Naciones Unidas mostró su “preocupación” por las recientes manifestaciones y disturbios en Sudáfrica tras el encarcelamiento del expresidente Jacob Zuma a raíz de su condena a 15 meses de prisión por desacato y pidió a los manifestantes que “no recurran a la violencia”.
Por Infobae
“Lo que puedo decir es que el secretario general (de la ONU, António Guterres) ha mostrado su preocupación por los informes sobre un aumento de los incidentes y las protestas violentas en Sudáfrica”, dijo el viceportavoz de la Secretaría General del organismo, Farhan Haq.
“El secretario general pide a los manifestantes que se manifiesten de forma pacífica y que no recurran a la violencia, al tiempo que respetan las medidas nacionales y locales para hacer frente a la propagación de la pandemia de coronavirus”, concluyó.
La Policía de Sudáfrica afirmó el lunes que investiga la muerte de al menos seis personas en el marco de las protestas, en las que también se detuvo a casi 220 personas, mientras que el Gobierno aprobó el despliegue de militares para intentar contener las movilizaciones.
Según las informaciones recogidas por el diario sudafricano ‘News 24’, un total de 2.500 militares serán desplegados en las provincias de KwaZulu-Natal y Gauteng, epicentro de las protestas, en el marco de la ‘Operación Prosperidad’.
La Policía publicó además un comunicado en el que mostró su respeto al derecho de opinión y manifestación, si bien incidió en que “las protestas violentas y los saqueos socavan el Estado de Derecho y dañan la economía del país y las expectativas de desarrollo”.
“La Policía confía en que las autoridades de seguridad y las Fuerzas Armadas harán frente de forma apropiada a la situación y harán lo que sea necesario para evitar más violencia y actos de criminalidad”, sostuvo.
“No hay causas políticas”
El presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, criticó el lunes los incidentes y saqueos y desveló que la Operación Nacional Conjunta y Estructura de Inteligencia (NATJOINTS) “intensificará las operaciones en todas las zonas afectadas”, en paralelo con el despliegue del Ejército.
“Lo que estamos presenciando son actos de violencia oportunista. No hay motivos, no hay causas políticas que puedan justificar la destrucción que hemos visto”, lamentó. “En unas pocas semanas haremos frente al enorme riesgo de la inseguridad alimentaria y de medicinas”, advirtió.
En este sentido, criticó que la campaña de vacunación contra el coronavirus “se ha visto gravemente alterada en el momento en el que ganaba ritmo” y sostuvo que “esto tendrá efectos duraderos en los progresos para la recuperación económica”.
Por último, lamentó la muerte de personas en el marco de los incidentes y agregó que “muchos sudafricanos están contando los costes en su sustento y propiedades”. “Muchos sudafricanos sienten ansiedad y miedo”, lamentó, antes de incidir en que los incidentes son los más graves desde la instauración de la democracia en el país.
“Movilización étnica”
El propio Ramaphosa afirmó el domingo que las recientes protestas protagonizadas por seguidores de su predecesor están fundamentadas “en la movilización étnica” y denunció la destrucción de propiedades e infraestructuras en el marco de las movilizaciones.
El Tribunal Constitucional de Sudáfrica condenó a Zuma a 15 meses de cárcel por negarse a testificar ante un panel de jueces que está investigando los presuntos casos de corrupción en los que estuvo implicado durante sus nueve años de mandato al frente del país.
Zuma se convirtió así en el primer presidente elegido democráticamente en Sudáfrica que es condenado a prisión desde que el Congreso Nacional Africano (ANC), partido que encabezó entre 2007 y 2017, cuando fue apartado en un consejo interno por su vicepresidente, Ramaphosa, quien se hizo con el poder en 1994.
El exmandatario hace frente además a un juicio por supuesta corrupción por cerca de 800 pagos que supuestamente recibió en conexión con una compra de armamento a la empresa francesa Thales para modernizar el aparato de defensa del país a finales de los noventa.
La caída de Zuma tuvo lugar en medio de la indignación popular por el peso de la familia Gupta, de origen indio, en la economía y la política del país africano, acusaciones que fueron recogidas en un informe de la ex Defensora Pública sudafricana, figura equivalente al Defensor del Pueblo, Thuli Madonsela titulado ‘La captura del Estado’.