El aumento de los contagios en Margarita preocupa a los galenos. El pasado martes 12 de octubre las estadísticas por COVID-19 en los diez municipios que conforman a la isla, indican 238 nuevos casos, cifra que ubica a la entidad por encima de Miranda, Caracas y La Guaira.
Por Dexcy Guédez / Corresponsalía LaPatilla.com
José Antonio Narváez, presidente del Colegio de Médicos del estado Nueva Esparta, reveló estos datos que han encendido las alarmas, los cuales indican un promedio diario de cuatro fallecidos por COVID-19 en los centros centinelas Hospital Central Dr. Luis Ortega y la Clínica Bolivariana de La Asunción.
Subrayó que esas cifras son alarmantes tomando en cuenta la densidad poblacional que, de acuerdo con el más reciente censo del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), se ubica en cerca de 600 mil habitantes. Precisó que el número de contagios abarcan desde la última semana de septiembre y hasta lo que va del mes de octubre, lapso en el que ha aumentado la mortalidad.
El presidente del gremio médico alertó una vez más sobre el avance de la cadena de contagios y su efecto letal sobre la población margariteña. Expresó que es preocupante que la tercera ola de la pandemia haya puesto al desnudo la precariedad del sistema de salud en la región insular.
Expresó satisfacción por la reciente incorporación de 20 nuevas camas al hospital Manuel Antonio Narváez en La Asunción, pero lamentó que en pocos días haya rebasado la capacidad y llegado al colapso, al igual que el Hospital Central de Porlamar.
Igualmente reveló el incremento del contagio entre el personal de médicos residentes en el hospital, de los cuales al menos una decena se encuentra de reposo por el contagio y las implicaciones del virus. “Esa situación tiene retrasada la atención a los pacientes en los centros centinelas y, por tanto, dispara las estadísticas de la enfermedad sobre la población neoespartana”, apuntó Narváez.
Considerando tal situación, advirtió que debe haber mucha cautela con el llamado a reiniciar clases presenciales, toda vez que el personal docente, administrativo y obrero de los planteles públicos no está vacunado. Tampoco existe claridad en los procesos para inmunizar a los alumnos y reclamó decisiones reales y no experimentales para no arriesgar la vida de los estudiantes.