Los socios del Sambil Model serán juzgados en Caracas

Agentes de la Guardia Nacional custodian las afueras del Palacio de Justicia, en Caracas. EFE/Cristian Hernández

 

 

La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia acordó radicar el Caracas el proceso judicial abierto en Bolívar contra Jenni Lorena Rosales de Sousa, directora del Sambil Model Venezuela y otros tres socios de esa agencia de modelaje, imputados por tráfico de mujeres con fines de prostitución, según sentencia N° 45 redactada por la magistrada Francia Coello. Así lo reseñó Últimas Noticias.

El expediente reposa en el Tribunal 1° de Primera Instancia en Función de Control, Audiencia y Medidas con Competencia en Materia de delitos de Violencia Contra la Mujer del estado Bolívar, Extensión Puerto Ordaz por los delitos de trata de personas y asociación para delinquir.

Junto a Rosales de Sousa también son procesados Ana Victoria Meneses Olivo (modelo), Antonio José Parada Montilla, Fabio Enrique González Isaza y Héctor David Guanare. Estas personas se encargaron de captar a siete muchachas para llevarlas al cumpleaños de Fabio González, alias El Negro Fabio, considerado cabecilla de un Grupo Estructurado de Delincuencia Organizada que opera en la zona minera de Bolívar.

Una vez que contrataron a las jóvenes, el día 18 de marzo pasado fueron llevadas a la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda ubicada en La Carlota donde abordaron el vuelo YV3106 con destino a Puerto Ordaz (Bolívar). Al llegar, las escoltaron en dos taxis que los llevaría a la población de El Dorado, donde las esperaba el cumpleañero. Pero el viaje fue interrumpido en la alcabala de Palo Grande donde funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana retuvieron los vehículos. A raíz de ese procedimiento, detuvieron a Parada Montilla, señalado de sufragar el viaje aéreo y demás gastos; a la modelo Ana Victoria Meneses, quien fue la encargada de captar a las muchachas junto a Jenni Rosales, según las investigaciones.

El Ministerio Público observó que el proceso penal iniciado en Bolívar presentaba una serie de inconvenientes para su desarrollo y solicitaron al TSJ radicarlo en otra entidad. Alegaron que los detenidos se valieron “de su postura de poder y medios económicos” para “manipular información pertinente a la investigación” presentándola en redes sociales de manera desvirtuada.

Lea más en Últimas Noticias