a nueve años de prisión e inhabilitación por un delito de sedición y otro de malversación. Como Romeva, estuvo vinculado durante años a Iniciativa per Catalunya Verds. Tomó las riendas de la asociación independentista Asamblea Nacional Catalana (ANC) en 2015, un cargo que abandonó un mes después de entrar en prisión. Esta situación no le impidió ser nombrado en agosto de 2020 secretario general de Junts, la última formación creada por Carles Puigdemont. No obstante, según la agencia Europa Press, su liderazgo está en entredicho tras relativizar el resultado del intento de referéndum del 1 de octubre. “Fue concebido más para forzar al Gobierno español a abrir una vía de diálogo y negociación para alcanzar un referéndum acordado que para proclamar efectivamente la independencia”, dijo.
Jordi Cuixart
Es otro de los Jordis, aunque él sigue al frente de Òmnium Cultural, entidad de la que alcanzó la presidencia en 2015. Como Sánchez, fue condenado también por sedición y malversación tras el juicio al ‘procés’. Su sentencia, al igual que su encarcelamiento, fue polémica porque no ostentaba ningún cargo en el Govern. No obstante, el Tribunal Constitucional avaló las penas impuestas por el Supremo hace apenas 20 días. Según el Alto Tribunal, la condena por sedición “cumple con las normas constitucionales”, y no obedece a la persecución o al castigo de sus posiciones políticas. El tribunal explicó que tanto él como Sánchez promovieron una “oposición material” a la ejecución policial de las decisiones de los tribunales. Se referían, por ejemplo, al cerco a la Consejería de Economía catalana, en septiembre de 2017, para frenar una operación policial contra la consulta de autodeterminación.
Dolors Bassa
Como Romeva, Dolors Bassa fue condenada por sedición y malversación a 12 años de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos. En 2017 era la consejera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia. Antes, había sido concejala de ERC y fue parte de su candidatura a las elecciones de 2017 por la provincia de Girona. En esa provincia cumple condena de manera completa, pues la Fiscalía recurrió la semilibertad que le otorgó el Govern en los primeros meses de 2021.
Josep Rull
Rull ocupó la cartera de Territorio y Sostenibilidad y fue condenado a 10 años y seis meses de prisión por un delito de sedición. Ya encarcelado, ocupó un escaño en el Congreso de los Diputados en las mismas fechas que Junqueras. Sin embargo, a diferencia del exvicepresident, Rull ocupó antes distintas responsabilidades en Convergència y formaciones sucesivas. Sobre los indultos, ha asegurado que si Sánchez pretende con ellos “limitar” la capacidad de los independentistas de “expresarse libremente”, no está dispuesto a “aceptarlos”. “Sería caer en el terreno del miedo”, ha añadido.
Jordi Turull
Turull, que ocupaba la Consejería de Presidencia y Portavocía del Govern, fue condenado a 12 años de prisión e inhabilitación por los delitos de sedición y malversación. Como Rull, ha simpatizado siempre con el entorno de Convergéncia y ha ocupado responsabilidades parlamentarias bajo distintas marcas electorales. En la actualidad, es vicepresidente de Junts, la formación que preside Puigdemont. Tras Cuixart, es el segundo preso que llevó su condena ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Joaquim Forn
Era consejero de Interior y fue condenado por sedición a 10 años y seis meses de prisión e inhabilitación. Antes de ser consejero y diputado en el Parlament, fue concejal en el Ayuntamiento de Barcelona, llegando a ser primer teniente del alcalde del conservador Xavier Trias, miembro de PDECat. Respecto a los indultos, su abogado, Xavier Melero, dijo ayer en un programa de RTVE que estaba “encantado” porque “tiene ganas de salir de la cárcel”. Eso sí, espera que vayan acompañados de una mesa de negociación “fructífera”.
Vila, Borràs, Mundó… y los fugados
Los nueve presos encarcelados no fueron los únicos señalados en la sentencia del ‘procés’. También los exconsejeros de Empresa, Santiago Vila; de Gobernación, Meritxell Borrás; y de Justicia, Carles Mundó; fueron condenados, aunque no a penas de prisión. El Tribunal Supremo únicamente les impuso una multa de 200 euros diarios durante 10 meses, por lo que el indulto no será aplicable para ellos. Tampoco para los huidos, entre los que se encuentra el expresident Carles Puigdemont.
En situación similar están Toni Comín, exconsejero de Salud; Lluís Puig, exconsejero de Cultura; Clara Ponsatí, exconsejera de Educación; Marta Rovira, número dos de ERC; y Anna Gabriel, exdiputada de la CUP. También huyó la exconsejera de Agricultura, Meritxell Serret, que tras tres años en Bélgica, regresó a España. Declaró ante el Supremo a finales de abril de este año.