Cuando en el país se comentaba la noticia del aumento de la medición de hectáreas cultivadas con coca, de 212.000 el año pasado a 245.000 hoy, según el Gobierno de Estados Unidos, se conoció el atentado contra el helicóptero en el que se transportaban el presidente Iván Duque y los ministros de Defensa y de Interior, Diego Molano y Daniel Palacios, junto al gobernador de Norte de Santander.
El repudiable hecho, que ha sido rechazado, como debe ser, por todos los sectores políticos y sociales, tuvo lugar en Cúcuta, ciudad sede de la brigada 30 que hace muy poco fue objeto de otro atentado con carro bomba. Una acción criminal que, por fortuna, no cobró vidas y hoy está bajo la lupa del Gobierno de Estados Unidos, toda vez que el vehículo estalló muy cerca de la sede de la unidad especializada del Ejército de ese país, que brinda apoyo a su par colombiano en la lucha contra el narcotráfico.
Los tres episodios tienen como denominador común el crimen organizado relacionado con el cultivo y tráfico de sustancias ilícitas. Es bien conocido que Norte de Santander, y en especial la región del Catatumbo, es la segunda zona con mayor concentración de coca. Un área con presencia de varios grupos armados, desde el Eln, que ha tenido allí una retaguardia histórica, hasta el Epl, pasando por las disidencias de las Farc y el ‘clan del Golfo’, entre otros. Una confluencia criminal dedicada a extraer rentas tanto del comercio ilícito de cocaína como de la minería ilegal, el tráfico de armas y personas y el contrabando. Poco ayuda, y bastante favorece al caos, la comprobada complicidad del régimen de Nicolás Maduro con algunas de estas bandas armadas.
Y es que, sin que se conozcan todavía resultados concluyentes de las pesquisas en torno a ambos ataques, todo apunta a que detrás están algunas de las organizaciones mencionadas, que a su vez ven cómo sus finanzas se engordan por cuenta de un negocio, el narcotráfico, que no obstante los esfuerzos de Colombia y sus aliados en esta lucha, sigue siendo fuente de millonarios ingresos. Dinero que termina financiando estructuras delincuenciales de gran envergadura, con innegable poder corruptor y cada vez más ansiosas, en aras de blindar sus fuentes de ingreso, de consolidar su dominio ejerciendo un estricto control social que tiene como cruel principio rector el desmoronamiento de la confianza entre las personas.
El tráfico de drogas ilícitas y el crimen organizado que de él pelecha sigue siendo un desafío colosal, no solo para nuestra sociedad o nuestras instituciones, sino para la misma estabilidad de la región. Una causa que obliga a fortalecer el trabajo con los aliados y a no titubear, pues este criminal negocio no tiene fronteras.
Coyuntura desafiante que coincide con el aniversario número cincuenta del abordaje que buena parte del planeta le ha dado al tema, siguiendo la senda trazada por el entonces presidente de Estados Unidos, Richard Nixon. Un tratamiento que pone todo el acento en la seguridad y que aspira a disminuir el consumo por la vía de la afectación de la oferta. Todo sobre la premisa de que, a diferencia del tabaco o el alcohol, no es razonable abordar el consumo de este tipo de sustancias desde la óptica de la salud pública. Esta postura, como es bien sabido, cada vez resiste más cuestionamientos, al tiempo que la otra alternativa viene abriéndose camino en distintas latitudes, comenzando por el propio Estados Unidos, bajo la administración de Joe Biden.
Con todo, aún falta trecho para que esta visión sea acogida, vía consensos, por una mayoría considerable de Estados. Mientras esto no ocurra, países como el nuestro tendrán que seguir procurando socios confiables, que materialicen su respaldo de manera constructiva, para la durísima tarea de contener tanto la producción de narcóticos como el repertorio delictivo que de ella deriva y que, como estamos viendo y como lo hemos podido observar por décadas, termina siendo una amenaza seria y directa a las instituciones.
Ahora bien, el que permanezcan ciertos paradigmas no impide incorporar aprendizajes obtenidos a través de tantos años de luchar contra este enemigo. Uno de ellos, central para lo que pasa en esta parte del país, es el de que no se pueden poner todos los huevos en la canasta de acabar con los cultivos, cortar cadenas de suministros de insumos y rutas de transporte del alcaloide. Si bien esto es, desde luego, necesario, no será verdaderamente efectivo si no se le da al componente social de la lucha antidroga un valor equivalente, que es a lo que apunta la estrategia de paz con legalidad que, justamente, el primer mandatario estaba supervisando en Sardinata, de donde regresaba cuando la aeronave fue impactada.
Está claro de lo que los narcos son capaces para proteger sus rentas. Pero muy claro está también que, pese a tropiezos y asumiendo riesgos inmensos, esta sociedad ha sabido, a lo largo de la historia, enfrentarlos sin llegar nunca a claudicar.
Este artículo se publicó originalmente en El Tiempo (Colombia) el 26 de junio de 2021