El nuevo proyecto de Ley de Educación Universitaria (LEU), no es un nuevo intento de concretar legalmente el concepto de Universidad que tendría el PSUV, es al contrario un intento de desmontar el concepto de Universidad que es Universal: en América, Europa, China, Rusia, Cuba, etc. Es un proyecto que bajo el camuflaje de una batería de significantes como: democracia, participación, inclusión, educación, desarrollo, soberanía, gestión popular, derechos humanos, comunas, territorio, saber, integral, y así siguiendo, oculta, pretende hacer colar un dispositivo político al servicio de intereses particulares donde la prioridad es el logro de fines políticos, ni siquiera de carácter general, sino que estarían al servicio de los diferentes grupos ideológicos, particulares, regionales e incluso de fines más específicos. Es stricto sensu el desmontaje del sentido universal de universidad por un adefesio político indefinido al servicio exclusivamente de quienes gobiernan.
Este proyecto LEU, acaba con dos principios que son consustanciales a Universidad que se desarrolla en Occidente: 1. Su carácter universal, que a pesar de las críticas aún permanece, y 2. Que la prioridad es la educación para la formación del ciudadano y la investigación en ciencia y tecnología. En este proyecto de Ley, la prioridad es política, es superar la sociedad capitalista, construir el socialismo, la defensa de la soberanía nacional, servir a intereses grupales nacionales, regionales o específicos intereses ajenos a la labor docente y de investigación.
Donde se sustenta esta interpretación. En primer lugar, en el hecho de que así está expresado a largo de su articulado; y en segundo lugar y más importante, en que no hay una definición de la universidad en un diseño claro de carácter general de la cual pudiera surgir un sistema nacional de Educación Superior con fines docentes y de investigación. Sino una serie de criterios políticos donde las prioridades son la complacencia de intereses políticos nacionales, regionales, territoriales, donde los intereses educativos o de investigación científica aparecen claramente como secundarios, por no decir inexistentes.
Pero, además y más grave, que los profesores, ahora trabajadores y trabajadoras docentes, quedan como pertenecientes en cuanto a todos los aspectos que corresponden a su carrera que define su permanencia en la universidad a lo largo de su vida académica como sujetos a una Universidad, sino que son dependientes del Ministerio de Educación Superior (Mppeu); de la misma manera que los estudiantes desde su ingreso, permanencia y egreso, quedan sujetos al Mppeu y no a la Universidad donde cursan sus programas de estudio. Lo que convierte a esta antiuniversidad en un pavoroso sistema de control político de la población que trabaja y cursa en la Educación Superior.
En este proyecto, toda la Educación Universitaria es pública, sólo admite que existan universidades de gestión privada, lo cual no comportaría ninguna gravedad, si el proyecto reconociera a este tipo de universidad como el producto de la iniciativa privada y ofreciera garantías para su desarrollo, todo lo contrario, este proyecto permite el retiro de la autorización de estas universidades sin ofrecer ningún procedimiento de apelación.
Como una primera conclusión, es que este proyecto es extremadamente parcial hacia los intereses políticos de quien detenta el poder hoy en Venezuela, queda desdibujada todo principio de Educación Superior donde la docencia y la investigación sean la prioridad del sistema, se trata de un proyecto hipercentralista donde todo se concentra en el Estado a través del órgano del Mppeu, donde no hay ninguna garantía de control social del sistema mucho menos de los ciudadanos.