Vástagos de estirpes distintas de magnates en Venezuela, Francisco D’Agostino y Eduardo Cisneros son parientes no consanguíneos. También fueron socios por breve tiempo en Elemento Oil & Gas Ltd, una empresa con sede en Malta de la que, a la larga, el joven Cisneros se adueñó por completo. Elemento fue protagonista en la red secreta de comercialización de crudo venezolano que desde México activó Joaquín Leal. Pero a la hora de imponer sanciones, Washington penalizó solo a D’Agostino, ¿por qué?
EWALD SCHARFENBERG // ARMANDO INFO
Una nota sin firma que a comienzos de 2020 deslizó Publimetro, un diario gratuito de la Ciudad de México, denunciaba que “decenas de ex directivos y ejecutivos de alto nivel de Pdvsa […] están actualmente colaborando con empresas que están sacando crudo de Venezuela” y que concentraban en ese país sudamericano “el levantamiento de petróleo, posterior a que OFAC sancionara a la empresa rusa Rosneft y una de sus subsidiarias”.
El texto mencionaba a las venezolanas Dolly Mendoza y Mirtha Quintero entre las “ex piezas clave de la petrolera [Pdvsa] en temas de suministro, operaciones y comercio” que para entonces habían sido reclutadas por emprendimientos privados “con poca o nula experiencia en hidrocarburos”.
Si bien el periódico no atribuía la información a fuente alguna, sin duda dibujaba un retrato hablado de la operación encubierta de venta de crudo que para entonces llevaba casi un año funcionando desde México.
La trama había sido diseñada y puesta en marcha por el joven empresario local Joaquín Leal, tras un pedido inicial de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez Gómez, con el propósito expreso de sacar partido a circuitos alternativos del comercio internacional que permitieran eludir las sanciones financieras impuestas por Washington al régimen de Nicolás Maduro, y seguir colocando en el mercado global el petróleo que a duras penas seguía produciendo Pdvsa, junto a otras codiciadas materias primas venezolanas, como el aluminio y el carbón.
Con conocimiento y aparente connivencia del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el tinglado se activó. Aunque el régimen de Caracas estaba sediento de divisas distintas al dólar -sed que hoy sigue padeciendo-, la primera transacción que hicieron Leal y su compañía, Libre Abordo, con la estatal venezolana Corpovex, adoptó en junio de 2020 la fachada de un “intercambio humanitario” de maíz blanco y camiones cisternas por dos millones de barriles de petróleo de Pdvsa.
A la larga el negocio ganó magnitud y se orientó exclusivamente a la venta por dinero. Como se refleja en los miles de documentos internos de la red, que Armando.info y el diario El País de Madrid obtuvieron y revisaron en conjunto para producir “El bypass mexicano contra las sanciones”, la serie de reportajes de la que el presente constituye la quinta entrega, la red hizo metástasis y extendió sus tentáculos hasta una treintena de países.
Entre las decenas de alter egos y sociedades que desarrolló, estuvieron los nexos con Alex Saab, el mercader colombiano que se convirtió en el proveedor favorito de Nicolás Maduro, y con la empresa Elemento Oil & Gas Ltd.
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