¿Cuáles son los derechos fundamentales vulnerados en el caso de los activistas de FundaRedes?

 

 





 

Con la detención del director general y otros activistas de la Organización No Gubernamental FundaRedes, se llevó a cabo una serie de vulneraciones de derechos fundamentales.

Por LaPatilla.com

Así lo detalló la misma organización a través de su cuenta en Twitter, donde desglosaron, en detalle cuáles fueron los vicios en este caso penal.

“La libertad personal es inviolable, en consecuencia: 1. Ninguna persona puede ser arrestada o detenida, sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti”. Señala la organización en su escrito y recordó a la opinión pública que los tres activistas de fueron detenidos sin orden judicial.

En el mismo sentido FundaRedes reiteró que “Se prohíbe a la autoridad pública, sea civil o militar, practicar, permitir o tolerar la desaparición forzada de personas”. Con respecto a este punto, señalaron que posterior a la detención de estos 3 defensores de derechos humanos se desconoció de su paradero durante 27 horas.

La Organización rechazó que en el caso de los activistas no se les permitió el acceso a la defensa y asistencia jurídica, siendo éste un derecho constitucional. Y luego de 14 días este derecho sigue siendo vulnerado, puesto que no se les ha permitido comunicarse con sus abogados de confianza.

Frente muchas otras irregularidades ocurridas en el pasado, Javier Tarazona y sus compañeros decidieron denunciar ante la comunidad nacional e internacional lo que ocurría en el país y tras estas denuncias fueron acusados y privados de su libertad. Considerando este punto una nueva vulneración, en vista de que “ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes”. Denunciar no constituye delito.

Otra de las irregularidades presentes en este caso es que el Fiscal impuesto por la Constituyente Cubana, Tarek William Saab, afirmó que los tres activistas se encuentran recluidos en el centro de reclusión Hombre Nuevo, mientras que las autoridades de dicho lugar niegan su presencia en estas instalaciones.

“El hecho de que funcionarios del ejecutivo nacional realicen acusaciones criminalizando la labor de defensa de Derechos Humanos demuestra la ausencia de estado de derecho, y la carencia de autonomía de los poderes públicos en el país”, condenó la organización.