Muy conocido es aquel episodio en el cuál Adolfo Suarez, jefe de gobierno de España y artífice de la transición de la dictadura a la democracia, durante el asalto al Congreso por parte del Teniente Coronel Tejero, el 23 de febrero de 1981, un oficial apunta al pecho de Suarez y le pide que se tire al suelo y se someta a los golpistas, la respuesta de Suarez fue dar la orden “¡cuádrese!” (el equivalente en Venezuela de ordenar “¡firmes!”). Suarez tuvo claro, como todo demócrata, que no existe el “Poder Militar” y que el poder siempre es civil y los militares deben obediencia absoluta, sin dudas, sin cortapisas, al poder civil legítimamente constituido. En Venezuela, también tuvimos un episodio, aún más notorio, durante la intentona de golpe militar de Hugo Chávez, el 4 de Febrero de 1992, el presidente Carlos Andrés Pérez, audazmente en medio de una balacera bestial contra La Casona, logró llegar a la sede de Venevisión y desde allí emitir una trasmisión en la cuál se dirigió a los golpistas en los siguientes términos: “Ríndanse, yo soy su Comandante en Jefe”. En cuestión de horas, esos dos intentos de golpe militar fracasaron y la vacuna fue la misma: el valor sin fisuras de la autoridad civil frente al gorilismo militar.
¿Tenemos hoy ejemplos de civilismo en el actual gobierno capaces de contener la virulencia del militarismo que campea descaradamente gracias al “legado” de Hugo Chávez? En la oposición, si hay con qué. Lo demuestran, todos los días, Juan Guaidó y los dirigentes de la alternativa democrática, pero Nicolás Maduro solo puede balbucear que representa un gobierno “cívico, militar y policial” y eso es solo un eufemismo, la equiparación de hombres de armas y hombres sin armas solo tiene una conclusión: el predominio de los armados.
Esta reflexión tiene correlatos locales, ¿de verdad los gobernadores y alcaldes tiene un poder superior al de las llamadas ZODI? ¿Los gobernadores y alcaldes de verdad pueden controlar las alcabalas puestas en cualquier lugar para el matraqueo a mansalva?. Nadie puede creer que los alcaldes, los gobernadores y el presidente no están perfectamente al tanto del matraqueo que ocurre en las bombas de combustible, en cada calle, avenida o autopista del país a cargo de los uniformados, el problema es que, más por miedo que por desconocimiento, están obligados a ejercer el rol de cómplices cuando la bota militar pisotea al poder civil.
La ciudadanía está perfectamente consciente de la situación, las fuerzas armadas están en su nivel más bajo de respeto popular. No es la misma situación que en 1998, hoy tener un uniforme militar es recibir constantes miradas de recelo y desconfianza y los militares lo saben. De lo que tal vez no son aún conscientes los militares es que solo con la restitución de la subordinación de las fuerzas armadas al poder civil legítimamente constituido pueden evitar que el precario control que la represión violenta supone se pierda de forma inexorable. Hasta ahora, desde 2014, los estallidos de protesta antigubernamental han sido ahogados entre charcos de sangre cada vez más escandalosos, ¿acaso creen que la protesta no puede volver a estallar? ¿Acaso creen poder controlarla? ¿Cuánta represión tendrían que asumir esta vez para que vuelva a triunfar la bota militar? ¿Mil, diez mil, cien mil, un millón de muertos solo para seguir gobernando a punta de pistola?.
Deben existir, aún, militares que estén al tanto de los riesgos de un descontrol generalizado, convencidos de que la democracia es la apuesta más segura, de que la coraza del “servicio activo” tiene fecha de caducidad y si hoy tienen protección contra los odios que han sembrado en los últimos 20 años igual los puede sorprender una “cosecha” en los momentos postreros sin ninguna escolta, ni ninguna camioneta blindada que los salve.
En este complejo escenario, en el cual se amerita un proceso que devuelva a los militares a los cuarteles, todos tienen deberes que cumplir, la oposición debe seguir insistiendo en el Acuerdo de Salvación Nacional y en la celebración de elecciones libres y justas, los personeros civiles del gobierno de facto, aún en contracorriente de sus vergonzosas acciones pasadas, mostrarse capaces de negociar la redemocratización y mantener a raya los “golpes suaves” y “golpes duros” que vengan del más anacrónico pretorianismo, y los militares, los auténticamente conscientes de la necesidad del cambio, asumir con entereza el papel que la democracia les puede dar: seguridad nacional y defensa de la integridad territorial, ni más, ni menos.
Julio Castellanos / [email protected] / @rockypolitica