Las denuncias fueron constantes y oportunas en torno a la suerte de la universidad venezolana, pero la indiferencia, el miedo y el oportunismo ganaron terreno. No hubo siquiera disposición para un mejor y adecuado diagnóstico del problema, celebrado el esquema convencional que le permitió reclamar a un profesor como exclusivamente suyo el asunto, o al estudiante demandar las clases para apostillar el título con toda la prontitud que le fuera posible; e, incluso, en una ocasión, lo escuchamos, se dijo de pensar y plantear la institución deseada para después responder a la que existe, por lo que, aún tan urgida, respondimos, sólo tendría por objeto componer una misa de difuntos para la cual también se requiere de talento.
Es necesario decirlo, con las muy contadas excepciones, falló el liderazgo político que bien pudo articularse con el estrictamente universitario para generar un movimiento o fuerza social creciente y capaz, contando con un órgano del Poder Público, nada más y nada menos, como la Asamblea Nacional, en lugar de entretenerse en el juego de las negociaciones perpetuas que dijeron autorizar las diligencias de cohabitadores de vocación y de oportunidad en las casas de estudios. Era necesario afrontar el reto de las elecciones universitarias con apego al artículo 109 constitucional y a la Ley de Universidades, y, ahora, ni siquiera la usurpación tiene interés en hacerlas con sus reglas, porque – al fin y al cabo – las controla como les viene en gana al rifar unas dádivas que son agradecidas, mientras niega el presupuesto, o hacer de los vicerrectorados administrativos toda una entelequia, entronizado el llamado Sistema Patria que, de paso, vulnera nociones fundamentales del derecho laboral y administrativo.
La Fracción Parlamentaria 16 de Julio, propuso leyes como la de Defensa de la Autonomía Universitaria, la de Simplificación de los Procesos Democráticos e, incluso, la Orgánica de Educación Superior que fue elaborada por la sociedad civil organizada (Aula Abierta); la conformación de una Comisión Mixta para atender la materia, ya que, por diseño institucional, poco podía hacer una Sub-Comisión de Educación adscrita a una Comisión Permanente tan compleja como la de Desarrollo Social; o, entre otras iniciativas, nos dirigimos a la UNESCO en procura de una novedosa intervención humanitaria, con el aporte de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar, Aula abierta e individualidades de probada independencia político-partidista. En las redes sociales constan nuestras intervenciones a cámara plena, artículos y declaraciones, añadidas las de dirigentes gremiales que, desde un primer instante, exigieron respuestas al parlamento al concluir dramáticamente las protestas de 2017.
Algo tan elemental, como evidente, el destino de la universidad venezolana estaba y está atado al del régimen que la conculca, siendo también una extraordinaria clave para superarlo, como un buen día los trabajadores polacos dieron al traste con el sistema comunista ocupando el lugar de los partidos alternativos llamados a la histórica faena. Por ello, resulta indispensable una conferencia nacional de universidades para afrontar el actual desafí o (https://www.youtube.com/watch?v=yhivf9c2dNw), mientras que otros, como lo leímos, ya no escatiman vergüenza alguna para expresar sus penas, por muy respetados profesores que hayan sido, impotentes y plañideros desde la casa de los saberes.
Circula un proyecto de Ley Orgánica de Universidades de inminente aprobación por la ilegítima Asamblea Nacional que, ahora, sí, levanta la mirada nerviosa de las casas de estudios públicas e, igualmente, de las privadas que abrigaron la vana ilusión de mantenerse alejadas de la ineludible controversia. Está naciendo, o jura que lo hará, la universidad comunal para que desaparezca la de las movilidades sociales que, en todo caso, se alcanzan por la vía delictiva, dictando cátedra un régimen que las explica a través del Estado depredador.