Nicolás Maduro declaró esta semana que en las eventuales conversaciones con la oposición tal vez pudiera plantearse ampliar las condiciones electorales.
“A confesión de parte, relevo de pruebas”, reza un viejo adagio jurídico. Porque, sin duda, esa supuesta oferta confirma lo que muchos hemos venido señalando reiteradamente: la inexistencia de condiciones mínimas para el libre y transparente ejercicio del voto en Venezuela, al menos en las últimas dos décadas.
No voy a repetir la lista de condiciones mínimas. Son suficientemente conocidas y comprobadas. Pero sí hay que destacar el hecho de que la cabeza del régimen reconozca que no son suficientes y que podrían ser “ampliadas” en una mesa de negociaciones. Que cumpla esa oferta, ya es otra cosa. Bien sabemos que la mentira y el cinismo son un componente genético del chavomadurismo.
Lo central del debate, insisto, es que aquí en este país no hay elecciones libres y transparentes, precisamente a causa de la falta de condiciones electorales mínimas. Esa gigantesca falla deslegitima en todo sentido sus resultados y aleja a los electores, como se ha demostrado al menos desde 2017, cuando los vicios electorales aumentaron y se volvieron más que evidentes para todos.
En este punto he venido insistiendo hasta el cansancio para poner de manifiesto que esa renuencia del electorado a votar en estos últimos años no puede calificarse como abstencionismo, sino más bien como una rebelión civil ante un sistema electoral que no le ofrece ningún tipo de garantías.
Por eso creo que quienes hablan de abstencionismo lo hacen para justificar su propio fracaso, al no haber podido convencer a esos millones de venezolanos de que voten por ellos. Más irresponsable aún es culparlos, por su propia incapacidad al respecto, de ser responsables de la permanencia del régimen. Asombra tanta falta de perspicacia en quienes se atribuyen condiciones de liderazgo que no han podido demostrar en estos años.
Por cierto, no deja de llamar la atención que sea el propio Maduro –independientemente de sus verdaderas intenciones– quien plantee este asunto, y no los participacionistas y los “votocomosea”, que, por lo general, obvian este importante asunto de las condiciones electorales mínimas. Algunos han llegado al colmo de restarle toda importancia y otros, resignadamente, advierten que no se pueden hacer tales exigencias en la presente coyuntura política y electoral del país. Toda esta situación también pone de manifiesto que la falta condiciones electorales mínimas no es solamente una razón para que millones de electores no voten, sino un tema de gran relevancia, pues el voto cierto y libre es la mejor expresión de la voluntad popular.
No es cualquier cosa, entonces. Porque no se trata de votar por votar, como si fuera un simple ritual. El asunto es votar para elegir. Y eso exige garantías plenas de que, en efecto, será reconocida la voluntad popular. Pero para esos efectos el voto debe ser efectivo. Lamentablemente, hay que admitir que, desde hace dos décadas ese voto ya no tiene la efectividad que establecen la Constitución Nacional y las leyes electorales. A pesar de todo esto, desde 2004 hasta 2018 la oposición democrática estaba obligada a participar en todas esas elecciones, aún sin garantías plenas, para convencer a la opinión pública internacional de que no era una oposición golpista, argumento que el régimen utilizó hasta el cansancio en su contra, luego de los sucesos de abril de 2002.
Hoy en día, esa misma opinión pública internacional –la ONU, la OEA y casi un centenar de gobiernos extranjeros– es la que ahora sostiene que el sistema electoral venezolano está viciado y no garantiza la voluntad popular, dada su falta de transparencia y el apoyo incondicional del CNE al régimen de Maduro.
La pregunta, a estas alturas, es la de si continuaremos asistiendo a la farsa electoral del chavomadurismo o si, por el contrario, estamos obligados a seguir exigiendo garantías plenas para que nuestro voto elija realmente.
Así de sencillo, amigo lector. Y por eso insisto en que el problema no es votar o abstenerse. De lo que se trata es de establecer mecanismos y políticas que garanticen a todos los venezolanos que las elecciones serán limpias y transparentes, y no como hasta ahora, convertidas en una especie de caja negra, cuyo contenido sólo conocen el régimen y su CNE.