Todos los niveles de la educación en Venezuela necesitan rehacerse, innovarse y evolucionar. Como sociedad nos hemos cegado y se ha transitado hacia escenarios que hoy ya estamos sintiendo su efecto y no es más que la inexistencia de un sistema educativo, pero el enfoque ahora es con la Universidad.
Ha comenzado la etapa de elaborar mecanismos que aseguren la permanencia de la Universidad, su permanencia fructífera, eficiente y colaborativa.
Una situación es cierta, es real, Venezuela en todos los ámbitos, incluyendo el educacional que ahora nos compete, ha estado marcada en muchos casos, por considerables sumas de recursos asignados (como ha ocurrido en el ámbito de la salud), sin que esta cantidad de dinero (presupuestado), haya incidido de manera real en las buenas condiciones de vida de las personas.
Entre tanto, para las Universidades Nacionales lo más emblemáticamente e históricamente bochornoso, es que, el gobierno de turno siempre aprovecha la oportunidad para amenazar, chantajear y utilizar como mecanismo de propaganda el dinero otorgado, so pena de ejercer mecanismos de control directos.
La educación universitaria es costosa, además, los profesionales y académicos pueden elegir trabajar en una universidad o en otro lugar; por lo tanto, hablar de educación es hacerlo al mismo tiempo de economía. Venezuela tiene una deuda tan elevada como difícil de honrar en los términos de productividad histórica y actuales del país; esta deuda total actual se aproxima a los 300.000 MM$, entre tanto el PIB anual no supera los 25.000 MM$. Esto simplemente imposibilita retornar, siquiera, a situaciones medianamente estables de presupuesto universitario, asignado por el Estado.
Hasta ahora se han descrito dos grandes obstáculos para reconstruir a la universidad en todos sus ámbitos y a toda plenitud: influencia del Estado-Gobierno financista y patrono y un escenario económico no sólo inviable sino también distorsionador.
Es una maraña de situaciones que no se pueden enfocar con una ley de universidades, con un concepto de autonomía en una discusión eterna del sueldo de los docentes y las requisiciones al gobierno de turno, que se convierte siempre, en primer lugar, en una desenfrenada pérdida de tiempo en conflictos “laborales” para exigir “sueldos dignos” y, en segundo lugar, la amarga realidad que desemboca en huelgas, paros universitarios, disputas por el poder de las autoridades, etc.
Si en realidad se quieren establecer nuevos paradigmas, elevarnos como sociedad, desplazar los males que nos han conducido al sufrimiento de hoy, debemos hacer los cambios, incluso desde nosotros mismos. Los aspectos a considerar serían:1) Prevalencia de universidades públicas o privadas, 2) de las que se consideren universidades públicas nacionales; implementar sus directrices liberales y normas en las cuatro dimensiones de autonomía:
Autonomía Organizacional: para establecer los criterios de selección de sus ejecutivos (rector y demás autoridades) y características académicas, presencia de miembros externos en el gobierno universitario, su independencia en la creación del marco legal y la estructura académica. Es una necesidad real, urgente, eliminar las elecciones bajo el enfoque partidista, propagandístico, tanto de las autoridades como de las representaciones estudiantiles; donde la vida interna del campus universitario sea presa fácil de fuerzas externas y de la desagradable mala forma de hacer política.
Autonomía de Gestión de Personal: La capacidad de captar profesionales académicos y administrativos desde todos los ámbitos, regiones del país y otras partes del mundo; el establecimiento de los salarios, criterios de selección académicos, promoción y duración.
Autonomía Académica: Evalúa la creación de nuevas carreras, cursos de pregrado y posgrados, así como los contenidos en los programas de estudio, número de estudiantes, criterios de selección, cierre de carreras y planes de estudio.
Autonomía Financiera: de todas la más importante. Concentrarse en el origen de los fondos y la búsqueda de los mismos, basados en una estructura de costo, para el buen funcionamiento de la universidad y cumplir con sus objetivos estratégicos, colocando indicadores de eficiencia, tipos de financiamiento, estipular tarifas para los servicios educativos y servicios a terceros externos, consejos directivos para la administración rigurosa, gobierno abierto y rendición de cuentas; gestión de préstamos y normas internas.
En una primera etapa el aporte del Estado no deberá ser mayor al 75% del presupuesto de la Universidad. En 5 años el porcentaje deberá estar dividido 50/50; más adelante, el presupuesto universitario dependiente del Estado no será mayor de un 30%.
La creación alternativa de una Asociación de Universidades, para fines de organización y discusiones sobre el desempeño académico, las estrategias para la innovación, la tecnología, la sostenibilidad con aportes directos a su entorno comunitario, ciudadano y empresarial, sería muy recomendable para enfrentar los desafíos presentes y fururos.
@abrahamsequeda