Por los medios de comunicación está circulando un proyecto de Ley de Educación Universitaria, preparado por la Asamblea Nacional de Jorge Rodríguez, cuya lectura produce serias preocupaciones.
Independientemente de que este proyecto llegue o no a ser aprobado, debe ser motivo de preocupación de la sociedad el solo hecho de que se expresen ideas y conceptos que desvirtúan la esencia de la universidad y el objetivo de sus funciones. En pleno siglo XXI, cuando en la enorme mayoría de los países del mundo civilizado se da por sentado que la función de las universidades no es otra que formar profesionales de alto nivel y la producir conocimiento útil para la ciencia y la sociedad, el proyecto que propone la Asamblea Nacional (articulo 3) define a la educación universitaria como un bien para “la consolidación de la soberanía, defensa integral e independencia nacional, el fortalecimiento del Poder Popular […] el modelo productivo endógeno y sustentable y más adelante como “un proceso de construcción de hegemonía cultural para la superación de la sociedad capitalista”. Todas ellas finalidades con fuerte acento político y populista.
Como ya ha sucedido en el pasado reciente, cuando los funcionarios del gobierno hablan de educación superior, ciencia o tecnología, insertan en su discurso elementos que desfiguran el objetivo de estas actividades. Efectivamente, el mismo artículo tres afirma que la educación universitaria debe servir para “La unión e integración de los pueblos de América Latina y El Caribe de Nuestra América y la solidaridad y la cooperación con los pueblos del Sur y del mundo y que la preservación de los equilibrios ecológicos y de todas las formas de vida en el planeta, en el marco de la construcción de una sociedad socialista.”
Dejamos a la consideración de los lectores la valoración de estos argumentos y su factibilidad, pero es bueno tener muy presente que, como ocurrió con la ley de Ciencia y Tecnología, por la vía de la repetición, la carencia de compromiso institucional y de sentido crítico de los afectados, estas ideas pueden convertirse en políticas que cobijen cualquier desvarío ideológico o procedimental que desfigura el sentido primordial de la universidad. Ese es el peligro de los planteamientos hechos para confundir la buena fe de algunos.
Además del artículo mencionado, el proyecto propone el control total de la universidad de parte de organismos del gobierno, a pesar de que se afirma, en contradicción pérfida, que “la educación universitaria se rige por los principios de autonomía” (Principios y valores (artículo 4).
Cuando en todas partes del mundo civilizado se acepta que la libertad académica es fundamental para el ejercicio de las funciones que debe desempañar una universidad, en el articulo 11 (Competencias del Ministerio en el Subsistema de Educación) se establece a este ente garantizar “Las condiciones para la participación integral e integrada de las organizaciones del poder popular en la gestión universitaria, así como los procesos fundamentales de las instituciones de educación (aparte g). Es decir, un ente político con la participación del poder popular, garantizaría “procesos fundamentales de las instituciones de educación”.
Así mismo le corresponde regular, supervisar y controlar: El funcionamiento del Subsistema de Educación Universitaria y de sus componentes. La creación y autorización de programas de formación de pregrado y postgrado…. El ingreso de los egresados y las egresadas del nivel de educación media a las instituciones de educación universitaria oficiales… así como, los mecanismos de control sobre la permanencia, prosecución y egreso. La organización de las estructuras académicas y administrativas de las instituciones de educación universitaria. La creación, modificación y supresión de programas de formación… .La creación, organización, integración, agregación, separación, supresión parcial o total de sedes, núcleos, extensiones y demás instalaciones de las instituciones de educación universitaria. La matrícula estudiantil de las instituciones de educación universitaria, así como, la nómina de los trabajadores y las trabajadoras académicos, administrativos y obreros”. Con todo eso en manos del representante del gobierno, se elimina de raíz el concepto y la práctica de la autonomía universitaria. Evidentemente las universidades no serán autónomas en el sentido que se acepta aquí y en el mundo, salvo algunos países por supuesto.
Este intento de deshacer a las universidades encierra, como muchos otros, una intención que colocaría al país al borde de la ignorancia y de la frustración de la juventud. Es muy necesario que toda la comunidad académica lea, analice y rechace este proyecto que desfigura totalmente a la Universidad.
Por eso que llamamos a la comunidad académica y a la sociedad a leerlo con detenimiento.
Los profesores integrantes del Grupo Nueva Universalia seguiremos analizando otros aspectos nocivos de este proyecto de ley de universidades.
Claudio Bifano.
Profesor Titular de la UCV
Miembro de la Academia de Ciencias Físicas Matemáticas y Naturales de Venezuela