Con el claro objetivo de privarlos de sus derechos a la tierra y al territorio, funcionarios del Registro Civil de Oaxaca, Registro Agrario Nacional y Procuraduría Agraria, declararon muertos y sepultados a mil 13 comuneros de Santo Domingo Ixcatlán que están vivos, entre ellos 22 beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).
Así lo denunciaron el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi) y el Consejo de Principales de Santo Domingo Ixcatlán, al tiempo que exigieron la intervención de la Fiscalía General de la Republica (FGR) para que investigue los hechos denunciados y sancione a los funcionarios implicados por la “muerte legal” de mil 13 comuneros mixtecos.
El presidente del Cedhapi Maurilio Santiago Reyes, y los principales Zenaido García Bernabé y Juan Santiago García, acusaron directamente al exdelegado federal Agrario Francisco Javier Cañada Melecio; a la dirección del Registro Civil del estado de Oaxaca, por conducto de Daniel Víctor Merlín Tolentino, y a Eduardo Daniel Gómez Padilla y Uriel López Mayoral, integrantes del Registro Agrario Nacional (RAN).
Recordaron que, según el acta de fecha 12 agosto de 2018, la supuesta representación comunal Agraria de Santo Domingo Ixcatlán, avalada e impuesta por la Procuraduría Agraria, efectuó una asamblea con un pequeño grupo de comuneros, seguidores de la familia Morales Arias –responsables de la masacre del 30 de abril de 2008–, para separar a mil 13 comuneros del padrón y darlos por muertos.