Pedro Carmona Estanga: Momentos difíciles para Colombia

Pedro Carmona Estanga

Colombia es un país que ha vivido a lo largo de su historia etapas complejas, pero que ha sabido superarlas con resiliencia, institucionalidad y valoración de la democracia. Durante el siglo XIX, se produjeron en Colombia brotes caudillistas regionales, enfrentamientos entre liberales y proteccionistas, entre federalistas y centralistas, hasta que el prócer Rafael Núñez fue capaz de promover una Constitución centralista en 1886, que sustituyó a la federalista de 1863. Pero pese a ello, el descontento de las fuerzas conservadoras condujo a la Guerra Civil de 1884-1885. La Constitución de Núñez tornó a los “Estados Soberanos” en “Departamentos”, y tuvo la virtud de proyectarse con fuerza y vigencia, aunque con enmiendas, hasta la Carta Magna aprobada en 1991.

Tampoco fue posible evitar en 1899-1900 la “Guerra de los Mil Días” entre conservadores y liberales, originada en problemas de gobernabilidad, en el malestar generado por el tránsito de la citada Constitución federalista de 1863 a la centralista de 1886, y una situación económica adversa que exacerbó el enfrentamiento bipartidista, y llevó al derrocamiento del presidente Sanclemente y a su reemplazo en 1903 por José Manuel Marroquín. Fue un enfrentamiento cruel, en el cual hubo 100.000 víctimas en una población pequeña, y con una debilidad institucional que coadyuvó a la lamentable pérdida del territorio de Panamá por parte de Colombia en ese mismo año.

En el siglo XX, la violencia política generada tras el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en abril de 1948, detonante del llamado “Bogotazo”, causó destrucción y víctimas, inicialmente enfrentadas por el presidente en ejercicio, Mariano Ospina Pérez. Pero revivió la lucha entre conservadores y liberales, con un saldo de entre 200 y 300.000 muertos y unos 2 millones de desplazados, hasta el histórico acuerdo del Frente Nacional, que permitió establecer una coalición y la alternabilidad en el poder de ambos partidos entre 1958 a 1974; así se recuperó la estabilidad política. Pero fue también en esa época cuando nacen los movimientos guerrilleros FARC, ELN y EPL, uno prosoviético, el segundo procubano, y el tercero maoísta. Se inicia así la dura etapa del conflicto armado.

Esa etapa estuvo caracterizada por la lucha entre las fuerzas democráticas y de seguridad y la violencia guerrillera, que dejó según algunas fuentes ocho millones de víctimas entre muertos, heridos, atentados, secuestrados, violencia sexual, menores reclutados, asaltos a instituciones del Estado y bases militares, sin olvidar de otro lado el exterminio de integrantes de la Unión Patriótica. Surgieron luego los grupos de autodefensa, que terminaron desviándose hacia el narcotráfico y la delincuencia común. Algunos movimientos armados como el M19 se desmovilizaron en 1990, pero continuó la acción delictiva de las FARC y el ELN, alentada por el jugoso negocio del narcotráfico, más tarde enfrentado en la política se seguridad democrática del presidente Uribe, a partir de 2002.

