El Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria anunció para octubre el reinicio de actividades en las casas de estudios superiores. El plan de vacunación contra Covid-19 para profesores y estudiantes se inició este mes, pero eso no es suficiente para el regreso a las aulas.
Por: Corresponsalía La Patilla
La reactivación de las actividades académicas va más allá de la inmunización. Las universidades autónomas requieren resolver otros problemas: salarios dignos para los profesores, atención médica oportuna y de calidad para el personal, presupuesto justo, servicios públicos y la adecuación de una infraestructura que se ha venido al piso desde antes de la pandemia.
La situación de deterioro de las edificaciones en las universidades nacionales es clara y notoria. Al menos el 50% de la infraestructura requiere algún tipo de mantenimiento y reparación, sobre todo en la Universidad de Los Andes (ULA), cuyas facultades se extienden por varios municipios de Mérida, y por los estados Táchira y Trujillo.
El hampa también ha jugado un papel importante en este deterioro. Por años las casas de estudio han sufrido el desvalijamiento de las dependencias universitarias por parte de delincuentes y la mirada cómplice de los cuerpos de seguridad, los cuales han hecho poco, escudándose en la imposibilidad de entrar a los recintos para no violar su derecho a la autonomía.
Virgilio Castillo, presidente de la Asociación de Profesores, advierte sobre el grave deterioro de los espacios universitarios. “Gran parte de la infraestructura se encuentra por el piso, producto de la ausencia de recursos para el mantenimiento. A esto se le suma el deterioro por la acción del hampa que ha saqueado gran parte de la universidad y a la inacción de los cuerpos de seguridad que han dejado que la delincuencia acabe con las universidades”, explicó el profesor.
Se han contabilizado unos 40 robos en lo que iba del año, sin que se haya conocido sobre la aprehensión de los responsables de estos delitos. En muchas ocasiones los organismos de seguridad pública ni siquiera abren investigaciones.
Castillo enfatiza que el reinicio de actividades depende de múltiples factores y solicitudes que no han sido resueltas. Por ejemplo, la asignación de un presupuesto que cubra las necesidades de las universidades, salarios dignos para la comunidad universitaria, beneficios de seguridad social para los trabajadores, el mejoramiento de la planta física y otros elementos que permitan impartir clases bajo unos estándares mínimos de calidad.
Salarios miserables
Para el rector de ULA, Mario Bonucci, un llamado a reactivar actividades en este momento es bastante arriesgado. Precisa que las condiciones laborales son precarias, comenzando por los sueldos de miseria que percibe toda la comunidad universitaria.
Puso como ejemplo el salario de un docente en su mayor categoría: un profesor titular tiene un sueldo de 10 dólares. A Bonucci también le preocupa el hecho de que no hay un presupuesto asignado para las universidades, lo que impide la ejecución de hasta lo más básico como es la limpieza adecuada de los espacios. No hay dinero para el idóneo funcionamiento de la universidad.
Maydoli Villegas, representante de la Asociación de Empleados de la Universidad de Los Andes, afirma que la asistencia a las actividades será según lo que obtienen como sueldos y salarios, los cuales no alcanzan para cubrir necesidades básicas como vivienda, alimentación, vestido y transporte.
“Nosotros no tenemos cómo cubrir ni siquiera el trayecto a nuestras dependencias todos los días. En algunos casos, si nos trasladamos toda una semana hasta la universidad, se nos va el salario”, aseguró la representante gremial.
El tema de la atención médica es prioridad para Villegas, quien dice que el ministerio ha establecido un nuevo seguro, el cual no tiene ni siquiera una oficina en Mérida, y sigue con coberturas que son insuficientes hasta para la atención de una simple gripe. Asegura que la reincorporación a las actividades de manera presencial pasa por más que la vacunación del personal.
¿Y los derechos?
Desde 2008 las universidades han sido víctimas de un ahogo presupuestario que les ha impedido desde ejecutar compras hasta la imposibilidad de cancelar los pírricos sueldos de manera directa. Incluso, no cuentan con dinero para pagar servicios básicos y en varias oportunidades le han suspendido el agua.
La situación de violación del derecho a una educación de calidad ha sido preocupación de organizaciones como Todos por la Educación. Su representante en Mérida, Verónica Colina, indica que muchas facultades no cuentan con los servicios públicos necesarios como agua, energía eléctrica y conexión a internet, lo cual es imprescindible para las actividades académicas.
“De presentarse un reinicio de actividades hay que pensar, incluso, que la mayoría de los baños no están operativos. Como estudiantes necesitamos ciertas condiciones para acceder de nuevo a las aulas de clase. Tenemos derecho al agua, derecho a los servicios públicos de calidad”, dice Colina.
La integrante de Todos por la Educación exige que los docentes tengan salarios dignos y que haya transporte, que es una situación presente desde antes de la pandemia y que no se ha resuelto. Al problema de que hay pocas unidades de transporte público, se suma que no hay gasolina.
“La aplicación de la vacuna es insuficiente para realizar un llamado a clases, las condiciones no están dadas. Se necesita no solamente un plan de vacunación para toda la comunidad, sino también un plan de reconstrucción de las universidades”, recalcó Colina.
La situación de deterioro de las universidades nacionales no ha impedido que existan esfuerzos internos por mantenerse activos. La ubicación de las casas de estudios nacionales en los rankings mundiales universitarios es una prueba de esto, pero ¿hasta cuándo podrán hacerse esfuerzos para que las universidades sobrevivan al ahogo gubernamental? ¿Podrán las universidades sobrevivir a la pandemia?.