El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, anunció este lunes una nueva propuesta de reforma constitucional al sector eléctrico y el manejo de las presas para priorizar “el interés público” y “la protección civil” sobre el interés privado.
“Nunca más debe volver la política neoliberal, nunca más, y por eso mismo es que vamos a presentar una iniciativa de reforma constitucional”, reveló el mandatario en su natal Tabasco, en el sureste del país, donde atendió a damnificados de inundaciones.
El mandatario no aclaró si es la misma propuesta que hizo el 15 de junio, tras las elecciones en las que su alianza de partidos perdió la mayoría calificada de la Cámara de Diputados, de una reforma constitucional que “fortalezca” a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la empresa del Estado.
Dicha mayoría calificada, de dos tercios de la Cámara Baja, es necesaria para una reforma constitucional.
López Obrador explicó ahora que decidió proponer esta reforma porque una empresa extranjera se amparó contra un decreto de su Gobierno que entró en vigor el 1 de enero que prioriza la “protección civil” y el abasto desde las presas y ríos a las hidroeléctricas de CFE sobre las privadas.
Aunque no mencionó el nombre, dijo que la compañía interpuso el recurso “hace como 20 días”, lo que coincide con la queja diplomática que México envió a Italia para acusar a su empresa Enel de “violar la ley” al ampararse contra sus políticas.
“Yo tenía pensado inicialmente solo reformar la ley para corregir esta situación, pero llegué a la conclusión, después de ese amparo, de que necesitamos una reforma constitucional para que se considere como prioritario el interés público y la protección civil, la seguridad de los ciudadanos”, argumentó.
La disputa ocurre también en medio de la polémica reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que promulgó México en mayo pasado, suspendida en el Poder Judicial, que prioriza las plantas de la CFE, incluyendo las contaminantes, sobre las privadas de renovables.
El presidente ha insistido en que pedirá reformar la Constitución, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declara inconstitucional su reforma legal.
El mandatario ha pedido revertir la política energética del “periodo neoliberal” que culminó en una reforma constitucional en 2013, durante la presidencia de Enrique Peña Nieto (2012-2018), para abrir el sector a la inversión privada.
Las inundaciones en Tabasco desde el pasado han despertado el malestar de la población y del gobernador Adán Augusto López, aliado de López Obrador, contra la CFE, a la que acusan de provocar el desastre por su manejo de las presas y las hidroeléctricas.
Pero el presidente justificó su reforma constitucional al culpar a las empresas privadas de la situación.
“Fíjense lo que significaba el manejo de la política económica en el periodo neoliberal, poner por delante el interés de las empresas, lo mercantil, aun tratándose no solo del interés público, sino de la seguridad de la gente, de la protección civil, del que no se inunden los pueblos”, dijo.
EFE.