La ONG Provea denunció una “profundización del autoritarismo” en Venezuela durante el año 2020, marcado por abusos policiales y detenciones arbitrarias, en medio de las medidas de confinamiento por la pandemia de coronavirus.
Por: VOA
“La respuesta oficial al coronavirus fue aumentar los mecanismos de control y los niveles de censura”, advirtió el coordinador general de Provea, Rafael Uzcátegui, quien además considera que el confinamiento generó “una parálisis de la acción colectiva”, aprovechada por el oficialismo para promever leyes que califican como “antidemocráticas”.
En su informe anual, la ONG reportó 2.853 ejecuciones extrajudiciales en Venezuela, en 2020, la mayoría de ellas cometidas los estados Zulia (occidente) y Aragua (centro), que a juicio de la organización, podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
“La Policía Nacional fue más letal que el propio virus de COVID-19”, alertó el sacerdote jesuita, Alfredo Infante, director del Centro Gumilla y quien trabajó en la elaboración del documento. Según Infante, precisamente la Policía Nacional (PNB) fue el órgano de seguridad responsable de más “ajusticiamientos” en el país, con 672 asesinatos, seguido del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), con 593 asesinatos.
Sin embargo, las autoridades policiales afirman que estas muertes ocurren en medio de enfrentamientos con delincuentes.
El sacerdote mostró su preocupación porque la mayoría de las muertes corresponden a hombres de entre 18 y 39 años que viven en vecindarios humildes. “Pareciera que ser joven y pobre es igual a ser criminal. Hay una política de discriminación clara y letal”, sostuvo.
No en vano, Marino González, coordinador de investigación de Provea, resaltó que, en comparación con 2020, “se ha podido constatar que ha habido una baja significativa, sobre todo en las ejecuciones cometidas por las FAES”, brigada adscrita a la PNB, que la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, pidió desarticular en 2019, tras una visita oficial a Venezuela.
Pareciera que ser joven y pobre es igual a ser criminal. Hay una política de discriminación clara y letal”
Alfredo Infante, sacerdote y director del Centro Gumilla
En septiembre de 2020, la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas incluyó a las FAES entre los cuerpos señalados de estar presuntamente relacionados con crímenes contra la humanidad.
“El gobierno orientó la medida de ordenarle a las FAES que redujera su letalidad y entre octubre, noviembre y diciembre de 2020 se redujeron las ejecuciones, en aproximadamente 80%. Esto sencillamente nos indica que si hubiese voluntad política sería posible evitar que se produzcan esas violaciones al derecho a la vida”, fustigó Alvarado.
Las críticas contra las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) han sido compartidas por el Fiscal General Tarek William Saab. “Es momento de una reestructuración de las FAES y de todos los cuerpos policiales”, señaló Saab en noviembre de 2020.