El narcotráfico, como tanto se afirma, ha sido sin duda el combustible que ha alimentado el conflicto interno en Colombia, incluyendo la lucha por el control de los corredores de cultivo y exportación de la droga. Concomitantemente, han crecido los rendimientos de los cultivos de coca, gracias a avances genéticos y tecnológicos, elevando la fabricación de cocaína, y colocando a Colombia como el primer país productor mundial, como lo es Afganistán en la producción de opiáceos, causante de tragedias como las que vive Estados Unidos, donde es cada día mayor el número de muertes por sobredosis de esa droga. El área cultivada de coca ha declinado durante este gobierno, y antes en el de Uribe, pero no ha disminuido el lucrativo negocio del narcotráfico. A ello hay que añadir la complicidad de las redes de narcotraficantes con el régimen totalitario de Venezuela, el cual brinda apoyo a las principales fuentes de financiamiento de la guerrilla, fomentando además la corrupción en el país vecino, que permea a la institución armada, hoy degradada a la condición de partido político armado y guardia pretoriana del régimen, e impune ante el enriquecimiento de los integrantes de la cúpula militar (Cartel de los Soles); ello en adición al hecho de que miles de guerrilleros actúan a sus anchas en territorio venezolano, afectando la seguridad nacional de Colombia y del continente. Más tarde, la polémica negociación del acuerdo de paz con las FARC durante el gobierno Santos polarizó al país, y no ha consolidado la paz, pues las disidencias de las FARC, las bandas criminales y el ELN continúan activas, este último fortalecido con la incorporación de exguerrilleros de las FARC y jóvenes reclutados en la franja fronteriza con Venezuela.

En 2019 y 2021, las protestas y bloqueos perpetrados en Colombia, en un clima de insatisfacción, especialmente de los jóvenes por los efectos de la pandemia, el desempleo y la desigualdad, han desviado el derecho a la protesta pacífica a una violencia destructiva, causante de efectos económicos y sociales que, sumados a las graves consecuencias de la pandemia, generan pérdidas sin precedentes en la historia contemporánea de Colombia. Hasta 2019 la economía colombiana crecía a tasas superiores al promedio latinoamericano (3,3%), con una situación fiscal aceptable, y con reducción de la pobreza y el desempleo. Ahora, con el cierre de decenas de miles de empresas, destrucción de valor, empleos, y crisis fiscal, el país se ha visto obligado a incrementar su nivel de endeudamiento y déficit fiscal, hechos que hacen impostergable una reforma tributaria, tema sensible, aunque no de la magnitud de la propuesta inicialmente por el gobierno, y luego retirada.

En la violencia y bloqueos ocurridos en Colombia, aparte de haber aflorado un clima de malestar en la población por la agudización de la situación económica, se ha evidenciado la manipulación de la protesta por parte de sindicatos y organizaciones de izquierda radical, con la mira puesta, más que en los agudos problemas nacionales, en fines políticos de cara a las elecciones del año 2022. Así lo reveló sin rubor Nelson Alarcón, presidente de Fecode (sindicato de trabajadores de la educación) en declaraciones públicas, que confirmaron los propósitos ya conocidos. Las pérdidas estimadas como consecuencia de los recientes paros y bloqueos superan los Co$ 10 billones, bajo insólita insensatez y fanatismo, amén del aliento proporcionado por fuerzas externas interesadas en desestabilizar al gobierno constitucional de Colombia, con fines oscuros pero confesos. Es el caso de las “bodegas” mediáticas que bombardearon en los días del paro las redes sociales desde el exterior, principalmente desde Rusia, China, Turquía, Bangladesh y Venezuela, y desde este último país y de organizaciones integrantes del Foro de Sao Paulo, con desinformación y un apoyo entusiasta a la protesta, avivado por los resultados de los procesos electorales cumplidos en Chile y Perú.

Hagamos votos porque en 2022, Colombia sea capaz de escoger líderes comprometidos con la democracia y el Estado de Derecho, y que, conforme a las evidencias históricas comentadas, el país se empine por encima de las dificultades, con grandeza de miras, para trascender a la difícil coyuntura. Han sido claras las señales de los líderes de la izquierda radical que buscan afanosamente agravar los problemas de la pobreza, desempleo y desigualdad, para sembrar en ese fértil terreno mensajes populistas que generen esperanzas en un pueblo preocupado por su presente y futuro. Que Dios guarde a Colombia de un destino trágico, de manos de ideologías que han demostrado un rotundo fracaso en casos como el de Venezuela, y que probablemente lo sea en el hermano Perú, bajo el gobierno del líder marxista e impreparado, el maestro Pedro Castillo.