La Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (Codevida) denunció que el régimen de Nicolás Maduro viola de manera “masiva y sistemática” los derechos humanos de las personas con insuficiencia renal crónica, así lo reseñó el portal MONITOREAMOS.
“Con las entrevistas realizadas se puede afirmar que el Estado ha incumplido sus obligaciones de garantizar un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud, así como de programas y servicios básicos para asegurar condiciones sanitarias adecuadas”, escribió en su página web.
Además, Codevida señaló que “no hay acceso a la información pública sobre estadísticas vitales, epidemiológica y de los servicios sanitarios en el país”.
“Es un secreto de Estado la distribución de medicamentos, insumos y kit médicos en las unidades de diálisis. Las personas que reciben tratamiento no saben con certeza por qué escasean y cuándo se reactivarán los suministros. La centralización del sistema sanitario venezolano ha impedido que existan unidades de diálisis en todas las regiones del país, dejando sin atención a los estados Amazonas y Delta Amacuro, y zonas de difícil acceso en el resto del país”.
En ese sentido, Codevida realizó una serie de exigencias al régimen venezolano.
Eliminar las políticas, normas, programas y servicios que apliquen criterios o decisiones de racionamiento en la distribución de los inmunosupresores, así como los kits de dializadores, los cuales tienen carácter discriminatorio y vulneran la dignidad y los derechos de las personas con enfermedad renal crónica.
Activar de manera inmediata todas las medidas necesarias para permitir la regularización de la entrada al país de los materiales, medicinas e insumos que permitan a todas las personas con condiciones crónicas, sin exclusión alguna, continuar con sus terapias de salud renal, diálisis y trasplante, usando la ayuda internacional ofrecida por otros países y organismos internacionales especializados.
Revocar las medidas de suspensión del programa de procura de órganos para trasplantes de donantes cadáveres y asegurar las medicinas, insumos, materiales y servicios en condiciones seguras y adecuadas para continuar la realización de trasplantes en Venezuela, garantizando el derecho a la vida y a la integridad física y mental de las personas trasplantadas y en espera de trasplantes.
Garantizar plena participación de manera informada a todos los familiares y organizaciones de personas afectadas, gremios y sociedades médicas, personal de los centros de salud, proveedores e instituciones de salud públicas y privadas, en todas las decisiones relativas a los programas y servicios de salud renal, diálisis y trasplantes.
Desistir de conductas de negación, omisión y manipulación sobre el grave abatimiento del sistema sanitario a nivel nacional, lo cual compromete responsabilidades nacionales e internacionales del Estado con el derecho a la salud y la vida de la población venezolana, entre ellas miles de personas con problemas renales crónicos y millones con diabetes e hipertensión arterial por causa de la escasez de medicinas y la inutilización de los servicios y programas sanitarios, incapacitados para prestar una atención mínima adecuada.
Reparar y poner en funcionamiento todas las máquinas de riñón artificial y plantas de osmosis en todos los estados del país, garantizando pago a prestadores y suministro regular de servicios básicos en las unidades de diálisis, y dotación de insumos, materiales y medicamentos, conforme a los estándares nacionales del tratamiento.
Establecer centros de unidades de diálisis en todos los estados, evitando la sobrecarga de ciudades principales y facilitándole a las personas en tratamiento cumplir con su tratamiento médico sin mayores obstáculos.
Establecer un protocolo de mantenimiento de las plantas de ósmosis que se encuentran en las unidades de diálisis para que las personas en tratamiento puedan recibirlo con calidad de agua, evitando infecciones, bacterias y otros efectos adversos a su condición de salud.
Asignar presupuestos públicos suficientes, regulares y de forma transparente para la atención a la salud de las personas con problemas renales, trasplantadas y con otras condiciones de salud crónicas, asegurando remuneraciones adecuadas al personal sanitario que labora en unidades de diálisis para que no renuncien y emigren.
Descentralizar el IVSS, permitiendo que se desconcentren las Farmacias de Alto Costo que entregan los inmunosupresores, evitando así que haya mayor atención a las personas trasplantadas que residen en el centro occidente del país, en detrimento de aquellas personas que viven en las regiones más distantes de la capital.
Dotar con urgencia de insumos y materiales de protección para todo el personal sanitario y el universo de personas en los centros de diálisis y servicios de nefrología de los centros de salud del país para prevenir y reducir los riesgos de transmisión por Covid.19, así como garantizar una vacunación masiva de todas estas personas.